El escándalo por el paso de una exlobbista de casas de apuestas online a un cargo de asesoría en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) llegó a la Contraloría. Luego de que el medio de investigación Fast Check revelara que Trinidad Sainz —actual asesora legislativa de la cartera— participó en una reunión en La Moneda con representantes de la industria que hasta hacía pocos meses ella misma representaba, tres senadores de oposición oficiaron al ente fiscalizador y al ministro José García Ruminot para que se investigue un eventual conflicto de interés y el cumplimiento del deber de abstención.
Los parlamentarios Diego Ibáñez (Frente Amplio), Ricardo Celis (PPD) y Gastón Saavedra (PS) solicitaron a la contralora Dorothy Pérez un dictamen que determine si las funciones que desempeña Sainz en la tramitación de la ley de casinos online “se ajustan a derecho, considerando su reciente vínculo laboral previo con las entidades reguladas”.
En caso de detectarse irregularidades, el oficio pide además “la instrucción de los procedimientos disciplinarios o sumarios administrativos que correspondan”.
Paralelamente, los senadores requirieron a la Segpres los antecedentes contractuales y la declaración patrimonial de la funcionaria, para despejar si el ministerio instruyó el deber de abstención.
Los “vínculos recientes” a los que aluden los documentos son contundentes: entre 2023 y 2025, Trinidad Sainz gestionó intereses para la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea —que reúne a gigantes como Coolbet y Latamwin— en al menos ocho audiencias públicas. Apenas cinco meses después de su última gestión como lobbista, la cientista política recaló en La Moneda como asesora legislativa de la Segpres, y ya en ese cargo, se reunió con representantes de Jugabet, uno de los principales casinos online del país, para abordar el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, consignó Fast Check.
Senadores piden a Contraloría despejar dudas sobre conflicto de interés
El trasfondo del caso también dibuja una trayectoria marcada por la alternancia entre el poder público y los intereses privados. Ligada a la UDI, Sainz es cientista política de la Universidad del Desarrollo. Su primer paso como asesora de la Segpres fue durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde permaneció los cuatro años del mandato y luego emigró al sector privado, asesorando a plataformas de apuestas online desde la agencia Con-Fluencia, hasta que el actual gobierno de José Kaqst la
El oficio dirigido al ministro García Ruminot es explícito al advertir el riesgo que implica este tipo de prácticas: pide “despejar cualquier duda sobre eventuales conflictos de interés dentro del propio debate legislativo”, para evitar que “personas con vínculos recientes al lobby de la industria participen en el diseño de las normas que la regularán”.
La petición de los senadores no es menor: buscan que el caso siente un precedente que cierre la puerta giratoria entre el lobbismo y la elaboración de leyes impulsadas por el Ejecutivo.
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