En un giro que ha levantado fuertes críticas por su potencial para alentar la violencia civil, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado que los ciudadanos tienen el derecho de atropellar manifestantes si consideran que su seguridad está en riesgo, afirmó en el pódcast The Rubin Report:
“Si al escapar atropella a una de estas personas, la culpa es de ellas por rebasar los límites”.
Las declaraciones, hechas en medio de un clima tenso por las protestas contra la política migratoria de la Casa Blanca, constituyen algo más que una simple opinión. DeSantis está enviando un mensaje claro: en Florida, la desobediencia civil será tratada no con diálogo o contención, sino con fuerza bruta y respaldo legal a quien decida ejercerla por mano propia.
La criminalización de la protesta no es nueva en la agenda del gobernador, pero esta vez el alcance es alarmante. Al equiparar manifestantes con amenazas letales y ofrecer una justificación legal para arrollarlos, DeSantis introduce una peligrosa ambigüedad.
Esta postura se suma a su reiterado desprecio por las formas tradicionales de expresión social. Mientras que estados como California lidian con los disturbios mediante medidas de contención y diálogo, Florida apuesta por la militarización preventiva y la legitimación del atropello. Advirtió DeSantis: “Ya tenemos a nuestros recursos estatales en alerta”.
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Las palabras del gobernador cobran especial gravedad ante el contexto nacional: Estados Unidos vive un momento de efervescencia social, donde miles de personas han salido a las calles para exigir justicia y rechazar políticas migratorias percibidas como inhumanas. Sin embargo, en lugar de abordar las causas de la protesta, DeSantis parece más enfocado en silenciarla —aunque eso implique poner vidas en peligro.
La violencia nunca debería ser la respuesta institucional frente a la protesta, menos aún cuando proviene del Estado. La línea entre defenderse y atropellar la democracia es delgada. Y en Florida, parece que ya ha sido cruzada.
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