Dos declaraciones juradas presentadas ante jueces de la Corte en el estado de Florida, Estados Unidos, han generado nuevas alertas internacionales sobre el manejo de la justicia en Ecuador. Los testimonios —emitidos por Marcelo Lasso Saavedra, el 17 de noviembre de 2025, y por Priscila Naranjo Semanate, el 6 de noviembre del mismo año— describen patrones coincidentes de fabricación de pruebas, manipulación de procesos y presiones a testigos en casos judiciales de alto impacto nacional.
Ambos relatos incluyen señalamientos directos sobre el rol de la entonces fiscal general y actual embajadora en Argentina, Diana Salazar, a quien atribuyen la conducción de operaciones orientadas a construir versiones que impliquen a objetivos políticos en los casos denominados: Metástasis y Villavicencio.
Testimonio de Marcelo Lasso Saavedra
En su declaración jurada, Lasso Saavedra afirmó que —mientras se encontraba en prisión en Ecuador— fue contactado por funcionarios de la Fiscalía General para emitir testimonio falso en dos investigaciones: el asesinato de Leandro Norero y el homicidio de Fernando Villavicencio. Entre las personas que mencionó como coordinadoras del proceso se encuentran Diana Salazar, Ana Hidalgo y Wilson Toainga, todos funcionarios o ex funcionarios de la Fiscalía.
Lasso declaró que recibió pagos en efectivo (8 mil dólares) y la reducción anticipada de una sentencia de 12 años como parte de dicho acuerdo. Según su relato, los testimonios fabricados buscaban involucrar a figuras políticas y empresariales, entre ellas Rafael Correa, Jorge Glas, José Serrano y Xavier Jordán.
El declarante aseguró haber sido “entrenado” durante varios días sobre la narrativa que debía sostener y, durante las sesiones ante fiscales, haber recibido indicaciones en tiempo real mediante notas y señales.
Priscila Naranjo rindió versión
En su declaración jurada en Coral Gables (Florida), Naranjo relató conversaciones y mensajes con su expareja José Andrés Marcillo, excolaborador del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y posteriormente testigo protegido de la Fiscalía General.
Según Naranjo, Marcillo le confesó que participó en la entrega de información fabricada para vincular a Xavier Jordán con organizaciones criminales y con el asesinato de Fernando Villavicencio, por pedido de la Fiscalía. La declarante sostuvo que Marcillo le indicó que la institución “necesitaba un nombre grande” para sustentar el caso ante organismos internacionales y la opinión pública.
La testigo afirmó que, pese a tensiones públicas entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, ambos organismos operaban de forma coordinada para direccionar procesos, alterar sorteos judiciales y utilizar testigos protegidos sin verificación independiente. Entre los nombres mencionados, además de Salazar, aparecen Wilman Terán, Alex Palacios, Daniel Salcedo y el abogado de este último, Renato Montero.
Naranjo asegura conservar registros de conversaciones y mensajes que respaldan sus afirmaciones.
Coincidencias entre ambos testimonios
Aunque emitidos por personas sin relación entre sí, los dos relatos presentados en Florida muestran elementos comunes, tales como:
- Presiones a detenidos o procesados para declarar en una dirección específica.
- Fabricación de información o instrucción directa para construir narrativas judiciales.
- Coordinación entre funcionarios judiciales para direccionar causas.
- Involucramiento de la Fiscalía General en la articulación de esas acciones.
- Motivaciones de carácter político en la selección de personas imputadas.
Ambas declaraciones ubican de forma reiterada a Diana Salazar como figura central en estas operaciones, tanto en la coordinación de testimonios como en la estrategia institucional detrás de los casos mencionados.
Reacción y contexto
Hasta el momento, no se han emitido comentarios oficiales desde el Gobierno de Ecuador, la Embajada en Argentina o la Fiscalía General sobre las declaraciones presentadas en Florida. El país atraviesa un periodo de fuerte tensión institucional, con acusaciones cruzadas entre poderes del Estado y múltiples procesos judiciales de alto perfil.
El surgimiento de estos testimonios en jurisdicción estadounidense añade un nuevo componente internacional que abre la puerta a solicitudes de verificación, investigaciones externas o pronunciamientos de organismos multilaterales sobre la situación del sistema judicial ecuatoriano
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