Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de protección contra el Dakar

Los alegatos se llevarán a cabo el próximo lunes  6 de mayo 2013 en la 7° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Colegio de Arqueólogos de Chile se encuentra confiado, de la contundencia de los argumentos que prueban que la realización del Rally Dakar, constituye un quiebre para la legalidad chilena

Por Mauricio Becerra

04/05/2013

Publicado en

Medio Ambiente

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Los alegatos se llevarán a cabo el próximo lunes  6 de mayo 2013 en la 7° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Colegio de Arqueólogos de Chile se encuentra confiado, de la contundencia de los argumentos que prueban que la realización del Rally Dakar, constituye un quiebre para la legalidad chilena.

El pasado mes de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger a trámite el recurso de protección en contra de la versión 2014 del Dakar, interpuesto por el ecologista Mariano Rendón y Fundación Patrimonio Nuestro y del cual el Colegio de Arqueólogos de Chile AG., se hizo parte.

El Colegio de Arqueólogos de Chile ha tenido desde los inicios de la competencia pseudo deportiva Rally Dakar en nuestro país, una posición contraria y crítica sobre cómo ésta impacta y destruye sitios arqueológicos, situación que constituye un delito claramente tipificado en el artículo 38 de la Ley 17.288. El Colegio de Arqueólogos ha levantado públicamente la voz, y ha manifestado  que el Rally Dakar es un delito amparado, promovido y más grave aún blindado por el Estado de Chile, ya que por ley el organismo que debe perseguir a los culpables de daño o destrucción de sitios arqueológicos, es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), no obstante, éste se encuentra atado de brazos debido a que el Rally es una actividad auspiciada por el Instituto Nacional del Deportes (IND), el Consejo de Defensa del Estado, no puede perseguir al propio Estado, pese a que la comprobación de dichos delitos constituye una información pública y probada, por otro organismo también del Estado, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), quienes en documentación oficial han identificado un total, a la fecha de 207 sitios arqueológicos dañados hasta la versión 2012 del Dakar.

La agrupación profesional ha sostenido a través de distintos de medios de prensa nacional e internacional, su preocupación sobre cómo esta competencia quebranta las bases de la legalidad chilena y de lo incomprensible y jurídicamente insostenible que resulta que una empresa extranjera tenga los privilegios de vulnerar nuestra institucionalidad penal y ambiental. Esta postura llamó la atención de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, quienes citaron al Colegio a realizar una exposición más amplia y en profundidad del análisis jurídico y apreciación experta como arqueólogos, que teníamos sobre el cómo se planifica, se implementa y se desarrolla el Rally Dakar en Chile.  El análisis que hemos hecho público es tan lógico y apegado a la ley que incluso llamó la atención del Ministerio del Turismo del Ecuador, quienes nos solicitaron nuestra opinión sobre cómo el Dakar afectaba patrimonialmente a Chile, esto dado que  ASO (Amaury Sport Organisation), empresa organizadora del rally, había manifestado su interés de incluir a este país en la ruta de la compentencia.

Los arqueólogos ha tratado de levantar una voz de alerta frente a la gravedad jurídica que rodea la impunidad en la que han quedado el daño y destrucción de los sitios arqueológicos causados por el Rally Dakar, y el tiempo nos ha dado la razón, prueba de ello es el angustioso oficio 5216/12 que envía el CMN al Ministro de Educación el 18 de diciembre del año pasado, en donde informan daños al patrimonio arqueológico producido por la realización de la competencia Dakar y solicita informe jurídico al CDE sobre las responsabilidades administrativas y penales que les pudieran caber “respecto del daño que se ha generado y que se conoce generará por el paso del Rally Dakar 2013”. Esto basado en que los artículos 38 y 39 de la Ley de Monumentos Nacionales pena con sanciones privativas de libertad, pecuniarias y administrativas a los “funcionarios públicos que de alguna manera faciliten su destrucción”.

Pese al tiempo transcurrido, desde la emisión de Oficio del CMN y de que el Colegio de Arqueólogos enviara una carta al destituido ex Ministro de Educación Harald Beyer, el pasado 13 de marzo, en dónde pedíamos nos informara sobre los resultados de la solicitud hecha por el Consejo de Monumentos Nacionales, aún notemos respuesta sobre si ésta se efectuó o no, y cuáles fue el pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado en torno a la materia. Esperamos que más allá de la coyuntura política, la actual Ministra Carolina Schmidt, pueda dar cuenta de esta acción que responde a las obligaciones propias de su cargo.

No obstante el pasado mes de febrero surgió una luz de esperanza cuando la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió a tramitación el recurso de protección interpuesto por Mariano Rendón y la Fundación Patrimonio Nuestro y del cual el Colegio de Arqueólogos de Chile se ha hecho parte, lo que permitirá que el próximo lunes 6 de mayo, nuestra organización pueda presentar ante los Ministro de la Corte, sus descargos respecto a cómo el Rally Dakar, ha quebrantado la ley vigente en Chile.

La presentación estará a cargo de la vicepresidenta del Colegio –arqueóloga y abogada- Paola González, quien ha desarrollado todo el análisis jurídico que han sustentado las opiniones que pública y jurídicamente ha hecho el Colegio de Arqueólogos de Chile, los alegatos se realizarán el próximo lunes 6 de mayo en la 7° Sala de la Corte de Apelaciones, ubicada en  Bandera N°344.

Para el Colegio de Arqueólogos de Chile, es muy relevante que la Corte de Apelaciones haya decido tramitar este recurso de protección y aprobado la participación de nuestra organización en los alegatos, ya que desde el año 2009 a la fecha, se han presentado un total de cinco acciones legales, todas desestimadas, pese a que año a año, se han ido obteniendo pruebas de daños y destrucción de sitios. Al parecer la denegación de justicia que hasta el año 2012 existió, hoy está cambiando.

El Ciudadano

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