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Corte Suprema de Argentina ordena cumplir con medidas para resguardar la vida de Milagro Sala

En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina requirió a la justicia de Jujuy que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de la Milagro Sala, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina requirió a la justicia de Jujuy que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de la Milagro Sala, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

A través de una sentencia, la más alta instancia del poder judicial trasandino requirió, además, que en un plazo de cinco días, la justicia provincial –a través del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy– explique las razones por las cuales se incumplió la decisión que dispuso la prisión domiciliaria de Milagro Sala.

El fallo llama a dar cabal cumplimiento con lo decidido por la Corte IDH, que en el marco del proceso de medidas provisionales, el 27 de noviembre de 2017 resolvió que el Estado sustituyera la detención de Milagro Sala por otra medida alternativa menos restrictiva. Ello, tras advertir que ella atravesaba “una grave crisis psicológica” y que se había autolesionado dos veces.

La Corte Suprema entendió que como cabeza del Poder Judicial tiene la obligación de adoptar las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional.

Amnistía Internacional, Andhes y el CELS habían informado a la Corte IDH sobre el incumplimiento por parte del Estado nacional y provincial cuando días atrás, de forma intempestiva y arbitraria, el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos había ordenado el traslado inmediato de Milagro Sala a una cárcel federal en la provincia de Salta, en horas de la madrugada. Esta acción incumple las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia el 5 de diciembre de 2017.

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