La manzana está podrida: Fulvio Rossi aclara sus vínculos con SQM

 En su opinión recibir recursos de SQM es algo normal, legal, avalado además, porque según su afirmación, era un mecanismo usual de financiamiento utilizado por la Concertación, hecho que de ser así entrega a estas relaciones una significación política todavía más grande, sin que haya sido a la fecha desmentida. El lobbista Enrique Correa ha pontificado que actos de este tipo no constituyen corrupción, la cual sus formulaciones supone “el intento de enriquecimiento personal ilícito” Pueden los fondos recibidos no haberse utilizado con fines personales, pero se produce un hecho de una gravedad muy superior. En el caso concreto de SQM se adquiere un compromiso, aunque no haya participado directamente Julio Ponce, con una estructura cuya riqueza se gestó en los años de dictadura y después se amplió permanentemente.

Fulvio Rossi defiende sus vínculos con SQM

En 2015 la relación que estuvo en un primer plano en los vínculos entre poderosos intereses económicos con políticos y estructuras de poder fue el financiamiento transversal entregado desde Soquimich, que es controlada por el exyerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, teniendo como gestor destacado a su exgerente general Patricio Contesse[1]. En particular un ejemplo extremo de lo cuestionable de ese financiamiento es que haya sido solicitado y recibido por sectores considerados como críticos de la dictadura. Pero no había ocurrido que uno de los receptores de esa ayuda, parlamentario de un partido que cuenta con numerosas víctimas de crímenes cometidos en ese periodo, lo considerase un hecho normal y más aún lo presentase, tal cual lo hizo el senador Fulvio Rossi en entrevista al semanario Qué Pasa, como una práctica habitual durante muchos años de miembros de la Concertación. Sus palabras buscaron restarle importancia a su conducta, defendiéndola con el argumento que era un acontecimiento recurrente, legal y no constituiría un acto de corrupción.

“Soquimich –expresó textualmente Rossi- financió en la región las actividades de la Concertación durante décadas y en esas actividades participaban los intendentes y ministros de la Concertación. Si vamos a decir, en esta empresa tiene una participación mayor quien fue pinochetista, entonces invito a que veamos que otros grandes empresarios que financian campañas políticas de la Nueva Mayoría también fueron pinochetistas (…). Con ese criterio, ¿cuántas empresas quedarían en Chile que puedan donar?”

Resulta difícil encontrar otra declaración tan abierta de un militante de un partido de izquierda justificando recibir recursos de personeros enemigos de cualquier avance democrático para no hablar de ideas progresistas. Su defensa es que esta conducta es la misma seguida por muchos miembros de la Concertación, a quienes no personifica. “En un país como el nuestro –señaló- en donde gran parte del funcionamiento de la política descansa en las empresas, no se puede sostener que porque una empresa financia a un candidato lo está cooptando” (12/12/15). ¿Cuál sería el motivo entonces para financiarlo? ¿Ello ayuda a explicarse que Julio Ponce desde el término de la dictadura no solo haya mantenido el control de Soquimich sino que haya construido toda una estructura para ello que parte desde un paraíso fiscal?

Al reaparecer en el Senado, después de una ausencia de varios meses debido a una licencia por enfermedad, consultado sobre su situación judicial dado que ha sido citado por la fiscalía debido a sus relaciones con SQM, contestó: “Yo no he cometido ninguna ilegalidad, (…) de mí lo único que se ha hablado no es bajo ningún punto de vista de corrupción, en ningún caso, nunca se ha hablado de enriquecimiento ilícito. Así que no ha existido ilícito alguno en mi conducta”. Consultado directamente si no veía una contradicción en que un senador socialista solicitase financiamiento a la empresa del exyerno de Pinochet, respondió: “(…) es una empresa y no una persona. Esta es una empresa de mi región que financiaba regularmente actividades de la Concertación” (15/12/15) ¿Y quién dirigía esa empresa?

Sus declaraciones se ubican en medio de un esfuerzo por no poner en primer plano los vínculos entre grandes intereses económicos con políticos y estructuras de poder. El fundamental tema se quiere reducir a si existen delitos tributarios o no, si es legal o no, los cuales son importantes, pero no es el corazón del problema. En lo que se debe profundizar para cortarlo es en los mecanismos creados por empresas como SQM, controlada además por un personaje como Julio Ponce, para incidir en quienes les otorga financiamiento.

Estas declaraciones llevan a la conclusión que es aún más necesario profundizar a fondo en los manejos de SQM. El informe elaborado por el estudio de abogados Shearman & Sterling a petición del Comité Ad-Hoc creado por SQM en febrero para investigar sobre lo sucedido, efectuado teniendo presente la legislación estadounidense, llegó a la poco creíble conclusión, dada a conocer por Juan Antonio Guzmán, presidente del directorio, que la responsabilidad recae “exclusivamente en Patricio Contesse. Se identificaron –declaró- pagos realizados por el exgerente general (…) por lo cual la compañía no encontró los respaldos suficientes (…)”. Sostuvo la no existencia de evidencias que alguien más supiera de estas cancelaciones. “No se identificó –señaló- evidencia que demuestre que tales pagos se hicieron con el fin de inducir a un funcionario público a actuar o abstenerse de actuar con el objeto de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos”. Su única constatación negativa fue que “los controles internos de SQM no fueron suficientes para supervisar los gastos que forman parte del centro de costos del exgerente general de SQM y que éste confió en el uso adecuado de los recursos por parte del señor P. Contesse G.” (16/12/15). La ingenuidad del documento es gigantesca.

