Seis integrantes están acusados de saquear 14 mil millones de pesos de la Fundación

La miserable historia de la multimillonaria familia Jenkins

Los Jenkins de Landa afirman que son víctimas de una campaña de desprestigio, por parte del primogénito de la familia, Guillermo, a quien acusan de querer apoderarse del patrimonio del ente caritativo

Por Gabriela Hernández

Puebla. El cerco legal contra seis integrantes de la familia Jenkins, acusados de saquear más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), se cierra por tres vías.

Por un lado, el gobierno de Puebla; a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (Jciap), se sumó desde el año pasado a la denuncia que interpuso en 2016 el primogénito de la familia, Guillermo Jenkins de Landa, en contra de su madre, sus cuatro hermanos y un sobrino.

Como parte de esta denuncia; el 16 de marzo, un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión contra los miembros de esa familia.

Delito de fraude

La segunda orden en contra de los Jenkins de Landa fue emitida el 4 de junio por un juez de control de Puebla, en base a una denuncia que interpuso el gobierno de Puebla, a través de la Jciap, por el delito de fraude.

Al mismo tiempo, la Junta abrió un proceso administrativo en contra de los miembros de la familia, patronos de la FMSJ, acusados de convertir al ente filantrópico más rico del país en “un cascarón” en perjuicio de la sociedad poblana. 

En los tres procesos, Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como la madre de éstos, Elodia Sofía de Landa Irizar y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins, son señalados de haberse llevado casi la totalidad del patrimonio de la Fundación a paraísos fiscales para apropiarse la fortuna.

También se giraron órdenes de aprehensión contra de los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, acusados de haber operado el entramado jurídico para consumar este presunto desfalco.

Juicio civil del gobierno local

El gobierno de Puebla promovió también un juicio civil para embargar cuentas y propiedades de los implicados en este caso, a fin de garantizar la recuperación de los 720 millones de dólares que presuntamente se apropiaron.  

Y mientras existen versiones de que en cualquier momento podría solicitarse su extradición -pues se especula que se encuentran en California, Estados Unidos-. Los Jenkins de Landa emitieron el 15 de junio un comunicado en el que aseguran ser víctimas de una campaña de desprestigio “dolosa y falsa”.

Acusan al primogénito de la familia, Guillermo, de patrocinar esa campaña con la intención de apoderarse del patrimonio del ente caritativo; a la vez que afirman estar “localizables” y ejercitando su derecho a “una defensa objetiva”. Con la promoción de amparos ante el Poder Judicial de la Federación.

“El patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, es privado, no es propiedad pública como se ha querido establecer con un sentido de apropiación y faltando a la verdad. A pesar de las controversias judiciales, la fundación y su patronato siguen haciendo su labor pues sus recursos se destinan a las labores de apoyo a la comunidad previstas en su objeto”

Los Jenkins
Postura

El andamiaje

En su denuncia, Guillermo Jenkins de Landa afirma que sus parientes idearon un andamiaje para apropiarse de la herencia que su abuelo William O. Jenkins dejó a nombre de la fundación -creada en 1954 a nombre de su abuela Mary Street Jenkins- para promover la educación, el deporte, la salud y la cultura de México y en particular de Puebla; donde es benefactora de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Colegio Americano; además de los Clubes deportivos Alpha. 

En su testamento, el empresario Jenkins desheredó a sus descendientes, bajo su premisa de que “nadie con capacidad de trabajar debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo”. Aunque tampoco los dejó en el desamparo, pues dispuso que cada uno podía recibir una pensión mensual de mil dólares que les permitiera “vivir decentemente, pero no para vivir sin trabajar”.

Cuantiosa donación de la fundación en 2014

En las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se ha documentado que, el 30 de abril de 2014, la Fundación Jenkins donó 720 millones de dólares, que era casi todo su patrimonio, a la Fundación Bienestar de Filantropía (FBdF) de Aguascalientes.

De acuerdo al expediente, Virgilio Rincón Salas, junto con los abogados González Muñoz y Román Hernández, del despacho Rincón, Mayorga, Román, fungieron como apoderados legales en esa operación. Después los mismos abogados se convirtieron en consejeros de Bienestar de Filantropía, la cual cambió su domicilio a Barbados y luego a Panamá.

