El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que en Ecuador se evidencia un patrón de utilización de diversos órganos del aparato de Estado para controlar, perseguir, silenciar, encarcelar, callar, a periodistas cuya opinión resulta incómoda a los actuales funcionarios; a dirigentes sociales que se oponen a programas que afectan a sus comunidades, y a quienes ejercen la oposición política al gobierno de Daniel Noboa.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador encendió las alarmas sobre lo que califica como un preocupante retroceso democrático y denunció un patrón sistemático de utilización de las instituciones del Estado para perseguir, silenciar y criminalizar a periodistas críticos, dirigentes sociales y figuras de la oposición política, en un contexto de creciente militarización y vulneración de derechos constitucionales.
A través de un comunicado el CDH expone una realidad que, según su análisis, desnaturaliza la convivencia democrática en la nación sudamericana. La organización, con una larga trayectoria en la defensa de las garantías fundamentales, señala directamente al aparato estatal como herramienta de coacción política.
«El CDH expresa su preocupación por los crecientes indicios de autoritarismo gubernamental que se vive en el Ecuador, y alerta a la comunidad nacional e internacional, por una serie de hechos que desnaturalizan la convivencia democrática en nuestra sociedad, y coartan el derecho constitucional a criticar las acciones del gobierno y a ejercer la oposición democrática a sus políticas», indica el texto.
La denuncia central del Comité es la evidencia de un modus operandi recurrente. basado en la «utilización de diversos órganos del aparato de Estado ecuatoriano que operan al servicio del Ejecutivo, para controlar, perseguir, silenciar, encarcelar, callar, a periodistas cuya opinión resulta incómoda a los actuales funcionarios; a dirigentes sociales que democráticamente se oponen a programas que afectan a sus comunidades, neutralizar a las personas que ejercen la oposición política al gobierno en el país».
Embestida del Estado contra la libertad de prensa
Uno de los ejes del pronunciamiento se centra en los ataques a medios de comunicación y periodistas. El CDH hace referencia al caso del diario Expreso, uno de los periódicos más influyentes de la costa ecuatoriana. Según el comunicado, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa a la línea crítica del medio no se hizo esperar a través de mecanismos administrativos y fiscales.
«Frente a la línea editorial crítica de diario Expreso, el régimen respondió con un proceso administrativo en el SRI», acusó.
Este señalamiento cobra mayor dimensión a la luz de hechos recientes, ya que la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios Expreso y Extra, ha denunciado públicamente lo que considera un intento del gobierno de Daniel Noboa por doblegar su línea editorial. El pasado l 1 de enero de 2026, la compañía detalló una serie de acciones que incluyen una investigación del Servicio de Rentas Internas (SRI) por el ejercicio fiscal 2023, una investigación previa de la Fiscalía por un presunto delito de lavado de activos que califican de «inexistente», y una inspección de la Superintendencia de Compañías para revisar libros de acciones, en un aparente intento por revertir una transferencia accionaria .
A esto se suma la alerta planteada por el Comité en su comunicado sobre la reacción de las Fuerzas Armadas ante reportajes que examinaban la compra de un radar.
«Frente a una serie de reportajes que examinaban la compra de un radar de las Fuerzas Armadas, estas respondieron con una disposición de censura oficial de establecer a qué medios pueden acreditar para recibir información oficial y a realizar una preocupante lista de periodistas y medios que no son del agrado del Ministro de Defensa y de los Comandantes de las Fuerzas Armadas», indicó el organismo,
Esta denuncia ha sido respaldada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que emitió un pronunciamiento el 11 de febrero alertando sobre un nuevo «sistema de control» y «censura previa» en Ecuador. La SIP citó reportes que indican que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habría ordenado evaluar a los periodistas para cualquier cobertura, disponiendo que se «evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria» y clasificando a las publicaciones como «afines, neutrales o críticas» .
