Puebla avanza en la protección digital de sus ciudadanos al aprobar en comisiones una serie de reformas al Código Penal que contemplan penas de prisión y multas económicas para quienes incurran en delitos como ciberasedio, suplantación de identidad y espionaje digital.
La iniciativa aprobada por mayoría en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local contempla penas de hasta tres años de cárcel y sanciones económicas que podrían alcanzar los 33 mil pesos, dependiendo de la gravedad del delito. La votación no estuvo exenta de polémica, ya que dos legisladoras —una del PAN y otra de Movimiento Ciudadano— expresaron su rechazo al proceso legislativo.
Entre los principales cambios, el dictamen incluye la tipificación del delito de ciberasedio, el cual se configura cuando una persona utiliza medios digitales para hostigar de forma reiterada a otra, provocándole daños emocionales o físicos. Esta conducta, que se agrava si la víctima es menor de edad o parte de un entorno vulnerable, podrá castigarse con penas más severas.
También se reconocen nuevas modalidades de ciberdelitos como la usurpación de identidad, particularmente cuando se realiza suplantando a instituciones financieras para obtener información confidencial de usuarios, y el espionaje digital, que sanciona el acceso sin permiso a sistemas informáticos con fines de sustracción de datos personales.
Las reformas son resultado de propuestas impulsadas previamente por Mauricio Céspedes y José Luis García Parra, este último ahora funcionario en el gobierno estatal. Aunque originalmente el proyecto incluía el fraude cibernético, este fue retirado del dictamen actual y será abordado en futuras iniciativas.
No obstante, la discusión estuvo marcada por el descontento de la diputada Fedrha Suriano, quien cuestionó la exclusión de su propuesta sobre grooming, una forma de acoso sexual digital hacia menores. A su juicio, el dictamen favorece a Morena y sus aliados, dejando de lado la participación de la oposición y desprotegiendo a las infancias.
Por su parte, la legisladora Susana Riestra expresó su preocupación respecto a un posible uso excesivo de la ley, que podría derivar en censura social y política, afectando incluso a víctimas que usan las redes para denunciar violencias, como ocurre en casos de violencia familiar o feminicidio.
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Estas reformas serán sometidas a votación en el Pleno del Congreso este jueves 12 de junio, y, de ser aprobadas, marcarían un precedente en la legislación penal de Puebla en materia de seguridad digital y derechos de las víctimas en entornos virtuales.
Foto: Redes
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