La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento español rechazó, por 19 votos en contra y 17 a favor, una proposición no de ley (PNL) presentada por el derechista Partido Popular (PP) para condenar la reforma al Poder Judicial en México, una iniciativa que ha sido impulsada desde las sombras por el expresidente Felipe Calderón. El revés parlamentario evidenció no solo la falta de respaldo político en España a las acusaciones de «autoritarismo» contra el gobierno mexicano, sino también el intento fallido de una coalición conservadora por intervenir en la soberanía de otro país.
La propuesta, respaldada únicamente por el PP y la ultraderecha de Vox, buscaba que el gobierno de Pedro Sánchez alzara la voz contra la reforma judicial aprobada en México, la cual incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Pero no prosperó. El rechazo vino de una amplia mayoría de formaciones políticas: PSOE, Sumar, Podemos, PNV, EH-Bildu, ERC y Junts per Catalunya.
Detrás de esta fallida propuesta está el expresidente Felipe Calderón, quien reside en Madrid desde 2022, coincidiendo con el inicio de los procesos judiciales contra su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por vínculos con el crimen organizado. Su activismo político en Europa, especialmente entre las derechas españolas, ha sido constante, acusando a México de avanzar hacia una “dictadura” bajo el liderazgo de López Obrador y, ahora, Claudia Sheinbaum.
La diputada del PP, Cristina Abades, justificó la iniciativa asegurando que la reforma mexicana “politiza la justicia” al permitir la elección de jueces mediante voto popular, comparando la situación mexicana con países como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero para sectores progresistas del Parlamento, la propuesta no era otra cosa que una intromisión colonial y una muestra del doble rasero de la derecha española.
La crítica más frontal vino desde Sumar y Podemos. El diputado Javier Sánchez Serna denunció que la iniciativa era “una nueva injerencia de la derecha española en la democracia mexicana”, y recordó el silencio del PP cuando el poder judicial mexicano beneficiaba a narcotraficantes, políticos corruptos y empresarios morosos.
Por su parte, Gerardo Pisarello, de Sumar, no solo cuestionó la “obsesión ridícula” del PP y Vox con México, sino que denunció la alianza de la derecha española con los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, a quienes acusó de “estar del lado de los poderes económicos y judiciales corruptos”.
“Lo hacen por colonialismo, racismo y clasismo”, afirmó Pisarello, subrayando que la reforma judicial mexicana —avalada por más de 13 millones de ciudadanos— busca justamente separar al poder judicial de los intereses de una élite privilegiada.
La fallida moción del PP evidencia una estrategia más amplia: construir un frente internacional conservador contra los procesos de transformación progresista en América Latina. En el caso de México, se trata de deslegitimar cualquier intento de reforma estructural que cuestione el statu quo judicial, económico o político.
Pero la derrota sufrida en el Parlamento español muestra que no todas las voces en Europa están dispuestas a respaldar esa narrativa. Ni la retórica de Calderón ni los intentos de Vox por vincular a México con regímenes autoritarios lograron torcer la votación.
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Lejos de influir en la política mexicana, la derecha española ha quedado expuesta por intentar instrumentalizar la política exterior para fines ideológicos, y por prestarse a una campaña encabezada por un expresidente mexicano bajo la sombra de escándalos judiciales.
Mientras la derecha europea busca mantener un modelo judicial blindado por y para las élites, México se coloca en el centro de un debate internacional que interpela directamente a los poderes constituidos.
Foto: Redes
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