En ese último país, según el acta 19887 del 7 de diciembre de 2015 notariada por Roberto R. Rojas C.- FBdF cambió de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FpDL) y se transformó en una “fundación de interés privado”.

Como beneficiario principal del patrimonio y del producto del mismo –que antes era para obras caritativas- se designó a Guillermo Jenkins Anstead.

A la muerte de Jenkins Anstead en 2016, se sustituyó el reglamento de esa fundación para que la viuda, sus hijos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos, y los descendientes de éstos, fueran los nuevos beneficiarios.

Distribución de la riqueza

Según documentos en poder de este medio, a Elodia de Landa se le asignó el disfrute de hasta 600 mil dólares anuales, que podrían extenderse a otros 120 mil dólares, y esta misma cantidad que se otorgó a cada uno de los hijos. Es decir, la viuda podía recibir hasta un millón 320 mil pesos mensuales y los hijos 220 mil cada uno por mes. Además, dispusieron que esa cifras se actualizarían cada año.

En un anexo se enlistaron los bienes de la FpDL y que serían ahora para disfrute de la familia: 19 inmuebles; 21 vehículos; un helicóptero Agusta; casi 60 obras de arte; acciones en las sociedades Proyectos Nuevo Siglo, Reforma Bicentenario y Katzi LLC, así como cuentas bancarias y valores, que a julio de 2016 reportaban 81 millones de dólares (65 por ciento menos que los 230 millones que en 2014 retiraron del portafolio de inversiones que la FMSJ tenía en Estados Unidos). 

En su Estado de Situación Financiera de junio de 2016, la FpDL reporta un balance de 387 millones de dólares. Cantidad casi un 50 por ciento menor a los 720 millones que Fundación MSJ donó en 2014 a Bienestar de Filantropía. 

También, la escritura de FpDL abre la posibilidad de que ese ente pueda disolverse y que el patrimonio se distribuya entre los beneficiarios; o sea entre la familia.

En 2015 como parte de este andamiaje, lo que quedó de la Fundación Jenkins, la Fundación UDLAP, el Colegio Americano y el Club Alpha, entre otras, cambiaron, sin autorización de la JCIAP, su domicilio de Puebla a Jalisco.

Al amparo de Moreno Valle

Carlos Serna, abogado que ha representado a Guillermo Jenkins Landa en este caso, reconoce en entrevista con Proceso que hasta 2018, las denuncias contra los Jenkins parecían encaminarse a la derrota. Pese a que cada paso que siguieron para “saquear” la FMSJ lo habían documentado con actas oficiales.

Aunque Virgilio Rincón Salas, abogado de la familia, justificó en entrevista con Reforma publicada el 15 de marzo que el traslado del patrimonio de la fundación se hizo para “resguardarlo” del finado exgobernador Rafael Moreno Valle, quien quería quedarse con el dinero y con la UDLAP, Serna sostiene que fue todo lo contrario.

Afirma que “en la Puebla de Moreno Valle” distintos funcionarios le hicieron saber que había instrucciones para que nada se moviera en torno a este asunto.

Así, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (Jciap), que era la facultada para intervenir, se declaró incompetente ante ocho denuncias que presentaron desde 2013 para advertir que los Jenkins de Landa habían tomado el control del patronato, expulsaron a Guillermo Jenkins de Landa, cambiaron los estatutos y empezaron a sacar provecho personal del patrimonio que era para obras filantrópicas (Proceso 1965).

Además, indica que el “ambiente sumamente hostil” que Rincón Salas asegura había contra la Fundación, difiere con la pública relación que Roberto Jenkins de Landa –considerado el líder la familia- tuvo con Moreno Valle. Incluso al asistir a eventos públicos como la inauguración del Museo Internacional Barroco en 2016, al cual la FMSJ donó una maqueta de la Puebla virreinal.

“Si querían poner a salvo la fundación de Moreno Valle, como dicen ¿Por qué no se la llevaron completa a Jalisco? ¿Por qué se llevaron sólo el cascarón?”

Virgilio Rincón Salas
Abogado

También, recuerda que fue el rector de la UDLAP, Ernesto Derbez Bautista, quien rechazó que hubiera una mala relación con el gobierno de Moreno Valle en una carta que dirigió a Proceso el 9 de marzo de 2015.

Serna indica que fue hasta la muerte de Moreno Valle y la gobernadora Martha Erika Alonso -en diciembre de 2018- y tras los cambios de gobierno estatal y federal, que se reactivó este caso. “Son los mismos documentos vistos por nuevos ojos”, resume el abogado.

