El crítico escenario de la CONAF a 45 años de su creación

Pese al  impulso que tuvieron durante el gobierno de la Unidad Popular, las políticas de conservación no duraron mucho: junto con el golpe militar, llegaron nuevos directivos a la reciente CONAF. Un entonces desconocido Julio Ponce Lerou, quien ya era yerno de Augusto Pinochet, llegó a dirigir la corporación de derecho privado. De acuerdo a Manuel Salazar, biógrafo del hoy cuestionado empresario, los 5 años en que Ponce Lerou estuvo al mando se caracterizaron por el despojo institucional de la CONAF. “Ponce creó el DL 701, que bonificaba la plantación forestal y consiguió que la masa silvícola creciera a un millón de hectáreas en solo un lustro, siendo esa la base de la multiplicación de la riqueza de grupos forestales como los Angelini y los Matte”, señaló hace semanas en The Clinic.

Con la llegada de la democracia se intentó dar un giro en la política de CONAF, a través de iniciativas como el control de las quemas agrícolas y el fortalecimiento del sistema nacional de reservas forestales. En 2011, María Ignacia Benítez, ministra de Medio Ambiente de Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sin embargo, al alero del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el nuevo ministro Pablo Badenier (DC) presentó un nuevo proyecto, que aún se encuentra en trámite.

Sin embargo, pese a estar lejos de su promulgación, el proyecto de Servicio de Biodiversidad que reemplazaría en parte a la CONAF ya recibe críticas. Según señaló el presidente del Sindicato de Profesionales de CONAF, Manuel Soler, en la Comisión de Medio Ambiente en octubre del 2014, la “principal falencia del proyecto es una pobre definición de lo que es la biodiversidad”.  También preocupa a los funcionarios de CONAF el hecho de que el futuro SBAP no tendrá incidencia en territorio bajo propiedad privada o en las industrias extractivas como la minería o la generación eléctrica, que afectan directamente el cuidado de la biodiversidad, al paso que no modifica los códigos de agua y minería, sobreponiendo dichas normas sobre las que regulan las áreas protegidas. Al mismo tiempo, la Fundación Terram ha señalado que es necesario llevar a cabo el proceso de consulta indígena para que la tramitación sea completa.

El Consejo de Guardaparque señaló también sus reparos. El dirigente Julio César Vergara indicó ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado que una de sus principales preocupaciones es que “hay un trato común a la propiedad pública y privada de áreas protegidas, sin hacer un énfasis en la importancia estratégica que deben tener los territorios fiscales de conservación”.

Es precisamente el cuerpo de guardaparques uno de los sectores más preocupados con el traspaso al nuevo servicio. No sólo porque en su mayoría no son profesionales, sino que habitantes de los territorios en los que se emplazan las áreas protegidas: también porque la nueva ley no contempla un aumento de presupuesto.

De acuerdo a la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, FENASIC, Chile invierte tan sólo un dólar por hectárea protegida, mientras que países como Argentina invierten 8 dólares por el mismo territorio de conservación. Esta falta de presupuesto también se expresa en otras áreas: tan sólo un 3,1% de los fondos de CONAF se destina para quienes deben enfrentar incendios, bajo el ítem “asistentes de manejo del fuego”.

Esta situación saltó a la luz pública luego de la inédita huelga de brigadistas de CONAF en Valparaíso, que duró más de un mes. Anteriormente, los brigadistas de la Región del Bío Bío habían realizado otro paro en enero de este mismo año. Los trabajadores demandaban mejores condiciones contractuales y de seguridad para enfrentar los incendios forestales que año a año arrasan miles de hectáreas en la temporada de verano.

Éste déficit se ve agravado por los recientes incendios: la Reserva Nacional Conguillío, una de las que concentran el mayor afluente de turistas en el sur de Chile sufrió daños que según los expertos tardarán 100 años en recuperarse, incluyendo la quema de numerosas araucarias centenarias. A la fecha, son 34 mil las hectáreas arrasadas durante la temporada de fuegos sólo en la región de la Araucanía, un aumento del 92% en comparación con el año anterior.

Mientras crece el número de hectáreas dañadas, dentro de la misma Corporación Nacional Forestal el clima no es el mejor. En una carta enviada esta semana al ministro de Agricultura, Carlos Furche, los sindicatos acusaron graves problemas en algunas de las direcciones regionales y prácticas antisindicales, lo que derivó en la solicitud al Director Ejecutivo de renuncia de los directores regionales denunciados. Paralelamente, han manifestado ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado el nulo avance de las mesas técnica de trabajadores y autoridades para el mejoramiento del proyecto de ley del nuevo Servicio de Biodiversidad, en las que las autoridades de la CONAF no se hacen presentes desde enero.

A la fecha, el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad contiene cerca de mil indicaciones, lo que augura que probablemente derive en una comisión técnica, demorando aún más su tramitación y manteniendo en vilo la protección de cerca de 15 millones de hectáreas.