El Salvador aprueba su sexta prórroga del estado de excepción

La Asamblea Nacional de El Salvador aprobó este miércoles la sexta prórroga del estado de excepción en el país, que cumplirá su séptimo mes bajo el mecanismo que permite al Gobierno salvadoreño a suspender ciertas libertades y garantías, alegando a su lucha contra las pandillas.

Con 65 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento de El Salvador ha sacando adelante una nueva prórroga que iniciará el próximo 19 de septiembre y se mantendrá durante 30 días más, como lo solicitó este miércoles el Ministerio del Interior.

Como con cada prórroga, el Gobierno asegura que la extensión del estado de excepción sirve para continuar combatiendo a “pandilleros terroristas” y protegiendo a las familias que “día a día trabajan por un mejor futuro”.

En los 171 días de vigencia del régimen de excepción, se han capturado a 52 mil personas y se han contabilizado 99 días sin asesinatos, lo que implica una reducción de la violencia, según ha detallado la Asamblea Nacional salvadoreña en un comunicado.

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones, entre otras restricciones.

Naciones Unidas y organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las “evidencias graves” de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.

A principios de septiembre, el fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció el procesamiento del tuitero Luis Alexander Rivas Samayoa, a quien señaló por atentar contra la integridad de las personas y que había sido detenido por supuestamente ofender al presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con el portal El Faro, a Rivas se le aplicó el régimen de excepción que impera en el país para el combate a las pandillas. El delito imputado al tuitero, conocido como “desacato” y que el Código Penal salvadoreño define como la ofensa de hecho o de palabra a un funcionario, podría significar una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, e incluso cuatro si el ofendido es el presidente del país.

Con información de Aristegui Noticias

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Foto: Especial

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