Petro acusa a EE.UU. de «asesinato sistemático» de civiles caribeños y lleva a tribunales muerte de pescador colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusa a EE.UU. de asesinato sistemático de civiles caribeños y decidió llevar a los tribunales la muerte de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta que perdió la vida durante un ataque contra lanchas que Washington vinculó al transporte de drogas en el mar Caribe. Lejos de tratarse de un caso aislado, el mandatario lo enmarca en una serie de operativos militares que, según denuncia, han dejado decenas de víctimas civiles en la región.

Petro informó que su abogado, el estadounidense Dan Kovalik, asumió la defensa jurídica de la familia Carranza, abriendo una ruta legal que busca esclarecer responsabilidades en este ataque y en otros similares. A su vez, Petro calificó la muerte del pescador como un «asesinato estadounidense» y lamentó la falta de solidaridad con las víctimas, subrayando el desequilibrio de poder entre las comunidades costeras y las decisiones militares adoptadas desde Washington.

A través de su cuenta en la plataforma X, el presidente colombiano sostuvo que la agencia jurídica del Estado —cuya prioridad, remarcó, debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia— debe convocar una comisión de abogadas y abogados colombianos para investigar los crímenes cometidos en el mar Caribe. Esta comisión tendría el encargo de revisar no solo el caso Carranza, sino también otros ataques atribuidos a la política militar de Estados Unidos en la zona.

Abogados estadounisenses de los dos partidos se unen para examinar la política del secretario de guerra de Trump que ha ocasionado el asesinato a civiles caribeños bajo sus ordenes directas

Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Petro acusa a EE.UU. de asesinato sistemático y habla de delitos de lesa humanidad

En ese contexto, Petro reiteró su señalamiento directo contra Washington. Según recordó, la Casa Blanca ha anunciado 20 ataques desde agosto de 2025, en el marco de la llamada lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. De acuerdo con lo denunciado por el mandatario, esas operaciones habrían provocado la muerte de más de 80 personas, muchas de ellas civiles de comunidades costeras.

En una de sus publicaciones, el presidente colombiano afirmó que se trata de «un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad«. Con esa frase, Petro coloca el debate en el campo del derecho internacional y los estándares de derechos humanos, apuntando a la necesidad de investigar las cadenas de mando, la planificación de las operaciones y el eventual desprecio por la vida de personas que no participaban del conflicto armado ni del negocio del narcotráfico.

El discurso del mandatario también llama a la acción colectiva en el Caribe. «Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar», señaló, proponiendo que las comunidades se organicen para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición frente a los ataques militares en la región. El mensaje interpela directamente a las poblaciones costeras —muchas de ellas empobrecidas y racializadas— que suelen quedar al margen de las decisiones de seguridad tomadas por grandes potencias.

Pienso que lo que se ha hecho en el Caribe es un asesinato sistemático que es un delito de lesa humanidad.

Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirsen y actuar. pic.twitter.com/QC9LHHs5L1

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Comisión de abogados y soberanía: ofensiva jurídica desde Colombia

Como parte de esta ofensiva, la propuesta de Petro es que la agencia jurídica del Estado convoque una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe y acompañar judicialmente a las familias afectadas. En el caso de Alejandro Carranza, el objetivo es establecer las circunstancias exactas del ataque, determinar responsabilidades y abrir la puerta a demandas contra quienes hayan ordenado y ejecutado la operación.

La investigación no se limitaría a un solo episodio. La comisión buscará documentar otros asesinatos de civiles en el Caribe, mapear los patrones de uso de la fuerza y enfrentar la narrativa que presenta estos ataques únicamente como golpes “quirúrgicos” contra el narcotráfico. En clave de soberanía, la decisión de Petro apunta a que Colombia no solo sea escenario de operaciones militares extranjeras, sino también sujeto activo en la defensa de los derechos de su población.

Desde una perspectiva de derechos humanos y de género, la preocupación también alcanza a las familias que quedan atrás: mujeres, niñas, niños y diversidades que enfrentan duelos, empobrecimiento y estigmatización cuando un familiar es asesinado bajo el rótulo de “sospechoso” o “colateral” en acciones armadas. La intención de llevar estos casos a tribunales también busca visibilizar esos impactos silenciosos.

El caso de Alejandro Carranza se convierte así en un símbolo de algo mayor: el intento de desafiar el uso de la fuerza en contextos donde la línea entre combate al narcotráfico y violencia contra civiles suele difuminarse. Si la ofensiva jurídica prospera, podría abrir una puerta para que otras víctimas caribeñas —y sus familias— puedan exigir justicia frente a lo que el propio mandatario ha descrito como «un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad».