Triple contrato, deuda fiscal y conflicto de interés: los antecedentes que complican en Contraloría a la próxima subsecretaria de Kast

Mientras los ministros y subsecretarios designados por el presidente electo José Antonio Kast se preparan para asumir funciones en el próximo gobierno, la Contraloría General de la República (CGR) ya tiene sobre su mesa una denuncia que podría complicar el desembarco de una de las figuras de la administración del republicano. Se trata de Romina Garrido, abogada experta en protección de datos y derecho informático, quien ha sido nominada para ocupar el cargo de subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel).

El escrito, ingresado el 24 de febrero pasado ante el organismo contralor y al que tuvo acceso el medio de investigación CIPER, solicita indagar a la próxima autoridad por una serie de eventuales faltas administrativas que habría cometido durante su desempeño como asesora en distintos organismos públicos durante los últimos años. La denuncia, que incluye un informe con antecedentes detallados, plantea tres líneas centrales de cuestionamiento: la superposición de contratos públicos que implicarían jornadas laborales de hasta 17 horas diarias, el mantenimiento de una deuda fiscal por licencias médicas no reintegradas durante cuatro años, y un posible conflicto de interés derivado de su participación en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una consultora dedicada precisamente a los servicios que esa normativa venía a regular.

El documento presentado ante Contraloría incorpora además un análisis que profundiza reparos a la idoneidad de Garrido para asumir el cargo, y contiene sugerencias dirigidas explícitamente a la Oficina del Presidente Electo (OPE), lo que ha abierto interrogantes sobre si esos antecedentes ya estaban en conocimiento del equipo de Kast antes del nombramiento.

«El apartado 6.2 de la página 39 se titula “Recomendaciones Operativas (OPE)”, dedicado a hacer sugerencias al equipo del presidente electo. En este, se señala lo siguiente: “Ante la contundencia de la evidencia de incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política, se sugieren los siguientes cursos de acción graduados para la Oficina del Presidente Electo, orientados a la mitigación de daños: Considerar la reubicación inmediata de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea, más afín a su perfil académico y menos expuesto políticamente ni operativamente”», indicó el medio citado.

Sin embargo, desde la OPE salieron al paso de esas suspicacias: consultados por CIPER, señalaron que ese informe «no tiene nada que ver con la OPE», sin aclarar si lo recibieron o no.

Simultaneidad de tres contratos públicos

Uno de los ejes centrales de la denuncia presentada ante Contraloría tiene que ver con la multiplicidad de contratos a honorarios que Romina Garrido mantuvo de manera simultánea con distintas reparticiones del Estado. Según los antecedentes recopilados, la abogada habría suscrito acuerdos con tres subsecretarías diferentes, cuyas funciones se habrían superpuesto en el tiempo, particularmente durante diciembre de 2019.

El primer vínculo contractual de Garrido con el sector público se remonta al 1 de enero de 2017, cuando firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública que se extendió ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre de 2021. En ese período, se desempeñó como asesora jurídica con una función específica que, según la descripción disponible en el Portal de Transparencia, consistía en «dar al Ministerio de Salud, por intermedio de la División Jurídica, asesoría legal en todas las materias propias y relacionadas con el área de competencia del Departamento de Gestión Sectorial de TIC».

Durante los casi cinco años que duró este contrato, su remuneración mensual experimentó un incremento progresivo, partiendo desde $1,8 millones hasta alcanzar cerca de los $2 millones hacia el término del acuerdo.

En paralelo a esta asesoría en Salud, el 2 de mayo de 2018 Garrido inició otro contrato a honorarios, esta vez con la Subsecretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Este acuerdo se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2022, abarcando un período de cuatro años y medio. En este caso, sus servicios estaban orientados a apoyar al gabinete de la entonces ministra Gloria Hutt en tareas de alta complejidad legislativa. Según los términos de referencia del contrato, Garrido debía colaborar «en el seguimiento y tramitación de proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos regulatorios relacionados al sector de Transportes; colaborar con la redacción de proyectos de ley, indicadores, informes, presentaciones y minutas en relación con mociones e iniciativas legislativas en trámites en el Congreso Nacional o que el Ministerio desee impulsar».

