Barbosa critica la adhesión de cámaras empresariales a intereses de familia Jenkins

Gran molestia mostró el gobernador Barbosa Huerta contra la propaganda originada en ciertos empresarios en el sentido de que la intervención del Gobierno del Estado en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) podría impactar negativamente la actividad económica de Puebla y Cholula.

La ira del gobernador también pudo estar dirigida al Consorcio Universitario de Puebla, que el día primero del presente mes publicó un comunicado en apoyo a la UDLAP, donde llamaban a privilegiar el diálogo y a respetar el estado derecho durante la resolución de los conflictos.

Sin embargo, el gobernador cuestionó estas alusiones al estado de derecho, siendo que durante el desfalco a la fundación se prestaron oídos sordos a dicho ilícito, a pesar de que quienes ahora llaman al estado de derecho tenían plena conciencia de la irregularidad que se estaba perpetrando.

“¡Aquí no vamos aceptar desmadres! ¿Qué opinan de que los 750 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins estén en Panamá?”.

Que me digan esos jefecitos de las cámaras empresariales si eso es estado de derecho. ¿Más privilegios? (…) Aquí no admitimos desmadres, aplicamos la ley”.

Miguel Barbosa Huerta

El gobernador denunció que el patronato de la Fundación no se condujo de manera horizontal sino de forma subordinada a la familia Jenkins; además, acusó que miembros de dicha fundación se acercaron a él para intentar imponer nombres en la Junta de Vigilancia de Entidades de Beneficencia, a pesar de que esta junta constituye un órgano del Gobierno del Estado.

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El gobernador también acusó que los miembros de la Fundación se acercaron a él para proponer acuerdos “de otro tipo”, a lo que él se habría negado de forma rotunda, mostrándose irreductible en la aplicación del estado de Derecho.

Para fundamentar su exposición, Barbosa Huerta glosó un recuento histórico de la Fundación, desde la conformación de la fortuna de Guillermo Oscar Jenkins Biddle, el designio en su testamento del tránsito íntegro de su fortuna a la Fundación Mary Street Jenkins tras su muerte y la supervisión de dicha Fundación mediante la Junta Para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Pública.

En cuanto al mecanismo de extracción irregular de los recursos de la Fundación, el gobernador explicó:

“Hubo una confabulación de los señores Jenkins para poder sacar todo el dinero de la fundación y todos los bienes. Fue una confabulación de los Jenkins, de los del patronato y llevada a cabo con anuencia de la entidad pública del Gobierno del estado.

Mandaron el dinero de MSJ a una nueva fundación en Aguascalientes, de ahí se lo llevaron a Jalisco, donde tiene su sede un grupo de abogados que asesora a los Jenkins. Eso lo pelearon con Guillermo Jenkins, quien sostuvo que se debería respetar la voluntad del abuelo, quien dijo que debían respetar la canonjía de mil dólares mensuales de pensión. De Jalisco fue enviado a Barbados y de ahí a Panamá”.

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla

Finalmente, el gobernador notificó que el rector Luis Ernesto Derbez Bautista no tiene nada que temer del Gobierno del Estado… siempre y cuándo no se haya prestado para ningún manejo turbio dentro de la UDLAP.

Este episodio se suma al largo conflicto entre el gobernador Barbosa, la familia Jenkins y el Consorcio Universitario, desarrollado en una larga línea de intercambios que han pasado por bloqueos legislativos por un lado y emisión de decretos tildados como «expropiatorios» por la contraparte.