A medio siglo del golpe de Estado que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, y en un contexto de embates oficiales contra las políticas de memoria, verdad y justicia, la sociedad refuerza su conciencia colectiva y hace frente a la ofensiva negacionista. Una reciente encuesta del observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que, pese a los intentos del presidente Javier Milei por resucitar teorías que equiparan la violencia estatal con la de grupos guerrilleros, una mayoría social abrumadora rechaza el régimen de Jorge Rafael Videla (1976-1986).
El informe titulado “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después” presenta una foto clara del sentir popular a casi cinco décadas del quiebre institucional. Según el estudio de opinión, el 71% de los argentinos califica al gobierno militar como «malo» o «muy malo».
En paralelo, un 63% señaló que no existieron motivos que pudieran justificar el golpe de Estado del 24 de marzo. La responsabilidad principal del quiebre institucional recae, para la mayoría de los consultados, en las Juntas Militares.
Estos porcentajes adquieren una relevancia particular si se considera el contexto político actual, signado por un Poder Ejecutivo que, desde su llegada, ha impulsado una narrativa que busca erosionar el consenso democrático construido en estas décadas.
El estudio no solo indaga en el rechazo a la dictadura, sino en cómo la sociedad interpreta aquel período. Los resultados muestran el arraigo profundo de la perspectiva de los derechos humanos. «Para la mayor parte de la población, el período se explica principalmente como un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos (61%)», detalla el informe elaborado a partir de una encuesta realizada en octubre de 2025 sobre una muestra de 1136 casos en todo el país austral.
Sin embargo, los investigadores también advierten sobre la persistencia de ciertas narrativas que buscan justificar el accionar represivo. El propio estudio señala que «un 32% interpreta al gobierno militar como ‘una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos’, lo que muestra que, si bien existe un consenso condenatorio claro, persisten zonas de ambigüedad en la interpretación del período». Este porcentaje, aunque minoritario, representa el caldo de cultivo sobre el que intenta operar el discurso del gobierno libertario de la «teoría de los dos demonios» que busca equiparar la responsabilidad del Estado terrorista con la de las organizaciones armadas.
El lenguaje de los derechos humanos como sentido común
El trabajo de la UBA y el CELS también evidencia el éxito de las políticas de memoria implementadas desde el retorno de la democracia. La transmisión intergeneracional del conocimiento sobre el terrorismo de Estado ha sido clave. La mayoría de los encuestados afirma haberse informado sobre la dictadura en la escuela, la universidad o a través de conversaciones familiares, lo que ha cimentado un vocabulario común para nombrar el horror.
“Otro de los hallazgos más relevantes es que, medio siglo después, el lenguaje de los derechos humanos sigue estructurando la manera en que la sociedad argentina nombra y comprende la dictadura. Las categorías de ‘desaparición’, ‘represión’, ‘violación de derechos’ y ‘plan sistemático’ forman parte del sentido común democrático”, destaca el estudio de la UBA y el CELS.
Esta internalización del paradigma de los derechos humanos se traduce también en un respaldo contundente a la continuidad de los procesos judiciales. Según la encuesta, siete de cada diez consultados se manifestaron de acuerdo con que el Estado continúe juzgando a los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad.
La obstrucción oficial a la búsqueda de los nietos
Mientras la sociedad consolida su rechazo a la dictadura, el gobierno de Javier Milei profundiza una ofensiva sin precedentes contra las instituciones creadas para sostener la memoria y hallar la verdad. Lejos de limitarse a un debate de ideas, la gestión libertaria ha implementado medidas concretas que, según denuncias de organismos de derechos humanos, obstaculizan activamente la búsqueda de los más de 300 hijos de desaparecidos que aún conservan su identidad suprimida.
La tarea histórica de las Abuelas de Plaza de Mayo, que ha permitido la restitución de 140 nietos, dependió siempre de una colaboración estrecha e indispensable con el Estado Nacional. Sin embargo, desde diciembre de 2023, esa asistencia se ha revertido. A través de decretos y resoluciones administrativas, el gobierno del «libertario» redujo al mínimo la colaboración, implementó una campaña de desprestigio contra la organización que preside Estela de Carlotto y avanzó en un desfinanciamiento sistemático que pone en riesgo la continuidad de las investigaciones.
El informe del CELS titulado «Bajo Asedio» detalla con precisión el desmantelamiento de las herramientas estatales. “Uno de los principales problemas se deriva de la decisión, de agosto de 2024, de cerrar por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que trabajó en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal durante 20 años”, advierte el texto.
La UEI, que funcionaba bajo la órbita de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (CoNaDi), era una instancia prejudicial clave con facultades específicas para investigar documentación en casos de apropiación. Tenía la potestad de acceder a archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y de requerir informaciones de manera directa, un poder que hoy ninguna oficina pública posee.
El debilitamiento de la CoNaDi es otro capítulo de esta historia. Desde la asunción de Milei, el organismo perdió un 40% de su planta de empleados, y a las 30 personas que aún cumplen funciones se les redujo el salario en porcentajes que oscilan entre un 20% y un 70%. Incluso antes del cierre de la UEI, los ministerios de Seguridad y de Defensa, entonces a cargo de Patricia Bullrich y Luis Petri, ya se negaban a proporcionar los registros de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad, una traba fundamental considerando que buena parte de los apropiadores de niños eran militares o policías.
Banco de Datos Genéticos en la cuerda floja
La obstrucción también apuntó al corazón científico de la búsqueda: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Milei intentó quitarle su autonomía funcional mediante un decreto que finalmente fue derogado por el Congreso, pero el daño presupuestario y operativo persiste.
“El Banco está funcionando con un presupuesto insuficiente ya que se mantuvo el de 2024, que replicaba el de 2023. En el transcurso de 2025, permaneció varias semanas acéfalo y todos los trámites de los análisis genéticos estuvieron paralizados”, advirtió el CELS en su diagnóstico.
Asimismo, indicó que la incertidumbre institucional se agravó con la falta de autoridades.
«El cargo del subdirector técnico está vacante desde enero. Esta situación fue subsanada parcialmente con la prórroga retroactiva de la designación como presidenta de Mariana Herrera Piñero hasta tanto se realice un concurso público de oposición y antecedentes, que no ha sido convocado», señaló, según consignó El Destape.
A pesar de este contexto de hostilidad y obstáculos, la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo no se detuvo. En lo que va del gobierno libertario, y contra la corriente negacionista, se logró la restitución de tres nuevos nietos.
Este hecho, leído a la luz de la encuesta de la UBA y el CELS, subraya la profunda contradicción entre un gobierno de extrema derecha que asedia a los organismos de derechos humanos y una sociedad que, en su abrumadora mayoría, no solo rechaza el terrorismo de Estado sino que exige justicia y apoya la búsqueda incansable de los que aún faltan. La ofensiva cultural negacionista, según demuestran los datos, no prende en un pueblo que ha hecho de la memoria una bandera inquebrantable.
Relacionados
Milei convierte el Congreso en un ring: insultos, burlas y ninguna autocrítica por la crisis económica
Hace 2 semanas
