Acusan a Silvano Aureoles de desviar más de 5 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles a sobreprecio

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que la situación jurídica del exgobernador Silvano Aureoles Conejo es de prófugo de la justicia, tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación, según el mandatario estatal, está vinculada a actos de fraude por la construcción y arrendamiento de cuarteles a sobreprecio, donde el desvío de recursos de la salud se destinó a la edificación de inmuebles para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Véase también: Excolaboradores de Silvano Aureoles enfrentan prisión preventiva por peculado y cargos relacionados

Ramírez Bedolla confirmó que la denuncia contra Aureoles fue presentada en febrero de 2022 y destacó que, según información proporcionada por la FGR, el exgobernador está huyendo de la justicia. La investigación abarca varias regiones del país, incluyendo Michoacán, aunque aún no se ha podido concretar su captura.

El gobernador detalló las irregularidades en los contratos para la construcción de los cuarteles. Según las investigaciones, se pagaron cerca de mil millones de pesos por cada uno de los cuarteles, una cifra completamente fuera de lo razonable, puesto que los costos reales para inmuebles de la Guardia Nacional de gran tamaño no superan los 200 millones de pesos. «Algo raro había», afirmó Ramírez Bedolla, aludiendo al sobrecosto en las adquisiciones.

El mandatario también destacó que durante el gobierno de Aureoles, los recursos destinados a áreas clave como salud, educación y nómina magisterial fueron desviado a la construcción de estos cuarteles.

«Se venían recursos etiquetados para otros fines y se desvían para arrendar inmuebles. Primero los rentaron y luego los compraron a precios exorbitantes»

Alejandro Ramírez Bedolla
Gobernador de Michoacán

La situación se vuelve aún más alarmante con la confirmación de que se adquirieron al menos siete cuarteles a precios inflados, los cuales costaron un total de 5 mil 186 millones de pesos, incluyendo tanto el arrendamiento como la compra definitiva. La Contraloría de Michoacán también ha señalado que las compras irregulares son una clara muestra de corrupción durante la gestión de Aureoles. Azucena Marín Correa, titular de la Contraloría, aseguró que estos actos fueron «el sello de corrupción» del exgobernador.

Aureoles enfrenta así un escenario complicado, con cargos por fraude y otros delitos relacionados con el manejo irregular de los recursos públicos. El gobierno de Michoacán, por su parte, asegura que cuenta con pruebas suficientes para continuar con las investigaciones y llevar a cabo las acciones legales pertinentes.

Foto: El Ciudadano

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