La exdirectora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, alzó la voz para relatar los detalles de su salida del cargo, una decisión que ha desatado una fuerte controversia política y social. La profesional fue desvinculada tras una solicitud de renuncia no voluntaria por parte de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, en un momento en que se encuentra en pleno tratamiento oncológico debido a un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2025.
La exautoridad calificó el hecho como “sorprendente” y advirtió que representa “una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres”.
Carrasco detalló que tanto la ministra Marín como otras autoridades de la cartera estaban al tanto de su diagnóstico antes de se tramitara su despido.
“La ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran el gobierno, ministra, subsecretaria y todas las autoridades que competen en ese sentido”, afirmó ,
La psicóloga y trabajadora social de profesión, ingresó al servicio público mediante el sistema de Alta Dirección Pública, un mecanismo que privilegia la idoneidad profesional por sobre la confianza política. Sin embargo, su salida se produjo por una solicitud de renuncia no voluntaria impulsada por la propia secretaria de Estado, lo que, según Carrasco, no solo interrumpe su gestión sino que también envía una señal preocupante para todas las mujeres que enfrentan enfermedades graves en el ámbito laboral.
“Me parece que es una situación compleja, no sólo por mí, sino por todas las mujeres que pueden tener un diagnóstico de esta naturaleza. Esto es una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres de todo Chile”, advirtió.
A pesar de estar en medio de un proceso oncológico que incluye quimioterapia en pastillas e inmunoterapia cada 21 días, Carrasco aseguró que nunca solicitó licencias médicas ni suspendió sus responsabilidades al frente del servicio.
“No he pedido licencias. He trabajado diariamente muy comprometida en mi función con el Estado”, señaló, destacando que su compromiso con la labor pública se mantuvo intacto a lo largo de su tratamiento, el cual espera finalizar durante el invierno de este año.
Esta continuidad laboral, según su relato, refuerza su percepción de que la medida adoptada por la ministra Marín no se sustentaba en un desempeño deficiente ni en una imposibilidad fáctica para ejercer el cargo.
La exautoridad también puso en entredicho la coherencia del discurso, recordando que la ministra de Salud del gobierno de José Antonio Kast ha manifestado que la lucha contra el cáncer femenino constituye uno de los pilares de su gestión.
“Me parece sorprendente, porque la ministra ha dicho públicamente que uno de sus pilares de trabajo es el cáncer en las mujeres y yo tengo un diagnóstico de cáncer de mama desde el año pasado”, declaró, según consignó Bio Bío Chile.
«Total y absoluto retroceso»
Para la exdirectora, el caso trasciende su dimensión personal y se convierte en un asunto de derechos laborales y sanitarios con implicancias profundas para las mujeres chilenas, por lo que planteó que este tipo de situaciones impactan no solo en el ámbito laboral, sino también en la vida familiar, emocional y social de las pacientes oncológicas.
Indicó que la solicitud de renuncia no voluntaria constituye «un total y absoluto retroceso» en materia de derechos.
“Esto es un derecho al trabajo y a la salud en un diagnóstico que además es muy propio nuestro, como el cáncer de mama”, sostuvo.
“Es una pésima señal para las mujeres en todas sus dimensiones en el ejercicio de los derechos, pero además para las mujeres que tenemos un diagnóstico y somos pacientes oncológicas”, ratificó.
En opinión de Priscilla Carrasco este episodio debería abrir una discusión más amplia sobre cómo el Estado trata a las mujeres que, pese a enfrentar enfermedades graves, continúan aportando desde sus cargos públicos.
Carrasco tomará acciones
Consultada sobre los pasos a seguir tras su desvinculación, la exdirectora de SernamEG adelantó que no se mantendrá de brazos cruzados ante lo que considera una medida injustificada.
“Estoy viendo los temas jurídicos, administrativos y legales”, señaló, dejando entrever que evalúa distintas acciones para impugnar la decisión que puso fin a su gestión.
Aunque reconoció que comprende los procedimientos asociados a los cargos de Alta Dirección Pública —mecanismo por el cual accedió al puesto—, insistió en que las circunstancias particulares de su despido ameritan una revisión más profunda.
