Congreso «descongelaría» iniciativa sobre protección a víctimas

La diputada local Mónica Silva Ruiz buscará que el Congreso de Puebla tome en cuenta la iniciativa que presentó hace casi un año, con la que las sindicaturas de los 217 municipios puedan emitir órdenes de protección a víctimas de violencia.

El martes 4 de octubre, Blanca Esmeralda, una madre que buscaba a su hija Betzabé, fue asesinada en Villa Frontera. Este sería el segundo caso en el que una víctima de feminicidio habría solicitado medidas de protección ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y no le fueron otorgadas.

Más información: Subregistro de feminicidios en Puebla: Observatorio de Ibero

La primera fue la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el pasado 21 de mayo en un hecho similar.

Su propuesta pretende reformar varias disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para que las órdenes de protección se otorguen de oficio o a petición de parte, cuando las autoridades tengan conocimiento de un hecho de violencia.

La iniciativa fue presentada durante el primer período ordinario, el 25 de noviembre de 2021, pero excedió los 180 días con los que contaba para ser dictaminada, pues no inició su análisis en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia; la de Igualdad de Género; y la de Asuntos Municipales.

En entrevista, Silva Ruiz recordó que hasta el momento sólo hay dos autoridades reconocidas para emitir órdenes de protección: la FGE y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aunque lamentó que en la mayoría de las ocasiones las víctimas no saben cómo solicitarlas, lo que podría dificultar su activación.

Señaló que insistirá en que su iniciativa sea analizada, en especial porque de aprobarse, las autoridades municipales también estarían facultadas para brindar más herramientas de prevención a las mujeres; además, confió en que al existir proyectos similares presentados en tribuna no se quede en la congeladora.

Resaltó que todas las personas que son víctimas de un delito, y en especial las mujeres, merecen ser acompañadas por las autoridades competentes; asimismo, que al momento de emitir sentencias se apliquen penas suficientes, para que se alcance la justicia de la mejor manera posible.

“Cuando hay un tema de una muerte violenta de alguna mujer, o algún feminicidio, no solamente falla alguna institución, falla todo el estado y fallamos como sociedad en su conjunto”

La propuesta detalla que la emisión de las órdenes de protección será competencia de las juezas y jueces municipales, en los municipios en los que no se encuentre la cabecera del Distrito Judicial al que pertenezcan, y cuando se justifique que no se pueda acudir ante la o el juez Civil o Familiar.

También, que las autoridades administrativas que tengan conocimiento de un posible delito en contra de una mujer o una niña, deberán denunciar el caso inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tenga.

Foto: Agencia Enfoque

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