Convenio internacional obliga a Chile a garantizar derechos humanos de adultos mayores

“Trabajé toda mi vida, desde los 12 años. Tengo 85 y recibo 120 mil pesos de pensión. La pieza me sale $70 mil y el resto me tiene que alcanzar para vivir”, cuenta Dorama Bejar, una abuelita proveniente de una ciudad sureña cerca de Mafil que vivió en Santiago hasta 3 años atrás y ahora disfruta la tranquilidad de la cercanía del mar en Valparaíso.

Testimonios como el de la señora Dorama abundan. Y a pesar de los esfuerzos enfocados en diversas políticas públicas y bonos en fechas especiales, en materia de previsión social, acceso a la salud y otros derechos fundamentales, el Estado de Chile y los habitantes que poblan esta larga y ancha faja de tierra están en deuda con los y las que llevan más tiempo en este planeta.

Convenio internacional

En el contexto de los cientos de desafíos que quedan para garantizar una vida digna a los y las habitantes de este territorio, llama la atención la reciente aprobación de un convenio internacional para la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Los senadores Baldo Prokurica, Francisco Chahuán, Victor Pérez San Martín, Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín hicieron ver que el mencionado acuerdo obliga a Chile a adoptar las medidas necesarias para “garantizar a la persona mayor el derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el final de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”.

Tomando en cuenta que para el año 2050 la población mundial mayor de 65 años se triplicará respecto a la actualidad, es necesario tomar medidas con urgencia para alivianar el camino que de por sí ya es pesado con el paso de los años, la inclemencia de las enfermedades y el acelerado ritmo de las urbes modernas.

Suscrita el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, durante su XLV período ordinario de sesiones, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fue aprobado de manera unánime por los senadores de la República. Sin embargo, el instrumento no es autoejecutable, es decir, requiere normas internas para hacerlo valer, por tanto aún falta para que sus avances se vean en la práctica.

La historia de Chile que pesa

Echada de su casa a punta de pistola por un colono alemán, la familia García Naipan tuvo que huir hacia Nueva Imperial. Una vez allí, en las oficinas del Registro Civil, el padre prefirió inscribirlas con el apellido del único latifundista buena gente del sector, de apellido Bejar, y envío a sus hijas Rosa Amelia y Dorama a trabajar a la ciudad: una a Temuco, la otra a Santiago.

“Llegué a la Estación Central con una muda de ropa, un carné nuevecito y un número de teléfono anotado en un papel. No sabía escribir y leía de a saltitos. Nunca más vi a mi familia. Trabajé con una modista algunos años, como niña de los mandados pero me aburrí porque la gente se reía de mí y me discriminaban por ser india. Luego trabajé como nana, los siguientes 50 años. Recuerdo que en los años 90 ganaba 5 mil pesos al mes. Nunca me pagaron imposiciones y mi pensión fue bajita”, cuenta con algo de timidez en un relato que al escucharse inunda de tristeza, rabia e impotencia.

Gracias a acuerdos como el recién firmado, para la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, el Estado deberá desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez. Los Estados se comprometen para hacer efectivos los derechos y libertades de la persona mayor, al menos en el papel.

La única distinción será con aquellas personas que por razones justificadas se encuentren privadas de libertad. Aquí, la legislación es clara: en Chile las condenas por delitos tan devastadores como los de lesa humanidad se cumplen de forma efectiva, es decir, en prisión.