La minera Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères, enfrenta 67 sentencias judiciales que la obligan a pagar más de 13 mil millones de pesos por la extracción ilegal de oro en el ejido El Bajío, en Sonora.
Sin embargo, durante su asamblea anual de accionistas en Londres, la empresa negó ante inversionistas la existencia de dichas sentencias y del peritaje que acredita la deuda, de acuerdo con el abogado de los ejidatarios, Sergio García Camacho.
García Camacho asistió personalmente a la reunión y confrontó a Alejandro Baillères, accionista mayoritario, denunciando que la empresa está engañando a sus inversionistas. La intervención generó inquietud entre algunos accionistas, uno de los cuales pidió la devolución de su capital. Poco después, Baillères canceló abruptamente la reunión.
Pese a un amparo promovido por la minera, la magistrada Alejandrina Gámez Rey confirmó que la audiencia se mantiene en pie. En caso de incumplimiento, podrían embargarse bienes de la empresa o incluso usarse la fuerza pública para ejecutar el fallo.
El conflicto ha escalado a nivel internacional. En el Parlamento británico se discute una iniciativa para sancionar penalmente a empresas que violen derechos humanos fuera del Reino Unido.
En el caso de El Bajío, la lucha de los ejidatarios ha dejado un saldo de tres personas asesinadas, una desaparecida, y doce campesinos detenidos arbitrariamente.