Casos emblemáticos de persecución
El comunicado del CDH detalla una serie de casos individuales que ilustran este patrón de hostigamiento. Entre ellos destaca el de la comunicadora y activista política Gabriela Panchana. Según la denuncia, «al realizar duras críticas al cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se le abrió una investigación por defraudación tributaria, en accionar coordinador del SRI y la Fiscalía».
La lista se extiende a otras mujeres defensoras de derechos. El documento menciona los casos de «Catrina Cala y el de la presidenta de la Fundación La Integridad, Mónica Silva Koniuszek, quien ha denunciado graves irregularidades de autoridades en la provincia de Santa Elena».
La dirigencia social y política tampoco escapa a este cerco. El CDH señala que «el ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y ex candidato presidencial, Leónidas Iza Salazar, «también es objeto de varias investigaciones en la Fiscalía, así como denunció ser objeto de vigilancia por agentes policiales encubiertos».
Además, en un contexto de conflictividad social, la organización advierte que «en acciones opacas, se han bloqueado los fondos y cuentas bancarias de decenas de activistas vinculados a organizaciones sociales partícipes del anterior paro nacional».
El órgano electoral también es señalado como parte de esta estrategia. «Por parte del Consejo Nacional Electoral ha abierto procesos en contra del colectivo ambientalista ‘Yasunidos’ y ha iniciado otros que pueden llegar hasta la eliminación del registro electoral de partidos de oposición y la supresión de derechos políticos, incluida la ex candidata presidencial, Luisa González».
Causa penal contra el alcalde de Guayaquil
El comunicado del CDH pone un énfasis particular en el caso más reciente, que consideran una muestra del nivel de coerción alcanzado. Se trata del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, una de las figuras políticas más relevantes del país y opositor al gobierno de Noboa
«El caso más reciente es la nueva causa penal abierta por la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez», reza el texto. La organización no solo cuestiona la existencia de la causa, sino la forma desproporcionada en que se ejecutó la notificación
«Resulta preocupante la forma en que se ejecutó su notificación: mediante un operativo policial de allanamiento en su domicilio, en horas de la madrugada», condenó el Comité, al tiempo que subrayó la falta de necesidad de una medida tan extrema.
«Este procedimiento luce desproporcionado considerando que el alcalde ya mantenía abierto otro proceso penal y comparecía de manera regular ante la propia Fiscalía». indicó.
Sin embargo lo que eleva el nivel de preocupación, es la imposición de la medida cautelar más gravosa.
«A ello se suma la disposición de prisión preventiva, en un contexto penitenciario nacional ampliamente reconocido por la presencia y control de grupos de delincuencia organizada (GDO), lo que incrementa los riesgos contra su integridad y su vida», señaló el CDH.
Militarización, detenciones y desapariciones
El pronunciamiento no se limita a los casos de persecución política y mediática, sino que los enmarca en una política de Estado que considera peligrosa: «Un contexto de creciente militarización de la sociedad, adoptada por el gobierno como respuesta frente a la violencia generada por los grupos de delincuencia organizada, violencia que, lejos de reducirse, persiste».
El CDH advierte que esta estrategia de seguridad «ha derivado en graves denuncias: hasta el momento se registran al menos 44 personas detenidas y posteriormente desaparecidas tras operativos realizados por uniformados de las Fuerzas Armadas, entre ellas niños, adolescentes y mujeres».
Vulneración a la Constitución de Ecuador
Finalmente, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos extendió un llamado a la reflexión y a la acción, recordando el mandato constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas.
«El CDH expresa su preocupación por esta serie de hechos que se constituyen en una vulneración del carácter democrático que garantiza nuestra Constitución, ratificada en la reciente Consulta Popular», concluye el comunicado, sentenciando que «la administración de justicia debe estar libre de injerencias políticas y el aparato de Estado no puede seguir siendo funcional a finalidades de persecución política».
La denuncia del CDH se suma a las voces de gremios de prensa y organizaciones internacionales que observan con creciente inquietud el rumbo del país, en un escenario donde los límites entre la seguridad y el autoritarismo parecen difuminarse peligrosamente.
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