Cadáveres sin retirar y brote de tuberculosis: Comisión Interamericana presiona a Ecuador por crisis carcelaria

Un llamado desesperado evidenció la profundidad de la crisis humanitaria que atraviesa el centro carcelario más grande del Ecuador. “Se necesita con urgencia el carro de Medicina Legal para retirar un cadáver”, solicitaron funcionarios de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el pasado 3 de diciembre de 2025. El cuerpo de Luis Fernando B. I., reportado sin vida en la celda 205 del ala 6, había permanecido un día completo en su celda, una práctica que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en un síntoma del colapso del sistema.

Este hecho, aparentemente aislado, es la punta del iceberg de una emergencia sanitaria y de derechos humanos que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano, con el objetivo de frenar lo que organizaciones civiles han calificado como una “masacre carcelaria latente”, donde en 2025 fallecieron alrededor de 600 personas privadas de libertad, principalmente por causas vinculadas a desnutrición crónica, tuberculosis y falta de atención médica.

Cuerpos que esperan, enfermedades que se propagan

Según denunció el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, los cuerpos de internos fallecidos por “causas naturales” o cuyas muertes están “por determinar” –etiquetas que, según ellos, encubren los estragos de la tuberculosis y la inanición– pueden permanecer un día entero dentro de las celdas. Si el deceso ocurre en fin de semana, el retiro puede tardar días.

“Las autoridades no se enteran hasta que se abre el pabellón para entregar la comida. Los cadáveres pueden permanecer días en las celdas. Eso genera nuevos focos de enfermedad”, advirtió Fernando Bastías, miembro del CDH. Esta situación, además de vulnerar la dignidad de los fallecidos y sus familias, agrava exponencialmente las condiciones sanitarias en un centro caracterizado por un hacinamiento extremo –con cerca de 7.500 reclusos en un espacio diseñado para 4.000– y un brote activo de tuberculosis.

“Lo que está ocurriendo en la Penitenciaría del Litoral es una masacre carcelaria latente, perpetrada por el Estado”, sentenció Bastías. La cifra de alrededor de 600 fallecidos en 2025 supera incluso el número de víctimas de las 15 masacres carcelarias ocurridas entre 2021 y 2024, que dejaron al menos 567 personas asesinadas a escala nacional.

“Estamos frente a muertes sistemáticas bajo custodia estatal. Si el Estado genera de forma deliberada condiciones de tortura o desatención que llevan a la muerte, ya no hablamos solo de violaciones a derechos humanos, sino de posibles crímenes de lesa humanidad”, sostuvo el activista.

Doble amparo judicial e internacional

Ante esta situación, la Penitenciaría del Litoral cuenta desde el lunes 5 de enero de 2026 con una doble “protección judicial”. Por un lado, la CIDH, órgano de la OEA, otorgó medidas cautelares al considerar que los internos enfrentan una “situación de gravedad y urgencia” que viola sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Estas medidas se suman a una acción de protección previa, aceptada parcialmente por un juez de Guayaquil el pasado 11 de diciembre.

En su resolución, la CIDH destacó que “el elevado número de muertes, su incremento sostenido y la ausencia de información estatal clara sobre las causas constituyen elementos relevantes para evaluar la seriedad de la situación”.

El organismo ordenó al Estado ecuatoriano garantizar, de manera urgente, acceso a atención médica especializada, tratamientos, alimentos de calidad, agua potable y tomar acciones inmediatas para reducir el hacinamiento.

El obstáculo militar y las mesas técnicas fallidas

Billy Navarrete, presidente del CDH, explicó que en audiencias judiciales previas, el propio personal del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) reconoció el fracaso de una serie de mesas interministeriales técnicas convocadas anteriormente para abordar la crisis.

El principal escollo, según los testimonios recogidos, fue que las decisiones técnicas sugeridas en esos espacios “siempre quedaban supeditadas a la ‘consulta de superiores’, quienes finalmente no autorizaban las medidas”, consignó el portal Primicias.

Además, funcionarios civiles reportaron que la intervención de las Fuerzas Armadas, a raíz del Decreto Ejecutivo 218 de 2024 que declaró las cárceles como zonas de seguridad, restringe sus labores operativas.

“Los militares tienen las llaves y son los que determinan las atenciones médicas”, afirmó Navarrete, explicando que el personal militar desplazó a las funciones civiles, controlando desde traslados hasta la entrega de alimentos y la atención médica, pese a carecer de experticia en gestión penitenciaria y salud.

Una última oportunidad: la Mesa de Emergencia

En medio de este escenario se vislumbra una posible atención de la crisis, con la instalación de una Mesa de Emergencia Penitenciaria, ordenada por el juez de Guayaquil y reforzada por el mandato de la CIDH, que también exigió la creación de una mesa interinstitucional urgente. Su primera reunión se realizó el 31 de diciembre de 2025 y tiene prevista una nueva sesión para mediados de enero.

Esta mesa, integrada por el Ministerio de Salud, SNAI, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, CDH y comités de familiares, opera bajo una premisa distinta. Según los activistas, en esta ocasión “ya no cabe consulta” a superiores, y los funcionarios no pueden negarse a ejecutar lo recomendado por la mesa técnica, so pena de incurrir en incumplimiento de mandatos judiciales e internacionales.

Plazo para el gobierno ecuatoriano

El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa tiene 15 días, contados desde la notificación del 5 de enero, para informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas y sobre si autoriza una visita in situ del organismo internacional para constatar la situación.

Existe el riesgo fe que, si el Estado falla en contener la crisis, el caso escale a la imposición de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un mecanismo de mayor coercitividad.

Mientras tanto, organizaciones como el CDH cuestionan la veracidad de los datos oficiales. Alegan que existe una “minimización y tergiversación” de las cifras, particularmente al negar a la tuberculosis como causa directa de las muertes, cuando los cuerpos esqueléticos de los fallecidos apuntan claramente a causas derivadas de esta enfermedad infecciosa y de la desnutrición crónica.

La comunidad internacional observa ahora si la presión combinada de la justicia nacional y el sistema interamericano logra torcer el rumbo de una tragedia en donde la muerte por negligencia estatal parece haberse institucionalizado, y en la que el retiro oportuno de un cadáver se ha convertido en una situación excepcional.