Chile es un desastre

¿Será alguien capaz de negar tal afirmación? Si bien el país está pasando por momentos complejos ya sea por motivos de origen internos o externos, hay que aclarar que cada dificultad siempre conlleva oportunidades de mejoras si es que se gestionan de buena forma.

Estamos en una fase donde el capital global ensimismado por la eventualidad cada vez más frecuente de sus propias crisis (o recesiones), busca resolver problemas a través de la destrucción y creación de núcleos y sistemas productivos en diversas escalas y territorios. En Chile conocemos las repercusiones históricas de este tipo de procesos. Desde el Siglo XVI en adelante, el país se ha caracterizado por aportar al mercado mundial materias primas sin una visión de largo plazo, manteniendo el objetivo de maximizar el beneficio económico en el menor tiempo posible. En este sentido nuestra elite política-económica no ha tenido la habilidad ni el interés para complejizar y ramificar un sistema productivo altamente verticalizado, extractivista y desigual. Las consecuencias territoriales que se vivieron durante y después de depender de un sistema de explotación indiscriminado son conocidas: auge y caída de asentamientos y culturas, llegada y expulsión de población, agitaciones y demandas sociales, traslado del sistema de extracción a otros lugares, degradación ambiental, entre otros.

La actual dependencia del cobre también ha manifestado sus efectos después de la caída en el precio del metal. El cierre de faenas mineras y de todo un encadenamiento económico asociado, ha provocado pérdidas importantes de fuentes laborales y una situación de incertidumbre en torno a políticas sociales a escala país. Asimismo -y lamentablemente- los movimientos sociales o sindicales no han podido ni sabido capitalizar sus demandas en hechos concretos que repercutan en un giro de timón en cuanto a la orientación de políticas públicas.

En Chile existen las llamadas “zonas de sacrificio”. Tales territorios son explotados y desmembrados tanto social, cultural como políticamente por lograr el máximo de beneficio económico. Pero no es un beneficio económico que se ancla y redistribuye equitativamente en el territorio productor, sino que los excedentes son trasladados al centro del país o a otras regiones del mundo con una lógica altamente jerarquizada e instrumental. El ejemplo más reconocible es el norte del país, donde la continua explotación minera destruye glaciares (fuentes de agua en zonas áridas), contamina napas subterráneas, desplaza forzosamente población rural e indígena a centros urbanos , instala remanentes tóxicos en ambientes frágiles y mueve a una gran número de población flotante con pésimas condiciones laborales a las faenas. Otro caso similar podría ser la industria forestal. La explotación de monocultivos en el centro sur del país, además de erosionar y generar la pérdida de suelo (clave para la agricultura), modifica negativamente ecosistemas únicos, extrae recursos hídricos del subsuelo, construye lobbys de control político y, al igual que el caso anterior, genera presión y modificación forzosa a estructuras sociales, culturales y económicas locales.

A menudo se habla en referencia a estos casos (y podrían ser muchos otros) que en Chile existe un problema de gobernanza en torno a la gestión de los recursos (o bienes comunes), pero ¿cómo generar gobernanza en un país constituido verticalmente y donde los sistemas productivos no dialogan entre sí porque se encuentran maximizando sus beneficios sin importar cómo ni dónde? El territorio es un factor común que sí permite y requiere del encuentro y diálogo de dichos sistemas. Por ende es necesario considerar el espacio geográfico que está en juego, relevando su función en cuanto a capital activo o en reserva de los procesos productivos. Asimismo es vital entender que la sociedad produce y vive en un territorio vivo, complejo y multidimensional. Donde lo físico-ecológico tiene retroalimentaciones positivas o negativas de forma constante con las estructuras sociales y sistemas productivos.

El territorio se compone de múltiples escalas tanto físico-naturales como sociales, que en estados de perturbación deben dialogar para (re)encontrar ciertos grados de equilibrio y control. En este contexto, importantes son los aportes del conocimiento informal (cotidiano, histórico, sensible y simbólico) y formal (técnico-científico y administrativo) para entender las dinámicas territoriales que pueden ser alteradas tras una intervención. En conclusión, las acciones sobre los territorios no deberían seguir manteniendo una lógica jerarquizada y poco comprometida como se ha hecho hasta ahora, sino que debería procurar construir vínculos horizontales sustentados en continuos y mutuos procesos de diálogo y validación. Donde además la identificación de actores claves por las partes involucradas sea un código de transparencia y de agilización en el traspaso equitativo de información. Sin lugar a dudas que esto conlleva una modificación en la lógica y en el orden del aparato administrativo.

Por las fallas –y ambiciones- de mercado, el Estado se hace cada más necesario para regular y generar políticas compensatorias en los territorios. A modo de ejemplo, es el Estado el organismo demandado por la ciudadanía para responder en casos de desastres asociados a terremotos, tsunamis, inundaciones, volcanismo y otros eventos. Si bien esto denota una actitud reactiva, fueron los promotores del libre mercado quienes utilizaron el aparato estatal para generar una política de suelo -en el contexto urbano- que estuviera regido a la demanda, oferta y especulación económica. Esto ha incidido en deficientes políticas de planificación territorial en todos los ámbitos, y que vuelven a enrostrar las consecuencias de una intervención con visión extractivista, cortoplacista y sin diálogos con el conocimiento local y/o técnico. Sin embargo es muy difícil que el Estado pueda responder satisfactoriamente a tales demandas si actúa como un gestor jerarquizado y centralizado ante los problemas que reclaman los territorios.

Tenemos una oportunidad para transformar la forma en que se planifica, gestiona y construye el territorio. Existe un escenario de incertidumbre no sólo a escala nacional sino también a escala internacional, en el cual los vaivenes del capital con sus múltiples e intrínsecas crisis han orientado los ojos de gran parte de los actores en la forma en que se afrontará el futuro. En este sentido una gobernanza compartida y una planificación territorial dinámica a largo plazo y de carácter común, se vuelven necesarios para retomar un sentido de certidumbre y de cohesión social. Por supuesto que lo último no apuesta a una sociedad sin tensiones. Es más, las tensiones son necesarias para construir debate y movilizar ideas. Pero actualmente son pequeños grupos los que se encuentran debatiendo sobre la gestión y planificación del territorio, no logrando impactar en decisiones políticas de relevancia. Claramente que esto se explica a partir de las continuas negociaciones que realizan los partidos políticos para perpetuar el pacto de control firmado a finales de la década de los 80. Los movimientos sociales que debaten temas sobre la gestión y manejo del territorio generalmente son mermados por la misma elite política-económica que negocia desde el centralismo y que no comprende el sentido geográfico de las ideas que se exponen. Sobre lo todo lo que compete a la filiación y seguridad que brinda el espacio cotidiano.

Estamos en un momento en la historia que se debe aprovechar y experimentar con proyectos políticos nuevos y colectivos que respondan a los desafíos contemporáneos. La planificación y vocación productiva del país debe ser correspondiente a los sistemas territoriales existentes, dando así respuestas acordes a las distintas demandas de gobernanza instaladas en las diversas escalas geográficas. Cada una de ellas con un tema diferente y no menos importante por cierto. Si bien el desafío es grande, no obstante el notorio decaimiento en la fortaleza y coherencia del sistema da cuenta de un momento preciso para actuar.