Mientras la Contraloría investiga al alcalde republicano Eduardo Espinoza, la situación desata debate sobre la confianza ciudadana y la probidad en la comuna y en el concejo municipal de Macul.
La comuna de Macul sigue en el centro de la polémica tras la confirmación de que la Contraloría General de la República (CGR) investiga el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios municipales, incluyendo al alcalde Eduardo Espinoza. Las sospechas se intensificaron luego de un viaje del edil a Tacna, Perú, el 2 de marzo de 2024, mientras se encontraba con incapacidad laboral.
Esta situación ha fracturado el Concejo Municipal y alarmado a los vecinos. La concejala María Gómez Araya (Partido Republicano), quien ha apoyado al Alcalde hasta el momento, reconoce que existen ánimos de destitución, pero enfatiza en la necesidad de esperar la resolución de la Contraloría: “si bien estamos expectantes, no se puede dar por hecho algún acto sin tener el informe finalizado con la respectiva resolución”, afirmó.
Por su parte, la concejala Margarita Figueroa Huenutripai, del Partido Comunista, quien ha sido crítica del Alcalde en el Concejo Municipal. comparte la postura de esperar el dictamen de CGR para actuar, pero si así se determina, ella se muestra categórica: “estoy disponible para realizar esa acción administrativa, porque considero que la falta de la probidad es una exigencia para todas las autoridades electas por elección popular”.
La concejala comunista es crítica del concejo municipal, señalando que éste “se unió en torno a la protección del alcalde más que a indicar que el hecho que él haya salido del país con licencia médica es una falta grave de probidad”. Esta “protección”, a su juicio, se manifiesta en la tendencia de algunos ediles a referirse a otras situaciones que están en proceso de investigación que no tienen resolución, desviando la atención del caso de la licencia de forma beneficiosa para el alcalde”, al decir que “se le ha quitado un poco la responsabilidad y la gravedad del asunto”.
Las posturas de las concejalas Gómez y Figueroa evidencian la tensión y las diferentes visiones dentro del Concejo Municipal de Macul. Más allá de la espera por el dictamen de Contraloría, este escenario ha expuesto profundas fracturas en la dinámica interna del organismo, revelando cómo la situación del alcalde ha impactado directamente en las relaciones entre sus miembros.
Pese a sus veredas opuestas, ambas concejalas coinciden en el impacto negativo que esta situación está significando en los habitantes de Macul hacia la institución. Mientras Gómez Araya asegura que desde que se publicó el informe de Contraloría “se ha producido una decepción y una molestia generalizada, los vecinos se encuentran negativos frente a las gestiones que está realizado la administración”, su par Figueroa es enfática: “por supuesto que afecta la confianza en las instituciones y en sus autoridades”, concluyó.
Sin lugar a dudas, es la Contraloría General de la República quien tiene la última palabra, y su resolución determinará el futuro político de Macul y la credibilidad de sus representantes. Mientras tanto, la incertidumbre continúa en la comuna, dejando a los vecinos en espera de una respuesta que además de definir la situación del alcalde Eduardo Espinoza, también asegure la transparencia y probidad que se espera de las autoridades locales.