CELAG: Noboa gobierna Ecuador entre deriva autoritaria y sombra narco

A dos años de haber asumido el poder, la administración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, evidencia una deriva autoritaria que incluye un intento por destruir a sus adversarios, mientras la economía muestra sombras del lavado de activos del narcotráfico, advirtió el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Según el análisis del organismo, el mandatario de derecha «ha renunciado a la estrategia de acumulación política (proponer un proyecto de país) y ahora se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente».

El informe subraya una característica fundamental del actual momento político ecuatoriano: la ausencia de un proyecto político estructurado alrededor de la figura presidencial.

«El noboísmo no existe», sentencia el análisis, aunque reconoce que «la estrategia ‘anti-adversario’, por ahora, le funciona para gobernar».

El documento plantea que las acciones del empresario se despliegan en múltiples frentes, afectando no solo a la oposición política organizada sino también a medios de comunicación, gobiernos locales y organismos de control, en lo que el centro de estudios define como una «deriva autoritaria» que desconoce «principios democráticos mínimos, como la participación electoral, prensa independiente, el respeto a la autonomía de los territorios y la separación de poderes».

Medios de comunicación: entre el cerco económico y la persecución

Uno de los ámbitos donde CELAG identifica con mayor claridad el giro autoritario del gobierno es en el tratamiento hacia la prensa. El análisis distingue dos fenómenos paralelos: por un lado, la cooptación de medios mediante pauta oficial y cambios en sus líneas editoriales; por otro, la persecución abierta a aquellos que mantienen una postura crítica.

«Los grandes medios se mantienen cerca del oficialismo gracias a millones de dólares en pauta oficial», señala el informe, haciendo referencia a la venta del diario El Universo, considerado el rotativo más grande del país.

Según CELAG, el periódico «fue vendido en febrero de 2026 a un inversionista radicado en Florida (EE. UU), y la línea editorial está comenzando a cambiar de manera favorable al Gobierno».

Este movimiento no es aislado, ya que según el análisis «varios portales digitales pequeños han sido adquiridos por actores cercanos al círculo presidencial (Radio La Calle, La Posta, Radio Centro), y comenzado a acompañar acríticamente las medidas gubernamentales».

Frente a esta estrategia de alineamiento mediante incentivos económicos, el gobierno derechista ha aplicado simultáneamente mecanismos de presión contra los medios que resisten la cooptación.

«Los medios que no se alinean con la comunicación oficial enfrentan procesos de persecución e intervención», denuncia CELAG, citando el caso del diario Expreso, que fue intervenido por la Superintendencia de Compañías, como parte de una fase de presiones que inició en 2025, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El informe menciona casos de periodistas como Alondra Santiago o Andersson Boscán, que » han tenido que salir del país por persecución de la Justicia».

Esta combinación de compra de voluntades editoriales, presión administrativa sobre empresas periodísticas y persecución judicial a comunicadores configura, a juicio de CELAG, un panorama de «prensa acorralada o comprada» que erosiona gravemente la libertad de expresión en el país.

Cerco a los gobiernos locales: persecución política y asfixia financiera

El análisis de CELAG identifica una ofensiva sistemática contra las autoridades territoriales, particularmente aquellas que podrían constituir alternativas políticas al gobierno central.

«Los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca enfrentan procesos penales o de control que, por el timing, pueden leerse como intentos de bloquear su reelección o proyección política», sostiene el informe.

Esta lectura se extiende al tratamiento dispensado a la principal fuerza de oposición. «La Revolución Ciudadana está sometida a un proceso de ataque constante que tiene como objetivo final hacerle perder su personería jurídica», advierte el centro de estudios, señalando la intención de inhabilitar legalmente al movimiento político que representa al correísmo.

Paralelamente a la persecución judicial, el gobierno de Noboa habría impulsado medidas administrativas con efectos devastadores para las finanzas de Ecuador. Según el análisis, «una reforma (inconstitucional) al régimen de descentralización recorta más de USD 1.000 millones en transferencias a gobiernos locales (más del 30% de lo que hoy reciben)».

Esta acción tendría un doble propósito: por un lado, «licuar la deuda del Gobierno central con prefecturas, municipios y juntas parroquiales» y, por otro, «debilitar servicios sociales locales (educación, salud, inclusión) que compiten en legitimidad con los del Gobierno nacional».

El informe menciona además un caso específico de intervención gubernamental a Segura EP ,una empresa de seguridad del Municipio de Guayaquil, que administra las cámaras de vigilancia y «que permitió denunciar casos de inseguridad emblemáticos, como la desaparición de los niños de Las Malvinas».

Esta intervención es interpretada por CELAG como un intento de controlar los mecanismos de vigilancia ciudadana que habían permitido visibilizar casos sensibles para el gobierno.

Captura del sistema de justicia

Uno de los aspectos más delicados señalados por el organismo es el proceso de cooptación del sistema judicial por parte del Ejecutivo, que incluye una maniobra política que habría permitido a la administración del empresario quien es hijo de Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de Ecuador, colocar a un funcionario afín al frente del Consejo de la Judicatura, aprovechando la situación de un vocal cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico.

«Antes de que se destituyera al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por sus vínculos con el narcotráfico, el Gobierno inhabilitó a la vocal que debía reemplazarlo y, en su lugar, nombró Damián Larco, un funcionario de Noboa sin trayectoria en el sistema de Justicia», revela el análisis.

«Solo después de asegurada esta designación, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN, de Noboa) permitió que avanzara el juicio político contra Godoy», plantea.

