Bolivia al bloqueo: Central Obrera anuncia cortes de rutas contra el “decreto maldito” del Gasolinazo

En un ambiente de tensión creciente y tras el colapso de las negociaciones con el gobierno del presidente Rodrigo Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró este lunes un estado de emergencia y anunció el inicio de un bloqueo nacional de carreteras a partir de este martes. La medida, de alcance indefinido, es la respuesta contundente de la principal organización sindical del país al Decreto Presidencial 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles y que la población ha bautizado como el “gasolinazo”.

La decisión no fue tomada a la ligera. Fue precedida por una masiva movilización en La Paz que terminó en represión policial. Fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y balines de goma para dispersar a manifestantes de la COB y sectores campesinos que intentaban llegar a la Plaza Murillo, epicentro del poder político donde se ubican la Casa Grande del Pueblo y el Palacio de Gobierno, con la intención de presentar sus reclamos ante las autoridades.

Ultimátum de la Central Obrera: “Abroguen el decreto maldito”

En una conferencia de prensa el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dejó claro el camino a seguir como parte de las medidas de presión.

“Se va a ingresar a un bloqueo nacional de caminos. Esto para que el Gobierno comprenda que no es el capricho de un sector. Hoy vieron la marcha masiva que encabezó la COB, con todos los sectores. Otros sectores fueron sumándose en el camino, el pedido único al Gobierno es que abrogue este decreto maldito”, declaró Argollo.

Cabe recordar que el controversial decreto contiene 121 artículos y establece, entre sus puntos más polémicos, la eliminación del subsidio a los combustibles, gatillando un incremento inmediato en los precios de la gasolina y el diésel, de 86% y 163%, respectivamente, lo cual ha generado un rechazo transversal en el movimiento sindical, boliviano que acusa al gobierno del presidente Rodrigo Paz de promover una política de «ajuste económico» y de facilitar la entrega de recursos naturales.

El dirigente sindical subrayó que la movilización del día lunes fue solo una muestra de la fuerza social que se opone a la medida gubernamental, y que el bloqueo es el siguiente escalón en una lucha que consideran obligada ante la insistencia del derechista Paz de mantener en pie la medida, pese a su impacto social.

Impacto del “gasolinazo”: Cifras que respaldan el rechazo popular

El Decreto 5503 puso fin a casi veinte años de precios estabilizados y subsidiados para los combustibles, una política aplicada por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). El ajuste ha sido drástico y sus efectos, inmediatos.

Según los datos oficiales, la gasolina especial (que era la de mayor consumo popular) incrementó su valor de 3,74 bolivianos (aproximadamente 0,54 dólares) a 6,96 bolivianos (cerca de 1,00 dólar) por litro, lo que representa un alza del 86%. Sin embargo, el impacto más severo lo sufrió el diésel, combustible esencial para el transporte pesado, la agricultura y la industria: su precio se disparó de 3,72 bolivianos (0,54 dólares) a 9,80 bolivianos (1,42 dólares) por litro, un aumento descomunal del 163%.

Este incremento en los hidrocarburos ha funcionado como un detonante inflacionario en cadena. En cuestión de horas, las tarifas del transporte urbano e interdepartamental registraron alzas, mientras que el costo de transporte de mercancías ya comenzó a reflejarse en los precios de la canasta familiar, afectando de manera directa el poder adquisitivo de las familias bolivianas.

El conflicto ha puesto en evidencia una profunda división en la visión económica del país. Por un lado, el gobierno de Rodrigo Paz defiende el decreto como una medida “urgente y necesaria” para aliviar las finanzas del Estado y sentar las bases para una estabilidad macroeconómica a largo plazo.

Por otro lado, la COB y las organizaciones sociales acusan al gobierno de aplicar una receta de shock que sacrifica el bienestar de la mayoría en favor de intereses financieros. Demandan transparencia total sobre el uso de los recursos que se ahorrarán con la eliminación del subsidio y alertan sobre lo que llaman una agenda privatizadora y de favorecimiento a sectores privados detrás de la medida.

Para los sindicatos, el decreto no es solo económico, sino político, y representa un quiebre con el modelo de protección estatal a los sectores más vulnerables.