En plena recta final de la campaña presidencial, el Partido Republicano enfrenta una nueva controversia que vuelve a tensionar su discurso y su manejo interno. Esta vez, el foco lo tomó el diputado José Carlos Meza, uno de los voceros más visibles del sector, quien declaró en una entrevista que apoyaría conmutar penas a reos terminales sin distinguir el tipo de delito, incluyendo a condenados por abuso o violación de menores.
Las declaraciones generaron críticas inmediatas por relativizar crímenes de extrema gravedad, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Mientras organizaciones y actores políticos denunciaron que la propuesta “borra” la especificidad y gravedad de los delitos sexuales contra menores, el comando republicano intentó contener La indignante postura de Republicanos: de indultar a criminales de lesa humanidad a liberar a condenados por abuso infantil.
Consultado directamente sobre si Meza se equivocaba, José Antonio Kast optó por evadir la polémica.
“Eso no es lo relevante”, afirmó ante la sorpresa de periodistas y adherentes, insistiendo en que no se desviaría del debate “que realmente importa a la gente”. Lejos de cerrar el episodio, la respuesta lo profundizó: Kast evitó corregir o desautorizar a su diputado, incluso después de que Meza reafirmara su postura cuando se le preguntó específicamente por abusadores de niños.
Una semana de tropiezos y rectificaciones
El episodio ocurre en una semana particularmente compleja para la candidatura republicana. Tras el debate ARCHI, desde republicanos han debido salir a desmentir o reinterpretar parte de su propio programa: la derogación de la Ley de 40 Horas y el aumento de la edad de jubilación, hasta la falta de claridad del propio Kast respecto de un posible indulto a Miguel Krassnoff, criminal de la dictadura con más de mil años de condena, a quien el candidato ha visitado en Punta Peuco.
Kast ha declarado en distintos momentos que no descarta otorgarle un indulto por razones humanitarias y que, en su experiencia personal, “no cree todas las cosas que se dicen de él”. Estas afirmaciones, sumadas a los dichos de Meza, reactivan temores y cuestionamientos sobre la visión del sector respecto de los derechos humanos y la justicia penal.
Un patrón que preocupa
En un contexto donde Meza propone beneficios penitenciarios incluso para violadores de menores y Kast evita deslindes claros, críticos y observadores advierten un patrón preocupante: la relativización de delitos gravísimos que chocan con los estándares contemporáneos de derechos humanos y con la obligación de proteger a la infancia.
Aunque el comando republicano busca bajar el costo político, el efecto ya está instalado en la discusión pública. La polémica no solo tensiona la campaña: abre un debate ético de fondo que difícilmente se cerrará con la frase “eso no es lo relevante”.

