En un giro político que ha encendido el debate sobre la soberanía nacional, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 82 votos a favor una polémica reforma al artículo 5 de la Constitución, eliminando la prohibición expresa sobre la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La decisión, impulsada por el presidente Daniel Noboa y respaldada por la Corte Constitucional, representa un cambio radical en la política exterior y de defensa del país.
Hasta ahora, Ecuador se había definido constitucionalmente como «territorio de paz», prohibiendo cualquier tipo de instalación militar extranjera. Con la reforma, esta definición se reduce a una frase simbólica, sin el respaldo legal que impedía el ingreso de tropas extranjeras o la cesión de bases nacionales.
El Gobierno sostiene que la medida busca reforzar la lucha contra el crimen organizado y responder con mayor eficacia a la violencia que golpea al país. Sin embargo, el trasfondo geopolítico de la iniciativa no pasa desapercibido. Según revelaciones de CNN, ya se estarían adecuando instalaciones militares para recibir efectivos estadounidenses, incluyendo una nueva base naval en Manta, en el mismo lugar donde operó hasta 2009 una base del Pentágono que fue cerrada tras una fuerte presión ciudadana y política.
Aunque la reforma aún debe ser ratificada mediante referéndum, la aprobación legislativa ya ha generado preocupación entre organizaciones sociales, sectores académicos y analistas que ven en esta decisión un peligroso precedente. «Estamos frente a un intento de recolonización militar disfrazado de cooperación en seguridad», advirtió un experto en relaciones internacionales de la Universidad Andina.
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La elección de Manta para una eventual nueva base naval no es casual. El puerto manabita fue durante años símbolo de resistencia popular contra la presencia militar extranjera. El cierre de la base estadounidense en 2009 fue celebrado como una victoria de la soberanía nacional. El regreso de tropas foráneas a ese mismo sitio reabre heridas aún frescas en la memoria colectiva del país.
Si bien la lucha contra el crimen organizado es urgente, la pregunta de fondo es si la presencia militar extranjera es la solución o apenas una salida fácil que puede hipotecar la autonomía del país. La reforma constitucional no establece límites temporales ni operativos, dejando abierta la posibilidad de una permanencia indefinida de tropas foráneas bajo criterios discrecionales del Ejecutivo.
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