¿Quién le abrió la puerta al cable chino? Apuntan al estudio del futuro ministro de Kast

En medio de la controversia generada por el Chile–China Express, un proyecto de cable submarino de fibra óptica que busca conectar directamente Valparaíso con Hong Kong, salió a la luz que el origen de esta iniciativa, no tuvo que ver con el gobierno actual del presidente Gabriel Boric.

Ante los reparos que han surgido en círculos políticos y diplomáticos en las últimas semanas surgió una pregunta: ¿quién le abrió la puerta al cable chino en Chile?. Sin embargo, lejos de las conjeturas iniciales que apuntaban a La Moneda o a figuras vinculadas al Partido Comunista, ya que los antecedentes disponibles revelan que la empresa CMI Chile SpA, filial de China Mobile International, utilizó como domicilio legal en nuestro país, la dirección de un estudio jurídico fundado por Fernando Barros, exabogado del dictador Augusto Pinochet en Londres y futuro ministro de Defensa del presidente electo José Antonio Kast,

Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2025, el consorcio conformado por los gigantes tecnológicos chinos —China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group y China United Network Communications Group— ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) la solicitud formal para obtener una concesión que les permitiera construir el cable submarino con una inversión cercana a los US$500.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de evaluación, desató la ira de Washington y pasado viernes el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que podría “minar la seguridad regional” y anunció la revocación de las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

La administración del magnate republicano indicó que los funcionarios “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

En medio de la tormenta diplomática desatada por esta medida, el Gobierno del presidente Gabriel Boric indicó que el proyecto continúa en evaluación “siguiendo la institucionalidad” y señaló que instruyó a las autoridades sectoriales a recabar antecedentes “para tomar una decisión fundada”.

El jefe de Estado aclaró que esa decisión “excede en plazos a nuestro mandato”, por lo que deberá ser “continuada o desechada por las próximas autoridades” y dejó en claro que su gobierno decide “en función del mejor interés de Chile y su gente”, defendiendo la neutralidad tecnológica y el multilateralismo como ejes de política exterior.

En medio de la polémica y la tensiones políticas y diplomáticas, se conoció que un decreto firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz en el que se autorizó el avance de una concesión de telecomunicaciones para CMI Chile SpA, se estableció como domicilio Isidora Goyenechea N° 2939, oficina 1001, Torre Bosque Isidora, comuna de Las Condes.

Según pudo constatar El Mercurio, dicha dirección corresponde al estudio Barros & Errázuriz, fundado por Barros.

Este antecedente cobra relevancia ante los señalamientos de Washington contra el actual gobierno. En un encuentro con la prensa el embajador de EE.UU. en nuestro país, Brandon Judd, cuestionó los «mecanismos de evaluación de inversiones» de La Moneda.

Planteó que aunque Washington respeta «el derecho de Chile a ejercer intercambios comerciales que traigan prosperidad y oportunidades a su pueblo», las supuestas «amenazas a la infraestructura crítica que arriesgan o que impiden la soberanía – especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones – nos afectan a todos».

Asimismo, indicó que desde la administración Trump «esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno» de José Antonio Kast.

Ante este escenario, cabe preguntar cómo percibirá el mandatario estadounidense de que uno de los próximos integrantes del gobierno del republicano esté directamente vinculado con una de las empresas chinas que buscan desarrollar el proyecto del cable submarino que tanto le preocupa y molesta. por su presunto impacto en la «seguridad nacional».

Defensa del bufete de Barros

Tras conocerse el antecedente, desde el propio estudio Barros & Errázuriz descartaron haber asesorado a la empresa en la solicitud de concesión del cable submarino, pero admitieron que colaboraron en la constitución de la sociedad china en el país.

“Es común que cuando llega un inversionista extranjero a constituir una sociedad desde cero, los abogados autorizan que usen su domicilio para iniciar actividades ante el SII mientras ellos se instalan en el país y buscan oficinas”, indicaron en una declaracion a El Mercurio.

Sin embargo, el futuro ministro Defensa de Kast, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el caso.

Citación al Congreso

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, anunció que solicitarán la presencia de Fernando Barros, en la comisión de Transportes de la Cámara Baja.

«Vamos a pedir que se invite al futuro ministro Fernando Barros a la Comisión de Transportes del lunes, donde asistirá el actual ministro Muñoz», declaró el parlamentario, indicando que la instancia busca recabar información sobre los detalles de la concesión y los actores involucrados en el controversial proyecto de conectividad.

Manouchehri fundamentó la solicitud en la necesidad de escuchar a Barros en el Congreso.

«Barros puede entregar antecedentes al congreso sobre este proyecto. Eso justifica su comparecencia», sostuvo.

Además, el parlamentario socialista también se refirió a los potenciales riesgos y conflictos que la situación podría acarrear en torno a la toma de decisiones estratégicas del Estado.

«Los conflictos de intereses pueden ser complejos. Como futuro ministro de Defensa tendrá acceso a informes de inteligencia para evaluar si ese mismo cable representa o no un riesgo para Chile», argumentó en un mensaje compartido en sus redes sociales.

La advertencia del diputado apunta directamente a la delicada posición en que podría encontrarse Barros si asume como ministro de Defensa, debiendo eventualmente pronunciarse o tomar decisiones sobre un proyecto en el que su estudio jurídico tuvo participación, aunque sea en etapas iniciales.

Finalmente, Manouchehri enfatizó la gravedad del escenario que se configura a partir de estos antecedentes y señaló que «cuando se cruzan negocios y decisiones estratégicas del Estado, la alerta es seria».