Congreso de Honduras intenta frenar fraude electoral y ordena al CNE conteo total de las actas

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en la madrugada de este viernes una resolución histórica que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio general de todas las 19.167 actas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en un intento por brindar transparencia al proceso e intentar frenar el fraude que ha sido denunciado por sectores políticos, analistas, organizaciones e incluso por uno de sus propios consejeros, Marlon Ochoa.

La decisión, tomada en una sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo y que inició el jueves por la tarde y culminó pasada la medianoche, fue aprobada por 68 diputados, la mayoría del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), mientras que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, principales organizaciones políticas de derecha que ya reconocieron los resultados proclamados por el CNE el 30 de diciembre-en medio de múltiples denuncias de irregularidades, se abstuvieron de asistir al pleno.

Conteo total y traslado al Ministerio Público

La resolución legislativa ordena al CNE realizar el escrutinio general de todas las actas pendientes de los comicios y remitir los resultados al Legislativo para la declaratoria oficial.

Segundo, instruye presentar ante el Ministerio Público «el detalle de las responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas».

El dictamen fue remitido a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), encargada de producir una gran parte del material impreso oficial para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, momento en que adquirirá fuerza de ley.

El corazón jurídico de la medida es un Informe Técnico-Jurídico presentado durante la sesión por una comisión especial del legislativo. El documento sostiene que el proceso electoral sigue inconcluso porque miles de actas no fueron contabilizadas en la declaratoria del CNE.

El reportes obre los presuntos incumplimientos del órgano electoral antes, durante y después de la cuestionada contienda, desglosa que a nivel presidencial se registran 306 actas no escrutadas (1.6% del total); en lo que refiere a diputaciones existen 2.620 actas no escrutadas (13.21%), y en materia de corporaciones municipales se han detectado 1.848 actas no escrutadas (9.65%).

«El eje jurídico del presente informe es precisamente ese, que el escrutinio no ha concluido», subrayó el diputado de Libre, Ramón Barrios, quien fue el encardado de presentar el análisis.

Indicó que las declaratorias emitidas por el ente electoral en todos los niveles electivos carecen de base jurídica, al no estar respaldadas por un escrutinio completo.

No obstante, dejó en claro que en este caso y ante las irregularidades detectada el «rol de este Congreso se activa como una función constitucional, orientada exclusivamente a concluir el escrutinio pendiente». «No se trata de sustituir políticamente al órgano electoral», apuntó en declaraciones recogidas por Prensa Latina.

Llamado a «abrir las urnas» y críticas a la injerencia de Trump en Honduras

Durante el debate, el presidente del Congreso, Luis Redondo, desmintió que la intención sea anular los comicios, pese al torrente de denuncias por fraude, inconsistencias y presunta manipulación.

“Nosotros no estamos anulando las elecciones, simplemente estamos pidiendo que se abran las 19 mil 167 juntas receptoras de votos para conocer la voluntad popular, ¿a qué le tienen miedo?”, preguntó, en clara alusión a los representantes de los partidos Nacional y Liberal.

Redondo también cargó contra lo que consideró una injerencia externa por parte del presidente estadounidense Donald Trump para favorecer al derechista Nasry «Tito» Asfura, quien fue proclamado como presidente electo, en medio de denuncias de fraude.

“Pueblo hondureño, no podemos permitir el robo de las elecciones por medio de un monumental fraude electoral en que se violentó el derecho del libre sufragio, injerencia extranjera (de Trump) y corrupción del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”, sentenció.

Su declaración hace referencia a los pronunciamientos públicos a favor de Asfura por parte del inquilino de la Casa Blanca, antes, durante y después de los comicios.

El informe jurídico condenó esas declaraciones como «un intento de condicionamiento al electorado».

El reporte también detallo «múltiples anomalías» en el TREP y en el uso del dispositivo biométrico, infracciones que, a juicio de la comisión, comprometieron gravemente la transparencia del proceso.

Lanzamiento de artefacto explosivo: ¿Boicot a sesión del Congreso?

La sesión se desarrolló en un clima de tensión, luego de que la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, resultara herida por el lanzamiento de un artefacto explosivo mientras su bancada brindaba declaraciones a la prensa.

La parlamentaria resultó con lesiones en la cabeza y la espalda y fue trasladada de urgencia a un centro médico privado y según los reportes se encuentra fuera de peligro y bajo observación.

Tras el incidente han surgido algunas hipótesis en las que plantea que podría haber sido parte de un boicot orquestado para que el Congreso no sesionara y aprobara la resolución o una ataque llevada a cabo manifestantes que se habrían apostado en las inmediaciones del parlamento, cuya acción se encuentra en investigación.

Mientras tanto, Honduras enfrenta un escenario de incertidumbre política y legal prolongada. Con una orden parlamentaria de recontar voto por voto las 19.167 actas, denuncias de fraude e injerencia internacional el país centroamericano se adentra en una crisis. El escrutinio general podría ser el camino para esclarecer la voluntad popular y despejar cualquier sombra.