Los tres infractores tienen sentencias firmes

Hay tres poblanos en registro nacional por violencia de género

La consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, dio a conocer que fueron acreditadas las agresiones contra mujeres, por parte de dos exediles y un reportero

Por David Celestino

05/12/2021

Publicado en

Género / México / Portada / Puebla

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Dos expresidentes municipales y un reportero de Puebla se encuentran en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), tras acreditarse agresiones contra funcionarias mujeres en la entidad.

Así lo señaló la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, quien comentó en entrevista que los tres infractores tienen sentencias firmes.

Actitudes misóginas contra regidora

El último agresor en figurar en el padrón fue el exalcalde de Santiago Miahuatlán, Edmundo Jesús Ramírez Castillo, quien fue sentenciado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), por actitudes misóginas contra la entonces regidora de Regulación Vial y Nomenclatura.

El pasado 9 de septiembre, el tribunal local ordenó al entonces municipe dar una disculpa publica a la funcionaria, darle un espacio digno para laborar y tomar un curso de sensibilización de género.

  • Además, Ramírez Castillo estará inhabilitado en el servicio público.

Daño a la panista Genoveva Huerta

El segundo en entrar al RNSP fue el reportero Gerardo Ruiz Herrera, por comentarios misóginos contra la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas.

El primer poblano agregado

Fue el exalcalde de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, el primer poblano en ingresar al registro de agresores, tras reincidir en violencia verbal y laboral contra una regidora.

Al respecto, Humphrey Jordan señaló que en algunos casos los partidos políticos no desahogan «en tiempo» denuncias de sus militantes, mientras que el INE no puede investigar casos dentro de la función pública, como el caso de los Congresos locales o la Cámara de Diputados.

Recalcó que la ley electoral debe endurecer los mecanismos para evitar candidaturas de agresores, como la declaración 3 de 3, donde los aspirantes comprueban no tener antecedentes por delitos sexuales, contra la libertad sexual o ser deudores alimentarios.

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