El gobierno de José Antonio Kast decidió retirar de la Contraloría General de la República el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029, un instrumento que contenía 175 medidas estructuradas en cinco ejes estratégicos y que había sido aprobado en diciembre pasado por la administración de Gabriel Boric.
La decisión se enmarca en una ofensiva mayor del mandatario de ultraderecha que incluye el retiro de 43 decretos ambientales y del proyecto de negociación ramal, generando críticas de organismos de derechos humanos y parlamentarios de oposición, que acusan un retroceso en estándares internacionales y políticas de Estado.
En menos de una semana desde el cambio de mando, la gestión de Kast ha desatado lo que en el Congreso ya bautizan como el paso de la «retroexcavadora». La metáfora, que circula con fuerza en los pasillos legislativos, alude a una administración que, en lugar de construir sobre los cimientos heredados, ha optado por remover y retroceder el camino avanzado, especialmente en materia de reivindicaciones.
«Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano (…)Esta retroexcavadora no va a fracasar, señaló el mates el propio jefe de Estrado desde Antofagasta, justificando el uso de esa maquinaria como una herramienta legítima para despejar el camino de lo que considera obstáculos a su programa .
El último golpe de pala en este operativo de despeje ha sido el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029, un documento que el gobierno anterior había depositado en la Contraloría General de la República para su toma de razón, un trámite indispensable que le otorgaba validez jurídica y lo convertía en hoja de ruta del Estado para el próximo cuatrienio en materia de derechos fundamentales.
La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien, en declaraciones a la prensa, explicó los motivos del Ejecutivo para llevar a cabo una «revisión» por parte de la nueva administración.
«Sí, ello es efectivo. Ese proyecto se va a revisar como corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto», afirmó el secretario de Estado.
Un plan de 175 medidas que queda en pausa
El instrumento ahora suspendido había sido presentado en en diciembre pasado por el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras la culminación de un extenso proceso de diálogo y planificación interministerial .
Según consta en los registros oficiales del Ministerio de Justicia, el Tercer PNDH se estructuraba en torno a cinco ejes estratégicos fundamentales: la promoción de la igualdad y la no discriminación, con énfasis en brechas estructurales y grupos vulnerables; el fortalecimiento del acceso a la justicia, la seguridad y una vida libre de violencia; el resguardo de la memoria histórica y la justicia transicional; el desarrollo sostenible orientado a condiciones de vida digna y empleo justo; y, finalmente, la educación en derechos humanos para la formación ciudadana y de funcionarios públicos .
En total, el plan contemplaba 175 acciones comprometidas por un amplio espectro de organismos públicos. No solo ministerios y subsecretarías, sino también servicios públicos, gobiernos regionales y universidades se habían alineado para ejecutar medidas concretas durante el período 2026-2029 . La magnitud y el carácter vinculante del proyecto quedaron de manifiesto en su proceso de gestación. Según detalló el Ministerio de Justicia.. el diseño del plan consideró «un amplio trabajo intersectorial, más de 140 reuniones técnicas con instituciones responsables y un proceso de fortalecimiento metodológico con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)» .
Además, incluyó un proceso participativo virtual en la plataforma participaderechoshumanos.gob.cl, que recibió aportes de la ciudadanía, organizaciones sociales y niños, niñas y adolescentes, permitiendo ajustar los objetivos desde una perspectiva de legitimidad social y territorial.
Alarma en las organizaciones sociales
Fue precisamente ese carácter participativo y el respaldo de organismos internacionales lo que encendió las alarmas entre las organizaciones de la sociedad civil.
Para Amnistía Internacional Chile, la decisión del gobierno de Kast materializa una advertencia que su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, había formulado con anterioridad,
Según Bustos, la continuidad de políticas públicas en materia de derechos humanos, como el Plan Nacional de Búsqueda no puede depender de la voluntad política de una administración en particular, ya que responde a compromisos internacionales asumidos por el país.
“Cualquier gobierno que asuma en nuestro país tiene que tener en cuenta el marco de derechos humanos que lo rige y los tratados internacionales en los que Chile está suscrito. Las obligaciones de derechos humanos no son del gobierno de turno, son del Estado de Chile”, afirmó en conversación Radioanálisis de Radio U. de Chile, el pasado 10 de marzo, en la víspera del cambio de mando.
En aquella ocasión, recordó que “El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa del Estado de Chile que se estableció a los 50 años del golpe de Estado, después de que habían existido algunas medidas y políticas en décadas anteriores, pero que eran insuficientes frente a una obligación tan importante como esclarecer la verdad de lo ocurrido con las personas hechas desaparecer por agentes del Estado”, señaló.
Asimismo, se refirió a las expectativas de la organización frente a la administración de Kast, señalando que mantendrían una actitud vigilante respecto de las políticas públicas que se implementen.
La advertencia de Amnistía Internacional cobró un sentido literal tras el retiro del PNDH. A las críticas se sumaron organizaciones como Corporación Humanas y Organizando Trans Diversidades (OTD), además de colectivos de derechos de las mujeres y agrupaciones de memoria, que han insistido en la necesidad de resguardar estándares y continuidad institucional en una materia tan sensible .
«Una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones»
Cabe señalar que en sus declaraciones, el ministro Rabat, evitó entregar detalles sobre el contenido de la revisión o la dirección de los posibles cambios.
Al ser consultado, el secretario de Estado se limitó a señalar que «una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley» , sin precisar si el contenido del plan será reingresado en su totalidad o en qué áreas se prevén los cambios.
El retiro del plan de derechos humanos no es un hecho aislado, ya que se produce en paralelo al cierre del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022–2025, cuyo informe final aún se encuentra en elaboración
Por ahora, el futuro del PNDH 2026-2029, queda supeditado a la revisión interna del Ejecutivo, en un proceso que podría altear la hoja de ruta del Ejecutivo en lo referente al acceso a la justicia, memoria, no discriminación y protección frente a la violencia.
