El proyecto de ley de minería presentado por el mandatario derechita ha provocado una respuesta por parte del movimiento indígena, que alerta de un grave debilitamiento de las garantías ambientales y de los derechos colectivos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó su rechazo al proyecto de ley urgente sobre minería, presentado la semana pasada por el gobierno de Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional, alertando que la iniciativa favorece un modelo extractivista y pone en riesgo los derechos colectivos, los territorios ancestrales y las fuentes de agua esenciales para la vida
Durante la jornada del martes, la Comisión de Desarrollo Económico del órgano legislativo comenzó la discusión de la propuesta con la urgencia en materia económica con la que fue remitida.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales las y los integrantes de la confederación indicó que la propuesta del Gobierno prioriza la agilización de inversiones extractivas sin garantizar una consulta previa, libre e informada, que es un derecho recogido en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales de derechos humanos.
Además, advirtieron que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reduce la consulta a un mero trámite formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo.
“Normas de esta naturaleza vulneran el marco constitucional y profundizan conflictividad social en los territorios”, criticaron en el texto.
Impacto en el medio ambiente: Daños irreversibles en boques , páramos y ríos
La organización indígena criticó la flexibilización de controles ambientales, en especial en el uso del agua, y señaló que este tipo de medidas debilitan la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles que afectan a ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos. Estos ecosistemas son fundamentales para la soberanía hídrica y alimentaria del país.
«En un contexto de crisis climática, el agua deber ser protegida como bien esencial para la vida y la agricultura campesina y no subordinaba a la lógica extractivista», argumentó.
Según la Conaie, la ley impulsada por Noboa refuerza un modelo económico dependiente de la extracción de recursos que ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial. Esto, además, podría incrementar la conflictividad social en las zonas afectadas por actividades mineras.
“La experiencia histórica del Ecuador demuestra que este camino ha profundizado la desigualdad, la criminalización de la defensa territorial y los impactos sociales y ambientales, sin resolver los problemas estructurales del desarrollo”, señaló.
Nueva ley flexibiliza controles ambientales y pone en riesgo los territorios y el agua
En este marco, la Confederación hizo un llamado a la unidad de los pueblos y las nacionalidades indígenas y exhortó a los integrantes de la bancada de Pachakutik a rechazar este proyecto e impulsar un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y una verdadera justicia social y ambiental.
“Alertamos al país frente al proyecto de fortalecimiento minero y energético impulsado por el Gobierno, que debilita la consulta previa, flexibiliza controles ambientales y pone en riesgo los territorios y el agua. Llamamos a la unidad en defensa de la vida”, expresó la Conaie en su cuenta oficial en X.
El proyecto fue remitido por la administración de Noboa a la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero de 2026m bajo el argumento de fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal.
La propuesta de la normativa fue calificada de urgencia en materia económica por lo que el Parlamento deberá tramitarla en menos de un mes, tal y como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De hecho, este martes la Comisión de Desarrollo Económico, que tiene mayoría oficialista, sesionó para iniciar la discusión del proyecto.
