Joaquín Lavín Jr. será investigado por red de facturas falsas

El jueves 29 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra el diputado Joaquín Lavín León y su círculo cercano. La acción judicial, que busca poner fin a un esquema que ya supera los $17 millones en malversación de fondos, se suma a la investigación del Ministerio Público que lo investiga por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Se espera que esta medida prepare el camino para el desafuero del parlamentario, quien enfrenta estas acusaciones de delitos, además de haber operado como «alcalde en las sombras» en Maipú durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga.

Sin embargo, la querella del CDE profundiza en un modus operandi que utilizaba a proveedores como la imprenta MMG, cuyo representante, Juan Silva Morales, confesó que las facturas rendidas al Congreso eran en realidad un abono para saldar deudas de campaña de Lavín: «los trabajos indicados en la glosa no existieron, sino que era un abono a deuda de otras cosas que ellos me mandaban a hacer», declaró Silva, quien señaló recibir instrucciones directas de Arnaldo Domínguez Vallejos, asesor parlamentario de Lavín, también querellado y quien siguió percibiendo remuneraciones del Congreso hasta abril de 2025.

La red se extiende a Felipe Vásquez Diéguez, otro ex asesor, quien se prestó como proveedor de servicios del sitio web conocido como «SocialTazk» cuando aún asesoraba al diputado. Esta iniciativa fue presuntamente financiada con más de 151 facturas por «mantención y sanitización», superando los $75 millones, a pesar de que el servicio habría quedado inutilizable. Se señala que esta plataforma, financiada con fondos públicos, se utilizó con fines electorales, configurando un claro desvío de recursos.

La situación de Lavín Jr. se agrava. Tras el allanamiento de sus oficinas y su renuncia a la UDI en 2024, el parlamentario está a un paso de ser desaforado. Aunque devolvió $7 millones al Congreso en medio de la indagatoria, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, se prepara para solicitar el levantamiento de su fuero en las próximas semanas. La jugada del CDE de presentar la querella en un juzgado con mayor experiencia en delitos económicos busca agilizar el proceso.

Asimismo, el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha respaldado la acción del Consejo de Defensa del Estado, reafirmando el compromiso municipal de combatir la corrupción porque: “destruye las instituciones, daña la democracia y la confianza de la ciudadanía”. Este caso, que se suma a la ya compleja situación de la exalcaldesa Barriga, evidencia una vez más la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Ivette Barrios
El Ciudadano