A 16 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niñas y niños y dejó más de un centenar de heridos, la herida sigue abierta. Las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido señaladas por las víctimas como actos de encubrimiento y complicidad con las élites políticas del país.
El 15 de junio de 2010, apenas un año después del siniestro, el Pleno de la SCJN resolvió no fincar responsabilidades directas a funcionarios públicos, pese a las claras evidencias de violaciones graves a derechos humanos. Con ello, la Corte avaló el sistema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), justificando que el instituto no tenía capacidad para operar directamente el servicio de guarderías. Ministros opositores, sin embargo, señalaron que dicho modelo prioriza la reducción de costos sobre la seguridad infantil.
El incendio se originó el 5 de junio de 2009 en una bodega contigua a la Secretaría de Hacienda estatal, propagándose hasta el inmueble subrogado por el IMSS, el cual operaba sin las condiciones mínimas de seguridad. Años después, en noviembre de 2015, el Ministerio Público acusó a 22 personas —entre ellos funcionarios federales y locales—, pero el proceso judicial fue tortuoso.
En mayo de 2016 llegó la primera sentencia, que fue apelada. La SCJN atrajo el caso en 2019, pero no fue hasta el 26 de mayo de 2021 que se confirmó finalmente la responsabilidad penal de los 22 implicados. No obstante, la resolución tardía y su posterior revisión en 2022 terminaron por reducir penas y exonerar a varios señalados, incluido uno de los rostros más polémicos del caso: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, dueña de la guardería y prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.
La liberación de implicados como Jesús Davis Osuna, Ignacio Alduenda y Manuel Gaxiola fue percibida como una nueva afrenta por los padres y madres de las víctimas, quienes acusan que la Corte ha operado para proteger intereses políticos.
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En el contexto actual, donde México debate una reforma que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, el caso de la Guardería ABC resurge como emblema de la urgencia por un sistema de justicia verdaderamente independiente.
Las familias de las víctimas, que no han cesado en su búsqueda de verdad y justicia, siguen exigiendo que la tragedia no quede en el olvido ni en la impunidad. A 16 años del incendio, lo que permanece, además del dolor, es una sentencia moral contra un sistema que, para muchos, priorizó la protección de sus propios intereses por encima de la vida de 49 niñas y niños.
Foto: X
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