Gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú que promueve la justicia ambiental en América Latina y el Caribe

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, ratificó la negativa del Gobierno de Chile de firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, cuyo plazo para suscribir concluye el próximo 26 de septiembre.

«El acuerdo, en opinión del Gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito», dijo el canciller ante la Comisión de RR.EE. del Senado, según cita el diario El Mercurio.

Según Allamand, el Gobierno se encuentra analizando cuatro puntos relevantes de esta iniciativa: el contenido de los cambios que traerá en la legislación ambiental de Chile; el alcance interpretativo de ciertos principios del pacto; las obligaciones a las que se comprometería el país si firma; y la posibilidad de que el texto sea eventualmente llevado a tribunales internacionales.

El Acuerdo de Escazú, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) es el primer tratado multilateral en la región sobre asuntos ambientales y brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular.

Desarrolla tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Además, incluye disposiciones sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El pacto, que fue impulsado en un comienzo por Chile y Costa Rica, tiene como fecha para su entrada en vigencia el próximo 26 de septiembre y los países de la región tienen hasta ese día para ratificar su suscripción.

A la fecha solo han firmado 22 naciones, y tan sólo nueve lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay.

Sin embargo, el Acuerdo de Escazú, solo puede hacerse efectivo una vez que se obtengan 11 ratificaciones.

La declaración de Allamand es la última palabra del Gobierno, tal como adelantó ayer el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Ante esta decisión, las comisiones de medioambiente de doce partidos de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, solicitaron al Ejecutivo que suscriba el pacto.

Mediante una declaración pública señalaron que de “no firmar el Acuerdo, el Gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que traería la falta de seriedad en sus políticas multilaterales”.

“El Acuerdo de Escazú viene a saldar una deuda de justicia con la ciudadanía que cuida del medio ambiente, a protegerla y a garantizar sus derechos”, y acusan que esta es “la última oportunidad que tiene este Gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”, sostienen.

Igualmente destacaron en el texto que Latinoamérica se ha constituido como “la región más peligrosa del mundo para ser activista medioambiental, donde más de 200 personas fueron asesinadas en 2019”, destacando el caso de la activista Macarena Valdés. Frente a esto, aseguran que el pacto de Escazú viene a reforzar “la protección de los dirigentes sociales y ambientales, la autonomía y participación de la ciudadanía”.

Suscribieron la declaración pública: Convergencia Social, Revolución Democrática, Fuerza Común, Partido Comunes, Partido Liberal, Partido Federación Regionalista Verde, Partido Comunista, Partido Progresista, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Socialista y Partido Por la Democracia.

Varios senadores de oposición también condenaron la postura del Gobierno.

“Yo lo lamento, pero le quiero decir que más temprano que tarde Chile va a suscribir y ratificar ese tratado, eso se lo garantizo”, dijo el PPD Ricardo Lagos Weber.

Mientras, el senador RD Juan Ignacio Latorre también cuestionó la postura del Gobierno, señalando que “los tratados de libre comercio sí son convenientes para Chile, pero los tratados de Justicia Ambiental no son convenientes para el país. Este Gobierno es una vergüenza”.

Por su parte, el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez indicó que “las razones para no firmar son poco claras, confusas, no dejan satisfecho a nadie. El acuerdo de Escazú nos invita a democratizar la información ambiental, instalar mecanismos sólidos de participación ciudadana en proyectos que involucren impacto ambiental y aumentar la protección sobre las y los activistas ambientales en una región particularmente acechada por la persecución de liderazgos ecologistas”.

“Escazú es más y mejor democracia. Mientras los demás países de la región adhieren, Chile los mira en silencio, ¿a qué le tiene miedo el Gobierno?”, cuestionó el parlamentario.

Con información de El Mostrador y Cooperativa.

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