Los registros públicos indican que su remuneración mensual en esta subsecretaría comenzó en $2 millones y alcanzó los $2,6 millones hacia el término del contrato.

El tercer contrato, que resulta particularmente significativo por tratarse precisamente de la repartición que ahora deberá encabezar, fue suscrito con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por un período comprendido entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de 2019. En esta oportunidad, sus funciones se centraron en asesorías vinculadas al «estudio, análisis, desarrollo y tramitación de normas vinculadas a la Televisión Digital (TVD)». La descripción de su cargo señala que también debía participar en reuniones intersectoriales con otros ministerios, instituciones públicas y parlamentarios por el mismo tema. Por estas funciones, Garrido recibió una remuneración de $450 mil mensuales.

El cruce de las fechas de estos tres contratos arroja un período de coincidencia plena durante diciembre de 2019, cuando Garrido mantuvo vigentes simultáneamente sus acuerdos con las subsecretarías de Salud Pública, Transportes y Telecomunicaciones. La denuncia presentada ante Contraloría plantea que, para cumplir con todas estas obligaciones contractuales, Garrido habría debido tener una jornada laboral de 17 horas diarias.

CIPER indicó que intentó corroborar este cálculo consultando directamente a las tres subsecretarías involucradas sobre la cantidad de horas que cada contrato exigía, pero no logró obtener esa información. La Subsecretaría de Transportes y la de Telecomunicaciones optaron por derivar la consulta a través de la Ley de Transparencia, mientras que desde Salud simplemente no hubo respuesta hasta el cierre del reportaje. Los intentos por contactar directamente a Romina Garrido —vía telefónica, mensajes de WhatsApp y correo electrónico— tampoco fueron fructíferos.

Una deuda fiscal saldada en el momento justo

Otro de los antecedentes que forman parte de la denuncia ante Contraloría tiene que ver con una deuda fiscal que Garrido habría mantenido con la Subsecretaría de Transportes por un monto de $871.458, asociada a licencias médicas no reintegradas después de su renuncia al organismo en 2022. Lo que ha llamado la atención de los denunciantes es que esa suma habría sido pagada recién en febrero de este año, es decir, justo días antes de que José Antonio Kast anunciara oficialmente su nombramiento como futura subsecretaria de Telecomunicaciones.

Los documentos adjuntos a la denuncia incluyen el pantallazo de un correo electrónico enviado por la Subsecretaría de Transportes el 12 de diciembre de 2022, en el que una funcionaria de la Unidad de Administración de Personal de esa institución notificaba que Garrido «dejó pendiente el pago» de las licencias médicas, precisando que se trataba de dos licencias, «cada una por 7 días de reposo».

La denuncia también incorpora un oficio remitido el 22 de diciembre de 2022 al entonces contralor Jorge Bermúdez por parte del subsecretario de Transportes de la época, Cristóbal Pineda. En ese documento oficial, se informa que «se detectó que, a la fecha de renuncia voluntaria, de la sra. Romina Garrido, presentaba 10 días hábiles de Licencias Médicas sin ser restituidos a la institución. Por tanto y en resguardo del patrimonio fiscal, es necesario constituir como deudora fiscal a la señora Romina Garrido (…) por un monto de $871.458», señaló CIPER.

Ley de Protección de Datos Personales: el conflicto de interés en el centro

El tercer gran eje de la denuncia presentada ante Contraloría apunta a un posible conflicto de interés relacionado con la participación de Romina Garrido en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una consultora vinculada con esta materia.

Los antecedentes recopilados indican que el 17 de enero de 2023, los parlamentarios de la Comisión de Constitución aprobaron una serie de cambios al proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, justo en los referente al modelo de prevención de infracciones, que tiene carácter voluntario para las empresas. En concreto, se estableció un plan de cumplimiento con una serie de requerimientos específicos y se consolidó la figura del delegado de protección de datos personales, un servicio que precisamente prestan las empresas dedicadas a la asesoría del mundo privado en esta materia.

