El partido Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco manifestó su respaldo al alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, detenido el pasado sábado por la Fiscalía General de la República (FGR) y acusado de desaparición forzada de personas y delincuencia organizada, en relación con presuntos crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre.
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En un comunicado oficial, la dirigencia estatal de MC expresó su confianza en que el edil demostrará su inocencia, al subrayar que fue electo por la ciudadanía para un segundo periodo gracias a los resultados de su gestión. Asimismo, el partido exigió una investigación “justa, amplia y sin tintes políticos ni motivaciones partidistas”.
Murguía Santiago permanece en prisión preventiva, luego de que su defensa solicitara el plazo constitucional de 144 horas para reunir pruebas. La FGR lo vincula con una supuesta red de reclutamiento forzado ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), operada desde el Rancho Izaguirre, donde se han hallado fosas clandestinas y evidencia de actos atroces.
El caso ha sacudido a la opinión pública y ha provocado reacciones encontradas. El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, celebró la detención y aseguró que “se pretende usar un chivo expiatorio para limpiar la imagen del partido”, además de recordar que el rancho fue presuntamente despojado violentamente de su legítimo propietario en 2012.
Por su parte, el Gobierno de Jalisco pidió que la FGR actúe con imparcialidad y transparencia. Mientras tanto, colectivos de madres buscadoras continúan presionando para que se profundicen las investigaciones en el Rancho Izaguirre, sitio que fue calificado como “centro de exterminio” tras el hallazgo de restos humanos en marzo pasado.
MC reconoció la gravedad de los hechos y llamó al Gobierno Federal a enfrentar con firmeza al crimen organizado en la región. “La violencia estructural no se resolverá culpando a los municipios”, advirtió el partido.
La situación jurídica del alcalde Murguía Santiago se definirá en los próximos días, en un caso que ha reavivado las alarmas sobre la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales y la urgente necesidad de fortalecer las instituciones de justicia en el país.
Foto: Especial
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