Paralelamente, hay esfuerzos también institucionales para acotar la investigación, como lo demuestra el subdirector jurídico del SII, Bernardo Lara, en su columna de prensa titulada “La doctrina histórica del SII en la persecución penal del delito tributario”, en la cual responde al decano de la Escuela de Gobierno de la UAI, Ignacio Briones, quien criticó precisamente como el Servicio está enfrentando casos “emblemáticos”, tomando como ejemplo el de SQM.

¿Qué planteó el decano de la UAI? Se refirió a la afirmación efectuada por el director del SII, Fernando Barraza, que “la misión del servicio es recaudar impuestos (…) desde esa perspectiva –enfatizó- las acciones penales van a seguir siendo una excepción”. Pero, criticó Ignacio Briones “de la maximización de la recaudación que invoca el SII no se sigue. Que se deba privilegiar sigilosos acuerdos bipartitos y renunciar a querellarse. La razón -agregó- es sencilla: la maximización de la recaudación no es estática sino que dinámica. ¿Qué pasa si la señal que la autoridad entrega hoy afecta el comportamiento de los agentes y, con ello, la recaudación de mañana? (…) nunca hay que subestimar al implacable homo economicus, cuyo mal actuar en estas materias es función de la probabilidad de ser descubierto y de la cuantía de la sanción a que se expone. La mayor recaudación que se pueda lograr en un caso hoy –concluyó- será a costa de una menor recaudación en muchos casos mañana”.

Ignacio Briones también criticó la eliminación de la frase usualmente utilizada que añadía a la querella nominativa “a todos quienes resulten responsables”. Ello constituye, escribió, una “señal equívoca. Contraria, además, a la lógica más elemental de lo que es propio de la investigación penal que se abre con la querella: descubre eventuales responsables que no conocemos de antemano. El hecho de notoriedad público –concluyó-, donde existía una oportunidad de entregar masivamente señales claras y firmes, uno hubiera esperado que el SII actuara con una visión de largo plazo y aplicando principios generales. Los costos futuros en esa recaudación que preocupa al SII se harán sentir mañana” (04/12/15). Es claro, que el criterio entregado por el director del SII busca frenar que se profundice y se amplíen las investigaciones, favoreciendo así en los hechos que perdure el estrecho vínculo existente entre la riqueza con estructuras de poder.

Bernardo Lara, en su columna, parte por destacar que para el SII “no existen casos emblemáticos frente a los cuales debería actuar con mayor o menor firmeza. El mandato legal que orienta la acción del SII –sostuvo- (…) no varía según apreciaciones de la coyuntura” (12/12/15). Profundo error, cuando un tema tiene repercusiones nacionales que tocan temas de fondo una estructura del Estado tiene que comportarse de acuerdo a su trascendencia.

Luego Lara trata de refutar que exista “un actuar asimétrico por parte del SII en los casos Penta y SQM” señalando que el ritmo diferente de ellos es consecuencia del “momento de inicio de las indagatorias y la colaboración obtenida por los imputados en ellas”. Lógicamente se avanza más rápidamente cuando la historia es detallada por uno de los imputados y se produce una confrontación entre ellos. No así sobre el momento de su inicio, ya que es evidente que la investigación adquirió otra relevancia cuando se vio que Penta no era un caso aislado y entraban al escenario empresas de la significación de SQM o aparecían comprometidos, como acontece en el “caso Corpesca”, uno de los más grandes grupos económicos del país, los Angelini, además de figurar numeroso personajes del mundo político.

En cuanto a la aparición en la investigación penal de hechos conexos y otras personas involucradas, la función del Ministerio Público en opinión del subdirector jurídico es “informar al SII para que este proceda a la recopilación de los antecedentes y tome la decisión de accionar penalmente o no por el delito tributario”, con lo cual traba la investigación y limita la función que le corresponde al Ministerio Público en un ámbito de su directa competencia. Es la defensa de un proceder que debilitó, sin duda, los procesos investigativos lo cual tiene una evidente consecuencia política. El tema no es exclusivamente tributario ni tampoco se reduce a como se maximiza sus efectos recaudatorios, sino tiene una connotación política aún mayor luego de las declaraciones del senador Rossi.

Por lo demás, las relaciones que aparecen en las investigaciones o en las rectificaciones realizadas son múltiples. Por ejemplo, la efectuada por los dos grupos Said, a través de Inversiones Caburga y Newport, aparecen muchos nombres entre ellos el de Enrique Correa, que asesora o asesoró a múltiples intereses económicos, entre ellos, además de los Said, a Penta, SQM, Aguas Andinas y Saieh. Entre las sociedades que rectificaron figuran de los senadores Andrés Zaldivar y Francisco Chahuán, del excandidato presidencial Laurence Golborne, así como de Sebastián Piñera. Este último se sumó a todos quienes buscan restarle significación a operaciones ideológicamente falsas como las utilizadas para financiar su candidatura, señalando que era algo acontecido hace mucho tiempo y fue realizado cuando sus recursos estaban en un fideicomiso ciego.

Jorge Abbott, en una de sus primeras resoluciones luego de asumir como fiscal nacional procedió a redistribuir las responsabilidades en las principales causas penales que inciden directamente en el escenario político. Llamó la atención que designase a Pablo Gómez, jefe del Ministerio Público de la V Región, a cargo de la “arista SQM”.   Ello porque su esposa, Patricia Pérez, fue ministra de Justicia en la administración de Sebastián Piñera, cuyas empresas emitieron títulos ideológicamente falsos, como lo comprueban rectificaciones efectuadas a las declaraciones al SII de ejecutivos de la minera no metálica.

HUGO FAZIO

[1] Véase, Resumen Económico Trimestral N°166 abril-junio de 2015, págs. 25-32.