Mineros al frente en Bolivia: Central Obrera mantiene paro indefinido y vuelve a movilizarse contra el “gasolinazo” del gobierno de Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó este domingo la continuación del paro general indefinido y movilizado, convocando una nueva concentración masiva para este lunes en rechazo al Decreto Supremo 5503 del gobierno del presidente Rodrigo Paz, popularmente denominado “gasolinazo”.

Desde el pasado 22 de diciembre miles de trabajadores mineros han liderado la protesta, con marchas, bloqueos y cercos a la sede de gobierno, mientras la policía ha respondido con represión, gases lacrimógenos y barricadas. El escenario es de máxima tensión en las calles de La Paz, El Alto y puntos estratégicos del país.

La máxima organización sindical, a través de un comunicado emitido este 28 de diciembre, convocó a una concentración para las 09:00 horas de este lunes en las inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional. El llamado es contundente y apela a la unidad y la combatividad histórica del movimiento obrero.

“Las organizaciones convocadas deberán asistir con la totalidad de sus bases, garantizando una presencia disciplinada y combativa, conforme a los principios históricos del movimiento obrero boliviano, así como portar sus respectivas pancartas, banderas y material identificativo con consignas claras y unitarias que expresen las reivindicaciones y el mandato orgánico de la COB”, señala el texto.

El Decreto Supremo 5503, promulgado por el gobierno de Paz bajo el argumento de que es una medida que apunta a enfrentar una crisis fiscal, incluye entre sus medidas centrales la reducción del subsidio a los combustibles, gatilló un incremento inmediato en los precios de la gasolina y el diésel, de 86% y 160%, respectivamente.

Para la COB, la oposición parlamentaria, transportistas, juntas vecinales, campesinos, sindicatos y organizaciones sociales, esta política representa un claro trasvase del ajuste económico hacia la clase trabajadora y los sectores de menores ingresos.

Asimismo, advierten que va mucho más allá de un “gasolinazo”. Lo califican como la punta de lanza de un “ajuste fondomonetarista” que, según sus denuncias, incluye la eliminación de impuestos a grandes capitales, la apertura a inversiones extranjeras mediante un mecanismo de aprobación automática de 30 días, y un régimen jurídico que garantiza 15 años de protección a empresas transnacionales, especialmente en los sectores minero y energético.

Según denuncian economistas y dirigentes sindicales, la promulgación del controversial decreto se activó tras reuniones de representantes de la administración de Paz con delegaciones de la DFC, EXIM Bank, USTDA y el Departamento de Estado de EE.UU.. Acusaciones que alimentan la narrativa de un alineamiento del gobierno de derecha con intereses externos sobre los recursos estratégicos de Bolivia.

La resistencia se concentra en la calles de Bolivia

Desde el lunes 22 de diciembre, millares de mineros han marchado sobre la ciudad de La Paz, con sus cascos y herramientas emblemáticas, estableciendo bloqueos y un cerco permanente en torno a la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. La respuesta estatal ha sido la represión policial, con enfrentamientos que se han prolongado por horas y han motivado la llegada de refuerzos de otros sectores en solidaridad: docentes, fabriles y comités barriales.

Las movilizaciones y los cortes de ruta se han replicado en Cochabamba, la ciudad de El Alto y en corredores viales estratégicos, afectando el transporte y la actividad económica en varias regiones.

Frente a esta presión, el presidente Rodrigo Paz mantiene una defensa firme del decreto, calificándolo como una “medida necesaria” para la economía nacional. En paralelo, su gobierno intenta fracturar el frente opositor mediante negociaciones separadas con sectores de transportistas, cooperativas mineras y capas de la clase media, además de desplegar una intensa campaña mediática y política contra los manifestantes.

COB no levantará el paro hasta que se derogue el decreto

La COB, en un plenario realizado incluso en vísperas navideñas, ratificó que no levantará la huelga mientras el decreto continúe vigente. Su dirigencia plantea que el movimiento debe sostenerse y radicalizarse mediante asambleas fabriles, comandos de lucha y coordinación territorial.

El conflicto trasciende la disputa por el precio de los combustibles. En juego, según analistas y actores sociales, está el modelo económico, el control de los recursos naturales y el marco de soberanía regulatoria del Estado, ante la amenaza de que Bolivia ingrese en un ciclo de privatización acelerada del litio, tierras raras y empresas públicas; mientras que para el gobierno, representa una prueba de fuerza para sostener su programa económico de corte neeoliberal.

El escenario se complejiza con el proceso electoral subnacional convocado para marzo de 2026 y la incertidumbre jurídica en torno a la personería del partido Morena, liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en medio de una evidente fragmentación interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), principal fuerza opositora en el legislativo, señaló TeleSUR.

Los mineros, un actor histórico en las transformaciones sociales de Bolivia, se encuentran nuevamente en el centro de la escena, mostrando una determinación de no retroceder. Mientras el paro indefinido se mantiene y las calles vuelven a ser el campo de batalla política, el país entero observa con preocupación si este nuevo y profundo pulso social encontrará una salida en el diálogo o desembocará en una crisis de mayores proporciones. El llamado de la COB para este lunes parece ser el primer capítulo de una semana decisiva.