“Golpe electoral consumado” y “usurpación de la soberanía popular” en Honduras: CNE en la mira por declaratoria sin recuento total y con denuncias de fraude

En un acto calificado por sectores políticos, analista, e incluso por uno de sus propios consejeros como un «golpe electoral consumado» y una «usurpación de la soberanía popular», el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras oficializó anoche los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin haber concluido el recuento total de votos para diputaciones y alcaldías, y en medio de un torrente de denuncias por fraude, inconsistencias, presunta manipulación e injerencia internacional.

La declaratoria, emitida a escasas horas del vencimiento del plazo constitucional fijado para la medianoche del 30 de diciembre, se produjo en una sesión transmitida vía Zoom –sin cadena nacional– y avalada por las consejeras Ana Paola Hall (presidenta, Partido Liberal) y Cossette López (fiscal, Partido Nacional), junto al consejero suplente Carlos Cardona. Sin embargo, estuvo ausente estuvo el consejero propietario Marlon Ochoa, quien denunció no haber sido convocado.

Las funcionarias electorales justificaron la medida, argumentando la imperiosa necesidad de cumplir con el mandato constitucional y evitar lo que llamaron «daños graves e irreparables» al país, aduciendo que la interrupción de las Juntas Especiales de Recuento (JERV) había dejado inconclusos los escrutinios especiales por razones materiales.

Señalaron que actuaron en condiciones de libertad y sin coacción alguna, insistiendo en que las múltiples fallas del proceso no se debieron a dolo ni negligencia institucional.

Justificaron el hecho de que los resultados no serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta, argumentando que el contexto no ofrece “condiciones adecuadas”, consignó el medio digital Criterio.hn.

Según López la omisión en La Gaceta “no afecta la legalidad del acto”, debido a que los resultados “son públicos y verificables”.

Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con la postura del consejero excluido, Marlon Ochoa. En una solicitud enviada la mañana del mismo martes a Hall y López, Ochoa advirtió sobre la imposibilidad de una declaratoria legítima. y solicitó una ampliación excepcional del plazo para anunciar los resultados electorales concernientes a diputados y corporaciones municipales.

Planteó que no puede haber declaratoria sin contar todas las actas y subrayó que aún existía un volumen significativo pendiente de escrutinio. Aseguró que una decisión apresurada seguiría dañando la legitimidad del proceso y que no avalaría una declaratoria que, en sus palabras, consagre un fraude por omisión del conteo total de votos.

En concreto, el consejero enunció un nuevo intento de «usurpación de la voluntad popular» por parte del bipartidismo tradicional.

Ochoa, que representa al oficialista Partido Libre en el CNE, indicó a periodistas que «no puede haber declaratoria el día de hoy (…), yo no prestaré ni alquilaré ni venderé mi firma que le pertenece al pueblo para validar y justificar una nueva usurpación de la voluntad popular».

Enfatizó que los resultados que emita el órgano electoral sin procesar la totalidad de las actas y resolver las impugnaciones «es nula y carece de toda validez legal».

Ochoa fue más lejos en sus acusaciones, señalando a las consejeras y a Cardona de actuar con «complicidad criminal», al replicar en los niveles legislativo y municipal el mismo patrón utilizado en la declaratoria presidencial del 23 de diciembre, donde –según él– quedaron 306 actas sin procesar.

«No existe un solo nivel electivo que hoy pueda declararse», sentenció, comparando el hecho con el fraude electoral de 2017 y asegurando que este nivel de «usurpación de la voluntad popular» ni siquiera se vio en la época de David Matamoros Batson ,exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE, ahora CNE), cuando se impuso Juan Orlando Hernández en el poder, bajo serias acusaciones de fraude.

Resultados oficializados entre la sombra de irregularidades

Pese a las advertencias, el CNE procedió a declarar los resultados. En el Congreso Nacional, el Partido Nacional obtendría 49 diputados; el Liberal, 41; Libre, 35; el PINU, 2; y la Democracia Cristiana, 1. En las corporaciones municipales, el Partido Nacional se alzaría con 151 alcaldías; el Liberal con 76; Libre con 69; el PINU con 1; y una candidatura independiente con 1 municipio, reforzando el dominio del bipartidismo tradicional a nivel local.

En un hecho sin precedentes que incrementa la opacidad, las consejeras anunciaron que estos resultados no serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta, arguyendo que el contexto no ofrece «condiciones adecuadas». En su lugar, se difundirán en el sitio web del CNE y en diarios impresos. Cossette López defendió esta omisión asegurando que «no afecta la legalidad del acto», pues los resultados «son públicos y verificables».

Esta metodología es similar a la aplicada a la cuestionada declaratoria presidencial emitida el pasado 23 de diciembre.

El organismo reconoció la existencia de 430 actas con inconsistencias y 66 impugnaciones en alcaldías, además de tres en diputaciones, las cuales quedan en manos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), un órgano que arriba a esta etapa con una grave crisis interna y procesos legales en su contra.

Llamado a la Lucha ante el «golpe consumado»

La reacción de la oposición y la sociedad civil no se hizo esperar. La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, fue contundente en sus redes sociales: «Consumado en el @CneHonduras el golpe electoral. La usurpación de la soberanía popular es un agravio histórico contra el Pueblo hondureño».

En un mensaje publicado en su cuenta en X Moncada denució que los resultados fueron oficializados sinb concluir el conteo total de las actas y los votos, lo que supone una violación a la COnstitución Hondura y además ratificó su acusación de injerencia por parte del presidente estadounidense Donald Trump para favorecer al derechista Nasry «Tito» Asfura.

«Sin contar todas las actas y los votos de los electores, violando la Constitución de la República y la Ley Electoral, en un acto de asociación golpista sin precedentes, desde Washington @realDonaldTrump ha mancillado el orden democrático de nuestro país en coautoría con el Partido Nacional, las maras y el crimen organizado», afirmó.

Ante este escenario, Moncada extendió un llamado a la movilización, anunciando una nueva etapa de «lucha popular en defensa de la verdad y los valores democráticos».

«Hago un llamado a no dejarnos avasallar por los asaltantes del poder que cargan un expediente de fraude que los marcará para siempre», enfatizó, al tiempo que planteó que «la traición es repugnante pero la traición a la Patria es además detestable».

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, tildó la declaratoria de «acto fallido» y declaró que no reconocerá a Asfura como presidente.

Fiscalía investigará y analistas califican el proceso electoral como el «más sucio»

En un giro significativo, el fiscal general Johel Zelaya anunció, tras la declaratoria, que el Ministerio Público iniciará acciones judiciales para investigar las anomalías del proceso, después de haberse mantenido al margen durante el desarrollo del mismo. Advirtió que ningún acto contra la soberanía popular quedará impune.

Analistas políticos han descrito estas elecciones como «las más sucias», destacando las acusaciones de manipulación, las miles de actas con inconsistencias y la inusual injerencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien días antes de los comicios pidió el voto por Nasry Asfura prometiendo ayuda y la liberación de Juan Orlando Hernández –hecho que se concretó un día después de la votación–, elementos que ensombrecieron los comicios, destacó Criterio.hn.

Con esta declaratoria, el CNE pone en duda la legitimidad del proceso electoral empeñado por la combinación de un recuento incompleto, la negativa a publicar en el medio oficial, las graves acusaciones internas y la furibunda reacción de la oposición configuran un escenario de profunda crisis postelectoral, donde la desconfianza ciudadana y el debate sobre el respeto a la soberanía popular marcarán el inicio del próximo ciclo de gobierno en Honduras. La batalla, ahora, se traslada a las calles y a los tribunales.