Varias personas vinculadas al Jefe de Estado brasileño se encuentran detenidas

Policía Federal de Brasil introduce solicitud en investigación a Temer por lavado de dinero

El mandatario habría utilizado como fachada las reformas realizadas a inmuebles propiedad de su hija Maristela Temer y su suegra, Norma Tedeschi

Por Luz Marina Delgado

28/04/2018

Publicado en

Latinoamérica / Política

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Policía Federal de Brasil investiga a Temer por lavado de dinero

La Policía Federal de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) 60 días más para seguir investigando al presidente brasileño, Michel Temer, por presunto lavado de dinero y transacciones inmobiliarias ilícitas a familiares.

“Yo ya entregué bastante dinero para el coronel, nunca hubo problemas,” se escucha el fragmento de la conversación entre el delator del caso, el directivo de J&F, Ricardo Saud, y el asesor de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Audio en el que también se menciona al coronel Juan Bautista de Lima Filho, amigo personal del presidente brasileño.

La fachada para el lavado dinero

De acuerdo con el rotativo local Folha de Sao Paulo, se presume que Marcela Temer,  esposa del mandatario brasileño  y el hijo de la pareja, son dueños de algunos de esos inmuebles comprados con dinero procedente de sobornos y las reformas hechas en las propiedades de su hija Maristela Temer y su suegra, Norma Tedeschi de quienes se presume también formarían parte de estas actividades ilícitas.

Desde los inicios de la investigación, fueron detenidas temporalmente personas vinculadas a Temer, tal es el caso del exasesor presidencial José Yunes y Lima Filho. Este último sería el intermediario que hizo llegar el soborno de dos millones de reales unos 576.000 dólares al jefe de Estado.

La Fiscalía denunció al presidente brasileño y a sus aliados por formar parte de un esquema corrupto constituido por el oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que en los últimos años desvió unos 587 millones de reales (188 millones de dólares.)

Temer, de 76 años, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en ser acusado de un crimen común, cuando el fiscal general Rodrigo Janot pidió el 26 de junio de 2017 su inculpación por corrupción pasiva, como presunto beneficiario de un soborno ofrecido por la gigante de la alimentación JBS, a cambio de favores para la empresa.

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