Presidente de El Salvador decreta nueva emergencia máxima en las prisiones

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó este martes un nuevo estado de emergencia en las prisiones del país, en respuesta a una serie de ataques contra efectivos de las Fuerzas Armadas.

«Director Osiris Luna, decrete emergencia máxima en todos los Centros Penales, todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden», publicó Bukele en su cuenta de la red social Twitter.

El jefe de Estado implementó esta medida del 30 de junio al 19 de julio del pasado año, al comenzar a implementar su plan de seguridad Control Territorial.

Bukele dio la orden tras un ataque sufrido esta madrugada un soldado en un cantón del municipio de Atiquizaya (oeste), y tras el asesinato de otro militar el pasado viernes en el departamento de Morazán (noreste).

El Salvador cerró febrero con la menor cantidad de homicidios en un mes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.

«Lastimosamente los criminales aún controlan la mayor parte del Estado. Vamos a dar el 100 por ciento, dentro de lo que la ley nos permita. Dios nos proteja a todos», agregó el mandatario en sus redes sociales.

Luna, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia, ratificó la entrada inmediata de la red penitenciaria en «encierro total» hasta nuevo aviso.

Antes de cumplir su primer mes en el cargo Bukele ordenó un encierro similar a raíz del asesinato de un agente policial en el capitalino municipio de Mejicanos.

Con aquella medida prosiguió un proceso para recuperar el control de las cárceles, que incluyó el bloqueo de la señal telefónica y la intercepción de «wilas», mensajes escritos en trozos de nylon tragados por reos a punto de ser liberados.

Al presentar la primera fase de Control Territorial, Bukele afirmó, citando supuestos informes de inteligencia, que 80 por ciento de las órdenes de homicidio y extorsión salen de las prisiones, de ahí su interés en la sobresaturada red carcelaria del país.

Luego la Dirección General de Centros Penales rompió un protocolo establecido desde el Gobierno de Antonio Saca (2004-2009), de separar por prisiones a efectivos de las principales «maras» (pandillas) del país: la Salvatrucha o MS13, la Barrio 18 Sureños y la 18 Revolucionarios.

La administración de Bukele demanda unos 575 millones de dólares para implementar las seis fases del Control Territorial durante los próximos tres años, y la Asamblea Legislativa (Parlamento) ya autorizó varios refuerzos presupuestarios para financiar los planes del Gobierno.

Sin embargo, la reticencia de los diputados para aprobar la negociación de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase del Control Territorial derivó el pasado 9 de febrero en la ocupación militar del Legislativo y la amenaza de Bukele de disolver al Parlamento.

Fuente: Sputnik

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