Organizaciones de DD.HH. de Colombia denuncian sitios de tortura, desapariciones y fosas comunes en Cali

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicaron un informe en el que revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en la ciudad colombiana de Cali, situada en el departamento del Valle del Cauca.

«Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales», alerta el informe.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH.) aseveran que desde el pasado 2 de mayo se tienen denuncias de que el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali es utilizado  presuntamente como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública, publicó Telesur.

«Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos (del CAM), horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas (…) fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de medios usados por la Policía para su movilidad.

En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali.

Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos», explicó el documento.

Asimismo, el informe revela que desde el pasado 14 de mayo se conocieron denuncias de posibles fosas comunes en zonas rurales de los municipios de Buga y Yumbo, sectores aledaños a Cali, «en esos sitios, aparentemente se estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños», agregaron.

El documento especifica que algunos jóvenes de Cali reportados como desaparecidos fueron ajusticiados en los municipios de Guacarí y Buga (ubicados a menos de 40 minutos de Cali), «algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos», acotan.

¿Casas de pique en Cali?

Las organizaciones revelan en su informe que en Ciudad Jardín, barrio situado en Cali y donde personas vestidas de blanco atacaron a la minga indígena a tiros, se habrían instaurado las casas de pique, lugares usados para descuartizar a la gente.

«Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín», expresó el informe.

El documento asegura que los ciudadanos tienen temor de denunciar los hechos escalofriantes que se han perpetrado tanto por la Policía como de un grupo de civiles armados apoyados por la fuerza pública, «ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial», añadieron.

«Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero», puntualiza el pronunciamiento de las organizaciones.

El informe pide al Estado colombiano garantizar los procesos de investigación con expertos del Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, así como de la compañía de organizaciones humanitarias tanto nacionales como internacionales.

Piden reforma al Código de Policía

La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores, por su parte, reveló este domingo los resultados de una urna aplicada a ciudadanos en la capital colombiana de Bogotá, donde piden una reforma al Código de Policía ante los hechos de represión suscitados desde el inicio de las masivas manifestaciones el pasado 28 de abril.

Entre las solicitudes de los colombianos está el cambio de doctrina policial y militar, la cual se encamine en la protección de los Derechos Humanos y en la garantía al derecho Constitucional de la libre expresión y protesta pacífica. 

Frente a las constantes denuncias de disparos y agresiones verbales y sexuales perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), los ciudadanos piden el desmonte de este grupo creado por el entonces presidente Andrés Pastrana en 1999 y fortalecido durante la gestión de Álvaro Uribe Vélez.

«Se debe desmontar varias de las armas utilizadas por parte de la Policía en las protestas (…) es importante incorporar un modelo multidimensional de educación superior a la institución diferente al adoctrinamiento actual», aseveran los resultados de la urna de Temblores.

Los resultados del estudio llega después de que sectores estudiantiles y sindicales de Cali denunciaran que en la noche del pasado sábado, las instalaciones del almacén Éxito fueron utilizadas como centro de tortura y asesinatos.

Desde las 03H00 horas del sábado 22 de mayo, el barrio Julio Rincón fue rodeado por un importante número de efectivos policiales, quienes acordonaron todas las cuadras y obligaron a qué toda la población tuviera que encerrarse en sus casas. 

A través de redes sociales, las organizaciones denunciaron que miembros de la Policía impidieron que delegados de las comisiones de Derechos Humanos ingresaran al almacén a corroborar y socorrer a las personas heridas.

La actuación policial generó una fuerte confrontación con los jóvenes de la llamada  «primera línea», quienes con escudos se defendieron de los ataques del ESMAD que utilizaron armas de fuego, bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

Represión contra manifestantes

Temblores publicó el pasado viernes un informe sobre los actos de represión perpetrados contra los colombianos, quienes ya completan 26 días movilizados en todas la regiones exigiendo un cambio de modelo sociopolítico, el cual contribuya a cesar la violencia y disminuir la profunda desigualdad social.

La ONG reveló que 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir desapariciones) se han registrado desde el 28 de abril hasta el 21 de mayo.

Dentro de estos casos se identificaron: 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.

Asimismo, 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual, y seis víctimas de violencia basada en género.

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