Esos “nuevos ojos” en el caso de la FGR son los de Alejandro Gertz Manero, quien, como rector de la Universidad de Américas de la Ciudad de México, se enfrentó por 14 años precisamente contra la Fundación Jenkins. En 2009, el hoy Fiscal ganó un juicio sobre los derechos de marca, logotipo y lema que habían compartido la UDLA de la Ciudad de México con UDLAP.

Luis Ernesto Derbez, operador político

El exsecretario de Economía y canciller, Derbez Bautista, habría sido el “operador político” para facilitar la sustracción del patrimonio de la FMSJ, según el abogado.

Derbez aparece como socio de los abogados González Muñoz y Rincón Salas, en la empresa Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales, inmobiliaria que se creó precisamente para administrar los arrendamientos de inmuebles que antes fueron de la FMSJ y que se “donaron” a Bienestar de Filantropía, ahora llamada Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.

Cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta dice que esto se hizo bajo la colusión de hombres de poder, no sólo fueron poderosos de Puebla, sino también del gobierno de Enrique Peña Nieto”, refiere el abogado. Revela que, por ejemplo, la Fundación Bienestar de Filantropía tenía 12 RFCs (Registro Federal de Causantes). “Los trámites de eso, tienen que llegar a niveles muy altos”, recalca.

La teoría, refiere, es que para la familia Jenkins de Landa no resultaba tan atractiva la Fundación UDLAP; que implica supervisión y análisis financieros complicados, por lo que habrían hecho un trato con Derbez para dejarle a esa institución como su “feudo”. Según esto, los Jenkins le habrían permitido ser una especie de “rector propietario”, a cambio de conseguir la ayuda a nivel federal para llevarse la fortuna al extranjero.

El embargo en 2017

Otra resolución sobre este caso, la emitió el Tribunal de Justicia Administrativa sobre un juicio de amparo que promovió la FMSJ en contra del embargo que el SAT aplicó en 2017 sobre el campus de laUDLAP, la única propiedad que dejaron a nombres de la fundación.

El SAT reclamó a la Fundación Jenkins el pago de 650 millones de pesos por impuestos derivados de la donación que hizo en 2014 a la Bienestar de Filantropía, aunque el ente caritativo alegaba que procedía una exención tributaria.

El TJA confirmó el embargo al concluir que la donación no se sustentó en los estatutos de la fundación, ni podía considerarse un acto de beneficencia pues Bienestar de Filantropía no tenía derechos para ser beneficiario.

Serna advierte que el proceso administrativo que ya inició la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, es considerado el más importante por su representado Guillermo Jenkins de Landa.

Donación a la fundación de Aguascalientes

El abogado, Virgilio Rincón Salas, dice que la JCIAP ya emplazó a los seis integrantes de la familia; miembros del patronato, para que expongan su justificación sobre la donación que hicieron a la fundación de Aguascalientes.

Si se toma en cuenta el razonamiento expuesto por el TJA, considera que la donación de 720 millones de dólares tendrá que declararse ilegal, lo que llevaría a la anulación de todas las operaciones posteriores, incluido el cambio de domicilio a Jalisco, que igual contravenía los estatutos.

Como parte de este proceso, dice que los seis miembros de la familia tendrían que ser destituidos del patronato, al tiempo que la fundación, con todo el patrimonio que poseía, debe retornar a Puebla, “de donde nunca debió salir conforme a la voluntad de su fundador”.

Además, agrega, pedirán que Guillermo Jenkins de Landa sea restituido como patrono, luego que fue expulsado por sus parientes al oponerse a esas acciones.

Por lo que se gastaron, tendrán que responder quienes sean responsables ya sea con su patrimonio o como proceda, según la ley”, advierte, aunque afirma que encarcelar a los Jenkins nunca ha sido el objetivo de su representado.

Al cuestionarle sobre la versión de que Moreno Valle obtuvo parte de la fortuna a cambio de solapar el saqueo, Serna responde:

“¿A qué cuentas fue a parar el dinero? Es parte de las pesquisas que tendrían que hacerse, aunque aún no se sabe hasta dónde llegarán las investigaciones”

Carlos Serna
Abogado que ha representado a Guillermo Jenkins Landa

El Ciudadano / Agencia APRO


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