Milei amenaza con descontar el día: gremios desafían al Gobierno y salen a la calle contra la reforma laboral

Bajo la premisa «la reforma laboral la frenamos en las calles», miles de trabajadores argentinos se movilizarán este jueves en rechazo a la reforma laboral impulsada por Milei, que busca extender la jornada diaria hasta 12 horas, compensando después con descansos en lugar de pago de horas extras.

La decisión de la directiva de la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT), de convocar a un paro general sin movilización justo cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de Reforma Laboral generó la reacción de varios gremios, que decidieron organizar su propia concentración en la Plaza del Congreso, mientras que fiel a su estilo, el Gobierno de Javier Milei amenazó con descontarle el día a aquellos trabajadores estatales que se adhieran a la medida, pese a que está confirmado que no habrá transporte público.

Bajo la premisa «la reforma laboral la frenamos en las calles», el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se ratificó la convocatoria a una movilización para el jueves 19 de febrero. El espacio conformado por la UOM, Aceiteros, Pilotos, la Asociación de Trabajadores del Estado y las dos centrales de Trabajadores de Argentina anunció que ese día brindarán una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo para luego comenzar la concentración frente a la sede del órgano legislativo con réplicas en todo el país.

«Llamamos a la más amplia unidad de todos los sectores sindicales, sociales y productivos para frenar este proyecto que atenta contra el futuro de nuestra Patria», convocaron a través de un comunicado-

Al igual que en los paros generales anteriores, la administración de Milei, el advirtió que le descontará el día a aquellos trabajadores que se adhieran a la medida convocada por la CGT el próximo jueves. Sin embargo, el escenario es diferente al del paro llevado a cabo el 10 de abril del 2025, debido a que en esta ocasión, todos los gremios del transporte anunciaron su adherencia, por lo que el traslado de los trabajadores no será posible, tal y como consignó Página/12.

El representante gremial de los trabajadores estatales, Rodolfo Aguiar, fue tajante en sus declaraciones en las que llamó al portavoz del Gobierno de Milei, Manuel Adorni y al resto de integrantes del Gabinete de Ministros a «llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves».

«El ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto», afirmó, al tiempo que recordó que «el derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional».

El gremialista adelantó que el paro «en la administración pública va a ser total en todo el país», desafiando así la amenaza de descuento salarial por parte del ultarderechista.

Gremios navales inician paro de 48 horas

Por su parte, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) emprendió paro de 48 horas desde la medianoche de este miércoles. De acuerdo con el secretario general de la organización gremial, Mariano Vilar, esta acción se realiza como medida de protesta ante el proyecto de reforma laboral que «pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio», por lo que reclaman que «sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado».

Desde SICONARA advirtieron que en caso de aprobarse así, se estaría aplicando «un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país».

Alertaron que las consecuencias trascienden lo meramente laboral para afectar la actividad económica en su conjunto.

El secretario general del gremio, Mariano Vilar, indicó que los conductores navales «somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto».

«Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otros regímenes, como los que se encuentran privados de su libertad», afirmó, citado por Página/12.

Los peligros de la «motosierra» laboral de Milei

La reforma laboral impulsada por Milei habilita esquemas de jornada flexible mediante bancos de horas que permiten extender la jornada diaria hasta 12 horas, compensando después con descansos en lugar de pago de horas extra.

Esta propuesta ha sido duramente cuestionada por especialistas en derecho laboral y organizaciones sindicales, que advierten sobre el impacto en la salud de los trabajadores y la conciliación con la vida familiar.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de horas extras a través de la creación de un «banco de horas», con lo que eliminaría el sistema tradicional de «pago doble» que es muy utilizado por las trabajadoras y trabajadores para aumentar sus ingresos. En vez de recibir un salario adicional por horas trabajadas fuera del horario habitual, el banco de horas establece que los empleados compensen ese tiempo extra trabajando menos en otros días o tomándose un día libre. Para sectores que históricamente han dependido de las horas extras como complemento salarial, esta modificación representa un duro golpe a sus ingresos mensuales.

Además, se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período inferior a la jornada legal, lo cual podría significar una puerta de entrada a la precarización de los ingresos. Los gremios advierten que esta figura permitirá a las empresas contratar personal por pocas horas diarias, con salarios proporcionalmente reducidos y sin acceso a los mismos beneficios que los trabajadores con jornada completa.

Restricciones al derecho de huelga
En materia de conflicto colectivo, la reforma introduce modificaciones de enorme calado. Se amplía el listado de actividades consideradas servicios esenciales, que deberán garantizar una cobertura mínima obligatoria del 75% durante cualquier medida de fuerza. Esta disposición afecta directamente la capacidad de presión de los sindicatos en sectores estratégicos de la economía.

