Paro macrorregional se cocina en Perú ante ola de asaltos: transportistas acorralan al Gobierno por crisis de inseguridad

Ante una ola criminal que azota las carreteras con un ataque cada 20 minutos, los transportistas de carga del Perú ultiman los detalles para un paro macrorregional con el que acorralan al gobierno de José Jerí, exigiendo su intervención inmediata.

De acuerdo con los líderes gremiales, la medida es la respuesta a un sistema de seguridad colapsado, denuncias policiales ignoradas y una corrupción “enquistada en todos los poderes del Estado”, que tiene al sector transporte operando bajo el miedo constante y sufriendo pérdidas que superan los 290 millones de dólares anuales.

La crisis de seguridad, con focos activos desde el Callao hasta Trujillo y la Panamericana Sur, ha escalado a tal punto que algunos representantes de los sindicatos de transporte de carga y urbano han pedido licencia para convertirse en candidatos al Congreso en 2026, argumentando que la protesta ya no es suficiente y que la única salida es ganar representación política directa.

“Sufrimos asaltos casi todos los días”

La ruta Pisco–Cañete, en la Panamericana Sur, se ha convertido en un símbolo del desamparo. Edwin Canales Pérez, presidente del Frente Nacional de Transportistas de Carga, describió en conversación con Convoca.pe una realidad diaria en la que los denominados “patinadores” –delincuentes que abordan los camiones en movimiento– son una amenaza permanente.

“Sufrimos asaltos casi todos los días (…) Hemos puesto algunas quejas en la comisaría, como la de Cañete, pero la verdad es que poco o nada han hecho al respecto”, indicó.

Para el dirigente, la falta de protección es estructural y el resultado de una falla sistémica. Los choferes, afirma, manejan “con miedo constante, atentos a cualquier movimiento extraño en la vía”.

Esta situación, advierte, “ya supera la capacidad de respuesta del sector y requiere una intervención urgente de las autoridades”.

Según información de la empresa privada de seguridad Sentrix, los robos de carga generan pérdidas de «hasta US $290 millones anuales» en Perú, una cifra relevante tomando en cuenta que la flota en el país suramericano supera las 300.000 unidades de carga, tanto formales como informales.

Hostigamiento en las colas de los puertos

En el puerto del Callao, la modalidad cambia pero la inseguridad persiste. Teresa Campos Ayala, presidenta de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones (UNT Callao), reportó hostigamientos diarios. Señaló que “todos los días” los delincuencias aprovechan las largas colas para amenazar y asaltar a los conductores.

“Si los choferes se niegan a ceder, los criminales quieren romper las lunas”, relató Campos. Su gremio, aunque no participó en el último paro urbano, mantiene un decepcionante diálogo con la Policía Nacional. Tras una reunión reciente en la Comisaría de Alipio Ponce, la dirigente expresó su frutración: “Hay ofrecimientos, pero al final quedan en palabras no más”.

Cifras que causan alarma: un ataque cada 20 minutos

Los testimonios son respaldados por cifras oficiales del Ministerio Público que describen un panorama alarmante. En 2024, las extorsiones sumaron 22.835 casos, casi cinco veces más que en 2021. La tendencia se disparó en 2025, con más de 40.000 robos y 30.000 extorsiones registradas solo hasta septiembre.

El análisis de los datos revela un promedio que causa preocupación, ya que un ataque dirigido al sector transporte ocurre cada 20 minutos en Perú, con puntos críticos en La Libertad y distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

La extorsión se organiza: “Ahora matan primero para luego cobrar”

El crimen ha evolucionado hacia un esquema empresarial y violento. Javier Marchese, expresidente de la UNT, detalla cómo opera en Trujillo, donde los extorsionadores atacan en carretera porque los camiones están “más vulnerables” y “no hay ni quien los auxilie”.

El blanco ya no es solo el conductor, sino el dueño de la empresa, como parte de un esquema organizado que busca obtener dinero directamente de las compañías de transporte.

Explicó que para defenderse, los conductores intentan desviar la amenaza diciéndole al criminal: «yo soy chófer, yo no soy dueño, yo no tengo».

Martín Valeriano, exrepresentante de ANITRA confirmó este modus operandi: “Casi todos [en Lima] están sometidos” a bandas que cobran cupos. Estas organizaciones se dividen en “dos o cuatro grupos” para ampliar su radio de acción.

Señaló que la violencia es el nuevo lenguaje: “Ahora matan primero para luego cobrar”, sentenció Valeriano, indicando que las tarifas pueden llegar a 10 soles diarios por unidad.

Corrupción policial afecta a transportistas

El exdirigente del Frente Nacional de Transportistas, Javier Corrales se refirió a la situación que se registra en la frontera de Zarumilla (Perú-Ecuador) para argumentar que la raíz de la inseguridad en las rutas es la migración ilegal facilitada por la corrupción policial. 

Por tal motivo propuso a los altos mandos policiales un «resguardo, así, total» en cada frontera del país, para que los migrantes no pudieran ingresar sin documentos.

Corrales acusó que a pesar de los «millones de soles que el Estado gasta» en seguridad, su propuesta fue desestimada y la Policía emprendió acciones preventivas.

Asimismo, destacó que el Estado no tiene un presupuesto específico para prevenir la criminalidad que afecta a los transportistas de carga

La ruta política: de la protesta a la candidatura

Ante la ineficacia estatal, desde los gremios optan por emprender protestas y paralizaciones.

“La protesta [el paro macrorregional] es la única forma que nos queda para forzar al Estado a actuar y garantizar que los transportistas puedan trabajar sin el riesgo constante de ser víctimas de la delincuencia organizada y el abandono de las vías”, señaló Edwin Canales al medio citado,

Por otro lado, dirigentes como Javier Marchese, Javier Corrales y el propio Martín Valeriano han pedido licencia para postularse al Congreso en 2026.

“Tenemos que entrar al gobierno, poner senadores y diputados, no tenemos otra forma”, planteó Marchese.

El paro como ultimátum y el silencio policial

El descontento es transversal. Martín Ojeda, de Transportistas Unidos (servicio público), anunció un paro nacional de 48 horas para mediados de diciembre, tras incendios y ataques contra al menos cinco empresas formales.

Mientras los gremios se movilizan y buscan alianzas con el Colegio de Abogados de Lima para derogar lo que llaman “leyes pro crímenes”, la respuesta oficial brilla por su ausencia. La Policía Nacional del Perú, consultada por Convoca.pe, declinó dar una entrevista argumentando tener la agenda “totalmente recargada” debido al Estado de emergencia.

El Gobierno de José Jerí, acorralado por las cifras, los testimonios y la amenaza de una paralización que podría estrangular el comercio nacional, tiene ahora una cita impostergable en las carreteras del Perú. El paro macrorregional se cocina, alimentado por la indignación de quienes se sienten abandonados a su suerte frente al crimen organizado.