Congreso Nacional de Honduras denuncia fraude electoral

La Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras denunció el miércoles la existencia de un fraude y «golpe electoral en curso», afirmando que acciones coordinadas han dañado gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del reciente proceso celebrado el pasado 30 de noviembre.

El órgano legislativo, a través de un comunicado oficial, desglosó una serie de irregularidades que, a su juicio, invalidan los comicios. La denuncia abarca desde presiones externas e internas hasta fallas técnicas y reformas administrativas que habrían facilitado la manipulación de actas.

“Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso materializado mediante acciones coordinadas, que afectaron gravemente la integridad, transparencia, y el cumplimiento de las acciones constitucionales y mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la legitimidad del proceso electoral”, indicaron en el texto.

Condena a la injerencia de Donald Trump en elecciones de Honduras

Uno de los puntos más destacados de la denuncia es la condena absoluta a lo que califican como injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con base en las publicaciones que compartió en su cuenta de X a 72 horas de las elecciones en las que amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que no colaboraría con Honduras en caso de que la candidata presidencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, resultara electa, por lo que condicionó su apoyo económico a una victoria de la oligarquía y su candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

Asimismo, anunció que otorgaría un indulto al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

«Las publicaciones emitidas (26 y 28 de noviembre) constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos. Así como también ofrecer un indulto político a un narcotraficante condenado como moneda de cambio electoral, esto representa un acto de coacción sin precedentes contra la soberanía de un país en el mundo», indicó la comisión.

Presiones del crimen organizado y sistema de transmisión fallido

El tercer punto de la Comisión Permanente señala que el Congreso Nacional no validará el proceso electoral que aún está en desarrollo y que se ha visto empañado por presiones del «crimen organizado»

«El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13, 18 entre otras», indicaron en el texto.

Además, la instancia parlamentaria denunció fallas graves en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo funcionamiento irregular coincidió con audios presentados como pruebas en denuncias bajo investigación en el Ministerio Público.

Cuestionamiento al sistema biométrico

La acusación más técnica se centra en la modificación del sistema de verificación biométrica. Los parlamentarios integrantes de la Comisión señalaron directamente a dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) por aprobar reformas que eliminaron la obligatoriedad de este control.

«Las Consejeras Ana Paola Hall García y Cossette López Osorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), por mayoría de votos (en la Certificación 2826-2025 del CNE), aprobaron reformar la obligatoriedad y los efectos de las reglas de validación del uso y/o verificación biométrica», plantearon.

«Al eliminar el uso del biométrico en las Juntas Receptoras de Votos, contaminaron las actas y con ello el TREP, produciendo fraude en las elecciones al permitir que los partidos políticos puedan manipular e inflar las actas y votos. Razón por la que el proceso perdió toda credibilidad, tornándose nulo de pleno derecho y fraudulento», subrayaron.

Advirtieron que estas irregularidades no solo representan un delito electoral, sino que también constituye una usurpación o suplantación del Congreso Nacional, «ya que este Poder del Estado es el único que tiene la facultad de crear, reformar, e interpretar las leyes de Honduras, entre ellas la Ley Electoral», recordaron los legisladores en el texto.

Llamado a la comunidad internacional

Derivado de este conjunto de irregularidades, la Comisión Permanente adoptó una postura firme sobre la falta de validez de los comicios.

«Afirmamos que un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas en tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica», señaló la instancia.

Finalmente, hizo un llamado a las misiones de observación electoral «que incluyan en sus informes finales un análisis detallado de los hechos ocurridos, especialmente las amenazas externas e internas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que afectaron la verificación biométrica del voto».

La Comisión reafirmó su compromiso de «defender la Constitución, la soberanía y la voluntad democrática del pueblo hondureño frente a cualquier intento de manipulación o intervención externa».

Esta denuncia formal del Poder Legislativo introduce un nivel de crisis institucional sin precedentes en el actual proceso electoral, colocando una enorme sombra de duda sobre la legitimidad de los resultados y desafiando tanto a las autoridades electorales nacionales como a la comunidad internacional a pronunciarse sobre los graves señalamientos expuestos.