El nuevo plexo normativo incorpora como esenciales las telecomunicaciones —incluyendo expresamente internet y comunicaciones satelitales—, la aviación comercial, el control de tráfico aéreo y portuario en todas sus variantes (balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba y remolque), los servicios migratorios y aduaneros, los servicios sanitarios y hospitalarios (más el transporte y distribución de medicamentos), la producción y distribución de agua potable, gas, petróleo, combustibles y energía eléctrica, la recolección de residuos, el transporte de caudales, los servicios privados de seguridad y custodia, y la educación en niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y especial, quedando excluido únicamente el nivel universitario.

Adicionalmente, el proyecto crea una nueva categoría: los «servicios de relevancia crítica» o «importancia trascendental», que deberán garantizar un piso de operatividad del 50% durante los conflictos. Esta categoría incluye un abanico que abarca desde el transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y mercaderías hasta los servicios aduaneros y migratorios vinculados al comercio exterior, la producción farmacéutica, la radio y la televisión, las industrias de proceso continuo (siderurgia, aluminio, química y cementera), la industria alimenticia en toda su cadena de valor, los servicios bancarios y financieros, la hotelería, la gastronomía, el comercio electrónico, la construcción, los aeropuertos, la minería, los frigoríficos, los correos, el sector agropecuario y la producción afectada a compromisos de exportación.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, deberán brindar cobertura del 100%, lo que implica que ningún efectivo podrá adherirse a medidas de fuerza bajo ninguna circunstancia.

Según la reforma, los sindicatos quedan obligados a preavisar las medidas de fuerza con cinco días de anticipación, un plazo que los gremios consideran excesivo y que atenta contra la efectividad de las protestas laborales, especialmente en conflictos que requieren respuestas inmediatas.

Asambleas: con permiso y sin salario

Otro de los puntos que despertó airadas críticas durante el debate en Senado argentino es la nueva regulación de las asambleas laborales en el lugar de trabajo. Según el texto aprobado, las reuniones sindicales «no podrán interrumpir la actividad normal de la empresa» y requerirán autorización previa del empleador. Esta disposición limita severamente uno de los mecanismos tradicionales de organización y deliberación de los trabajadores dentro de los establecimientos laborales.

Como condición adicional, el sindicato deberá acreditar estar al día en el cumplimiento del pago de haberes para poder ejercer esta facultad, un requisito que muchos gremios consideran una traba burocrática destinada a dificultar la vida sindical. El tiempo destinado a asambleas, establece la norma, «no será remunerado», según consignó El Destape, lo que implica que los trabajadores deberán realizar estas reuniones fuera de su horario laboral o, si se realizan durante la jornada, sufrirán el descuento correspondiente.

Convenios colectivos: el fin de la ultraactividad

La reforma introduce una modificación sustancial en el sistema de negociación colectiva al acotar drásticamente el principio de ultraactividad. A partir de la sanción de la ley, únicamente permanecerán vigentes una vez vencido el convenio aquellas cláusulas de naturaleza normativa, es decir, las que establecen condiciones y beneficios individuales directos del trabajo. Estas cláusulas se mantendrán operativas hasta que entre en vigor un nuevo convenio.

Las cláusulas obligacionales —aquellas que regulan las relaciones entre las partes, los derechos sindicales y las contribuciones gremiales— solo mantendrán vigencia por acuerdo expreso de las partes. Esta modificación implica que, vencido un convenio, los sindicatos pierden automáticamente herramientas fundamentales para su funcionamiento si no logran acordar uno nuevo.

Además, se establece que los convenios de ámbito menor (empresa, región) prevalecerán sobre los de ámbito mayor (actividad, nacional), invirtiendo así el principio de jerarquía normativa que regía tradicionalmente. Esta disposición fragmenta la negociación colectiva y debilita el poder de los grandes sindicatos nacionales frente a las empresas, que podrán negociar condiciones particulares con gremios empresariales o sindicatos más pequeños y potencialmente más débiles.

La Secretaría de Trabajo, por su parte, queda facultada para suspender por resolución fundada los efectos de convenios vigentes por ultraactividad «cuando su aplicación genere distorsiones económicas graves que afecten el interés general». Esta atribución otorga al Poder Ejecutivo una herramienta de intervención directa sobre los convenios colectivos sin necesidad de pasar por el debate parlamentario, lo que ha sido interpretado por los gremios como una cesión de soberanía legislativa en favor del gobierno de turno.

Escenario de conflicto laboral en Argentina

Con la amenaza de descuento salarial por parte del Gobierno, la movilización convocada por el FreSU y el paro de actividades gremiales, el próximo jueves se presenta como una jornada de alta tensión política y social. La decisión de la CGT de no movilizarse ha quedado desbordada por la iniciativa de los gremios que apuestan a llevar el conflicto a las puertas mismas del Congreso mientras los diputados debaten la iniciativa oficialista.

El transporte público paralizado, la adhesión de los gremios estatales y la promesa de réplicas en todo el país configuran un panorama de fuerte protesta social contra una reforma que, de aprobarse, modificará estructuralmente las relaciones laborales en Argentina. La respuesta del oficialismo, con la amenaza de descuentos salariales, anticipa un conflicto que podría extenderse más allá de la jornada de debate parlamentario.