Los reparos del Ejército sobre el “estado intermedio”: Alegan que no cuentan con respaldo jurídico, ni elementos disuasivos y márgenes claros para operar

La propuesta del gobierno por crear un “estado intermedio constitucional” que le permita, sin recurrir a los actuales estados de excepción, disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad y orden público en determinadas carreteras de la Macrozona Sur, ha sido motivo de debate y polémica en los últimos días

La idea del Ejecutivo es agregar una indicación al proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en Comisión Mixta, para implementar dicho «estado de protección y resguardo constitucional” y así, poder “contar con herramientas para la protección y aseguramiento de las vías esenciales”

«Nosotros, a diferencia de los estados de excepción, lo que queremos es poder concurrir con ayuda de las Fuerzas Armadas en ciertas situaciones que sean críticas, que sean de mucha gravedad, para -insistimos- el libre tránsito o el abastecimiento de la población, o para el traslado de los vehículos de emergencia, sin afectar ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución asegura; a diferencia de los estados de excepción que pueden vulnerar los derechos de reunión, de tránsito o de libre circulación en este caso», planteó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.

Diversos actores políticos han puesto reparos para aprobar esta iniciativa.

El senador Daniel Núñez (PC) explicó que «nosotros siempre hemos sido muy críticos del uso de las Fuerzas Armadas en materia de orden público, y el uso de armas de guerra de parte de militares frente a la ciudadanía es un tema extremadamente complejo que no podemos llegar y aprobar así como así».

Indicó que de llegarse a aprobar este proyecto, «los militares que se involucren tienen que usar armas disuasivas; no pueden salir a las calles o a una carretera con su armamento de guerra estándar». 

La diputada Karol Cariola (PC) señaló que «tenemos algunas aprensiones, sin lugar a duda. Hemos estado discutiendo y ya hemos dicho que nos preocupa el rol que puedan tener militares en el resguardo de la seguridad pública. Creemos que en esto es necesario establecer medidas de resguardo, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad social, los DD.HH.».

Desde Revolución Democrática (RD), recordaron que en el Gobierno anterior estuvieron en contra de cualquier proyecto en esta materia y que les incomoda dejar a las Fuerzas Armadas a cargo del orden público.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) planteó que «esta no es una alternativa que nos genere mucha comodidad al mundo del Frente Amplio, Apruebo Dignidad, y tenemos algunos reparos desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la autoridad civil, porque no nos gusta que en democracia las FF.AA. se involucren en asuntos de orden público».

Reparos del Ejército

Sin embargo, desde el seno de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) existen reparos con el anuncio del Ejecutivo que pretende disponer de la fuerza militar para contener la violencia en las carreteras de La Araucanía y Arauco.

Según reveló La Tercera, el pasado lunes al mediodía tuvo lugar una reunión secreta en el edificio Bicentenario para «considerar la situación institucional» del Ejército y en ese encuentro se plantearon las inquietudes al Ministerio de Defensa y la comisión de Defensa Nacional del Senado.

En dicha sesión, habrían participado el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga y la ministra de Defensa Maya Fernández.

Entre las «aprensiones de la institución -ya manifestadas a Defensa y a la comisión ad hoc del Senado- está que no cuentan con un respaldo jurídico para actuar, tampoco con elementos disuasivos y con márgenes claros para operar«, reveló el citado medio.

En la reunión secreta, los oficiales del alto mando habrían planteado que en la propuesta de un “estado intermedio” -En la reunión secreta, los oficiales del alto mando habrían planteado que en la propuesta de un “estado intermedio” -tal como está redactado en borradores y minutas realizadas por La Moneda- no se especifíca si los efectivos podrían o no actuar, por ejemplo, ante un hecho violento que suceda a 100 metros de donde estén desplegados, algo que, según las mismas fuentes citadas por La Tercera, “suele suceder en esa zona”.

Otra aprensión tuvieron contra la propuesta de usar armamento no letal, presentada desde el PC.

El senador Daniel Núñez planteó la posibilidad de que los militares que resguarden las rutas y caminos no utilicen armamento de guerra para esas labores y solo tengan a su haber herramientas disuasivas, lo que fue de plabno descartado por el Ejército

«No tenemos bastones, lacrimógenas, ni carros que lancen agua, tenemos fusiles, armamento convencional», indicaron en la reunión del lunes.

Los oficiales citados por La Tercera el mismo medio manifestaron que no tener «una espalda jurídica» puede acarrearles consecuencias legales en caso de disparar en dichos operativos.

Desde las Fuerzas Armadas le señalaron al Ministerio de Defensa, un caso concreto, ocurrido en La Serena,durante el estallido social comenzó el 18 de octubre de 2019. 

Recordaron que el 29 de enero de este año, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de esa ciudad, condenó a 12 años de presidio al cabo del Ejército, Cristián Care, quien disparó a un ciudadano venezolano que arrancaba de un saqueo en el marco de las protestas del estallido.

Señalaron además, que el capitán a cargo de ese procedimiento también figura como acusado en el caso, por haber dado la orden de disparar.

Los militares expusieron sus reparos que ante situaciones confusas en procedimientos de este tipo, “siempre se pondrá en duda el actuar del militar, por un tema de desconfianza”.