Venezuela acusa a EE.UU. de despojarla de CITGO, su principal activo petrolero en territorio estadounidense

El Gobierno de Venezuela calificó como un “vulgar y bárbaro despojo” la decisión de un tribunal federal de Estados Unidos (EE.UU.) que avala la venta forzosa de CITGO Petroleum, la principal filial internacional de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su activo más valioso en territorio norteamericano.

La medida, que el Ejecutivo venezolano tilda de “proceso fraudulento”, ha desatado una ola de condenas ha llevado a la Asamblea Nacional a proponer sanciones severas contra las figuras opositoras señaladas como cómplices de esta maniobra

Nuevo episodio de la agresión multiforme por parte de EE.UU.

La vicepresidenta ejecutiva de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, leyó un pronunciamiento oficial donde se denuncia que este acto constituye un “nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela”.

Rodríguez aseguró que PDVSA y el Estado venezolano “fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso”, negándoseles el derecho a la defensa bajo la “grosera excusa” del desconocimiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, quien fue el vencedor de los comicios realizados en julio de 2024.

El comunicado señala que el despojo se ejecutó “en complicidad” con figuras de la oposición radical, como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández, identificándolas como parte de un “grupo de delincuencia organizada”. que, desde la autodenominada Asamblea Nacional de 2015, pretendió usurpar la representación del país para dejarlo indefenso ante el “robo descarado” perpetrado por Washington.

“Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de CITGO”, afirmó Rodríguez, adelantando que el Gobierno adoptará “todas las medidas a su disposición” para llevar ante la justicia, incluyendo la responsabilidad internacional, a todos los promotores y ejecutores de este saqueo.

“Este caso pasará a la historia como evidencia patente y patética de que en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica no se respetan ni garantizan las inversiones extranjeras”, concluyó el comunicado, asegurando que el pueblo venezolano dará una “lección histórica” a quienes han traicionado la patria.

El fallo judicial y la estrategia del “despojo”

El fallo, emitido por el juez Leonard P. Stark en Delaware, autoriza la venta de CITGO por 5.900 millones de dólares a la empresa Amber Energy, una cifra que analistas consideran muy por debajo de su valor real, estimado entre los 11.000 y 13.000 millones. Expertos venezolanos describen el proceso como una “trácala” jurídico-política.

El profesor y analista Werther Sandoval explicó el mecanismo: tras el reconocimiento en 2019 por la administración Trump de un gobierno paralelo presidido por Juan Guaidó, “el parapeto [gobierno de Guaidó] disparó [la deuda] a 23.600 millones para hacerla impagable y con ella exacerbar la hambruna crematística de los acreedores para demandar y apropiarse de Citgo”.

En conversación con TeleSUR, Sandoval señaló que esta estrategia violó el principio del alter ego o velo corporativo, que protege a una subsidiaria de las deudas de su matriz, y recordó que “previo a la usurpación de Guaidó, CITGO jamás estuvo sobre endeudada… Venezuela incluso hasta 2019, antes de la autoproclamación, cumplía cabalmente con sus compromisos de pago”.

A su juicio, la toma ilegal de la junta directiva por parte de figuras afines a derecha radical,, como Luisa Palacios y Carlos Jordá, allanó el camino para que los acreedores buitre presentaran demandas masivas en cortes estadounidenses.

Asimismo, el académico advirtió que «toda relación y acuerdo de EE,UU. con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado CITGO, un acto delictual que estará siempre latente… generando desconfianza y elevando los costos de cualquier negociación bilateral».

Asamblea Nacional actúa: retiro de nacionalidad y sanciones a los cómplices

En respuesta a la decisión de la justicia estadounidense, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuea, en sesión especial extraordinaria, condenó unánimemente la “ilegal” venta y propuso medidas radicales. Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, enfatizó la necesidad de aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Libertador Simón Bolívar para “castigar” a los responsables.

“Exhortamos al Ejecutivo Nacional a aplicar todo el peso de la ley, y en especial lo que tiene que ver con el retiro de la nacionalidad a José Ignacio Hernández, Dinora Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina”, declaró Rodríguez, a quienes señaló como “principales cabecillas” del “gigantesco robo”.

Argumentó que el artículo 130 de la Constitución establece el deber de los venezolanos de “honrar y defender la Patria”, y quien incumple “niega su condición de venezolano”.

Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN y presidente de la comisión investigadora sobre CITGO, planteó que “el planeta tiene que saber que si a EE.UU. le da la gana le roba su empresa, que es lo que está pasando hoy con CITGO”.

Además, destacó la asimetría de la decisión tomada por el juez Leonard P. Stark de vender forzosamente la compañía, valorada aproximadamente en 12 mil millones de dólares, por solo 5 mil novecientos millones de dólares y recordó que CITGO, es el séptimo complejo refinador más grande de Estados Unidos y posee cerca de 4.200 estaciones de servicio, generando anualmente entre 4 mil y 5 mil millones de dólares en utilidades, fondos que podrían destinarse a la protección social y economía del pueblo venezolano.

Consecuencias y una cruenta batalla legal por despojo de CITGO

Las averiguaciones parlamentarias han identificado a 351 personas responsables del “expolio”, incluyendo 94 exparlamentarios de la legislatura de 2015, 108 pseudo funcionarios de instituciones paralelas y 149 directivos de ONG. Al respecto, la diputada Iris Varela solicitó la publicación de sus nombres y la confiscación de sus bienes.

Más allá de las sanciones internas, el Gobierno venezolano se prepara para una batalla legal internacional para recuperar el activo petrolero.

La venta, que aún requiere trámites y no se concretaría antes de 2026, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que trasciende lo económico para encapsular la profunda confrontación política entre Washington y Caracas, con el pueblo venezolano, según sus autoridades, listo para dar una “lección histórica” a lo que consideran una traición a la patria.