Lo que la denuncia plantea es que, al menos hasta esa fecha, Garrido mantenía una consultora —Privacy Consulting— que ofrecía estos mismos servicios. Y que ella había participado en la tramitación legislativa en calidad de experta o asesora de algún parlamentario —los antecedentes mencionan específicamente su vínculo con el senador Kenneth Pugh (RN)—, por lo que surge la pregunta sobre si pudo haber promovido cambios legales que tuvieran incidencia directa en el negocio que ella misma mantenía.

El caso de Garrido no es el único que ha sido objeto de atención periodística por esta misma situación. CIPER publicó durante 2025 un artículo donde se daba cuenta de que, luego de estas modificaciones a la Ley de Datos Personales, el expresidente del Consejo de Transparencia y también impulsor de esa normativa, Marcelo Drago, constituyó la empresa Data Compliance SpA, una consultora dedicada precisamente a la implementación de modelos de prevención de infracciones para la protección de datos personales. En ese mismo artículo se mencionaba la situación de Garrido, y esos antecedentes fueron posteriormente remitidos a la Contraloría como parte de la denuncia.

Para documentar la existencia y actividades de Privacy Consulting, la denuncia incorpora registros rescatados a través de la plataforma archive.org, que permite acceder a versiones archivadas de sitios web. Según esas capturas, en junio de 2023 la empresa de Romina Garrido ofrecía en su página web el servicio de «planes y estrategias de compliance o prevención de riesgos e infracciones en la gestión de datos personales para que los procedimientos tecnológicos se adecúen a los estándares normativos internacionales y a la inminente legislación chilena en protección de datos personales». La página también destacaba, de manera profética, que «la futura ley de datos personales contempla la implementación de programas de prevención de infracciones, los que si bien son voluntarios, pueden ser atenuantes de infracciones y multas».

Los registros indican que la web de Privacy Consulting estuvo vigente hasta octubre de 2024, mientras que el rut de la empresa registra en el Servicio de Impuestos Internos la emisión de facturas hasta 2025, lo que sugiere que la sociedad mantuvo actividad comercial incluso después de que Garrido comenzara a ser considerada para asumir funciones públicas de alta responsabilidad.

Participación de Garrido en la tramitación legislativa

Paralelamente a la existencia de su consultora, Romina Garrido continuó participando activamente en la tramitación del proyecto de Ley de Datos Personales. Según consta en el informe de la comisión mixta que revisó el proyecto, la futura subsecretaria asistió a la sesión del 23 de enero de 2024 en calidad de asesora del senador Kenneth Pugh, junto a otros miembros del gabinete del parlamentario. En esa instancia, se discutieron y votaron aspectos cruciales del proyecto que finalmente se convertiría en ley.

Más recientemente, el 14 de marzo de 2025, Garrido participó en una reunión consignada en la plataforma de la Ley de Lobby, esta vez en calidad de tesorera de la Asociación Gremial de Profesionales para la Protección de Datos Personales (AGPD). El encuentro fue con la subsecretaria Macarena Lobos, y según la información pública disponible, el objetivo era «conocer el plan de implementación de la Ley de Datos Personales». A la reunión también asistieron Marcelo Drago —el mismo que luego constituiría su propia consultora en la materia— y Constanza Pasarin, socia de Garrido en Privacy Consulting.

CIPER señaló que intentó contactar a la abogada Constanza Pasarin para conocer más detalles del funcionamiento de la sociedad que mantiene con Romina Garrido, así como de su participación en estas gestiones ante la autoridad. Tras establecer un primer contacto, sin embargo, Pasarin no respondió a las preguntas formuladas por el medio de investigación.

La denuncia presentada ante la Contraloría General de la República plantea cuestionamientos que apuntan a distintas aristas del desempeño público de Romina Garrido.

Corresponderá ahora al órgano contralor determinar si estos antecedentes ameritan la apertura de una investigación formal y, en su caso, si de ella se desprenden responsabilidades administrativas que pudieran afectar la idoneidad de Garrido para asumir como subsecretaria de Telecomunicaciones.