El gobierno de El Salvador negó al congresista estadounidense Glenn Ivey la posibilidad de visitar en prisión a Kilmar Ábrego García, un migrante deportado desde EE.UU. a pesar de contar con un estatus legal que lo protegía. Ivey denunció que la negativa se dio a pesar de haber solicitado formalmente el acceso con antelación, en coordinación con autoridades diplomáticas de ambos países.
El congresista, representante del distrito de Maryland donde residía Ábrego, señaló que su intención era comprobar el estado físico y legal del joven salvadoreño, así como conocer si se respetaban sus derechos fundamentales. Durante su visita a El Salvador, también había solicitado reunirse con el vicepresidente Félix Ulloa, cita que tampoco se concretó.
Kilmar Ábrego, quien huyó de su país debido a amenazas de la pandilla Barrio 18, había obtenido protección judicial en EE.UU. desde 2019, cuando un juez de inmigración dictaminó que no podía ser devuelto a El Salvador por el riesgo de persecución. Sin embargo, en marzo de 2025 fue deportado por la administración Trump bajo un instrumento legal reservado para tiempos de guerra: la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
A su llegada, Ábrego fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Posteriormente, fue trasladado a una cárcel de menor nivel, aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre su paradero actual. Su abogado ha solicitado pruebas de que está vivo, pues no ha habido noticias de él desde el 17 de mayo.
Desde EE.UU., autoridades admitieron que la deportación fue un “error administrativo”, ya que no se respetó la orden judicial que lo protegía. Pese a esto, el expresidente Donald Trump y otros funcionarios han continuado señalando a Ábrego como presunto integrante de la pandilla MS-13, sin que existan cargos penales en su contra.
Grupos de derechos humanos han denunciado que Ábrego forma parte de los más de 200 migrantes deportados y recluidos sin contacto con sus familias ni defensa legal, situación que califican como una “desaparición forzada”.
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Aunque la Corte Suprema estadounidense falló a favor de facilitar su retorno, la orden aún no ha sido ejecutada. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido enfático en su rechazo a devolverlo, insistiendo en su vínculo con organizaciones criminales, una acusación negada por su abogado y familiares.
Foto: Redes
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