Según el centro de estudios, esta estrategia no es nueva en la gestión de Noboa, sino que ya fue utilizada en 2025, para destituir a su vicepresidenta, Verónica Abad.

En cuanto a los organismos de control autónomos, CELAG identifica una situación de interinidad prolongada que favorece los intereses del derechista,

«La Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguen en funciones prorrogadas (no lanzan nuevos concursos) porque el Gobierno no ha logrado consolidar una transición que le garantice dominar esas instancias», advierte,

El CNE aparece en el análisis como una institución particularmente cuestionada y que «atraviesa una grave crisis de legitimidad», debido a que cerca del 65% de la población «cree que responde a intereses particulares y alrededor del 75% demanda su renovación», según reveló el estudio de opinión Click Report, publicado en febrero pasado.

En cuanto al proceso de selección del nuevo fiscal general, CELAG advierte sobre modificaciones que facilitarían la designación de un candidato afín al gobierno.

«Para el nuevo concurso de fiscal general se eliminó el requisito de que los postulantes no hayan defendido a narcotraficantes, lo que sugiere un diseño del proceso a la medida del candidato del Gobierno», explica.

El análisis menciona también la «remoción de los integrantes del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2025 con el propósito de influir en el concurso de fiscal general y otros órganos de control», completando así un cuadro de intervención sistemática sobre las instituciones que deberían actuar como contrapesos del poder Ejecutivo.

Economía bajo la sombra del lavado de activos

Uno de los aspectos más complejos abordados por el análisis de CELAG es la contradicción que se evidenciaría entre la crisis institucional y social y ciertos indicadores macroeconómicos positivos.

El informe recuerda que para febrero de 2026, la imagen positiva de Daniel Noboa se ubicaba en torno al 38–40% tras dos años de gobierno marcados por escándalos de corrupción, crisis energética, sanitaria y de seguridad, así como por un deterioro institucional y la manipulación de reglas democráticas, para

Según explica el centro de estudios, este nivel de aprobación, relativamente alto dadas las circunstancias, puede ser explicado por la influencia del anticorreísmo -no necesariamente noboísta-, que se ha mantenido en alrededor del 25% en los últimos años,

Sin embargo, señala que si se descuenta ese núcleo duro anticorreísta, «Noboa preserva de forma autónoma cerca de un 15% de respaldo».

Pero el informe reconoce que existe un factor adicional que contribuye a sostener la popularidad presidencial, basado en «un novedoso dinamismo económico».

«En términos históricos, la economía ecuatoriana dependió de la inversión pública, pero hoy ese motor está prácticamente apagado. Paradójicamente, el PIB crece, la construcción de vivienda se expande pese a salarios estancados y a un mercado secundario deprimido; proliferan vehículos de alta gama y espacios de consumo de lujo; las reservas internacionales alcanzan máximos históricos (más de USD 11.000 millones) y las ventas registradas ante el SRI muestran crecimientos superiores al 8–10% anual», así describe el CELAG al escenario productivo de Ecuador.

Ante la pregunta que plantea cómo es posible este dinamismo económico en un contexto de inversión pública paralizada y crisis social. La respuesta que ofrece CELAG es contundente: «Detrás de esa aparente ‘bonanza macroeconómica’ en materia de crecimiento hay un nuevo motor de reemplazo a la inversión pública, y es el lavado de activos asociado a la economía criminal».

El informe aporta un dato geopolítico de enorme peso para sustentar esta tesis y señala que «más del 80% de la droga que llega a Europa pasa por los puertos ecuatorianos». E

sta posición del país como plataforma de tránsito para el narcotráfico hacia el mercado europeo generaría flujos financieros ilícitos de tal magnitud que estarían distorsionando la economía real.

El análisis de CELAG profundiza en cómo los recursos del narcotráfico se insertan en el tejido económico ecuatoriano, generando efectos contradictorios. Por un lado, estos flujos ilícitos contribuyen a sostener indicadores macroeconómicos positivos; por otro, profundizan la dependencia de la economía legal respecto de actividades criminales.

«Así, los circuitos monetarios de una economía sumergida, alimentada por recursos ilícitos, sostienen una frágil estabilidad macroeconómica», señala el informe. Pero el fenómeno tiene ramificaciones más complejas: «de manera indirecta, también mantienen a flote a parte de los negocios populares, sin que estos participen necesariamente de la economía ilegal».

Esta observación es crucial para entender cómo el narcotráfico puede generar cierta aceptación social incluso entre sectores que no participan directamente de actividades ilícitas: el dinero lavado dinamiza el consumo y la actividad económica en general, creando una dependencia estructural difícil de romper.

Según el análisis de CELAG, «en los estratos altos, esta economía ilícita se articula con el modelo agroexportador: el narco lava recursos junto a las élites empresariales e introduce armamento a través de empresas de fachada vinculadas a la seguridad».

El dinero del narcotráfico contribuye a la legitimidad política

Esta simbiosis entre capital ilegal y sectores empresariales legales sería uno de los factores que explican tanto la permeabilidad del Estado al crimen organizado como la tolerancia de ciertas élites hacia administraciones que permiten o facilitan estas operaciones.

El análisis concluye con una observación que vincula directamente la economía ilegal con la gestión de Daniel Noboa

«El dinero del narcotráfico y otras economías criminales inundan el torrente económico y actúan como un multiplicador que atenúa el abandono de los servicios públicos y una aguda crisis social. Todo esto contribuye, parcialmente, a la legitimidad política del Gobierno», advierte.