Diputada Arce emplaza a Marcel por deuda a docentes en Chiloé: “Necesitamos saber si dará prioridad al pago”

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Mónica Arce, emplazó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por la alarmante deuda en cotizaciones previsionales impagas, que mantienen los docentes del archipiélago de Chiloé, la cual supera los $25.000 millones.

«Necesitamos saber si este Ministerio de Hacienda encabezado por Mario Marcel dará prioridad presupuestaria al pago de deudas que sostiene el estado de Chile con sus trabajadores de la educación», afirmó la diputada por el Distrito 12, en conversación con El Ciudadano.

La situación afecta a educadores de al menos a cuatro comunas: Quinchao, Queilen, Quellón y Ancud, siendo esta última la que presenta el cuadro más crítico, ya que la administración del exacalde Carlos Gómez Miranda acumula una deuda total de $19.600 millones.

Por años, lo s trabajadores de la educación de Chiloé han agotado todas las instancias que los faculta la ley para exigir el pago de sus derechos previsionales; han interpuestos reclamaciones judiciales, denuncias ante la Inspección del Trabajo, las cuales han sido archivadas e incluso presentaron una denuncia por apropiación indebida ante la Fiscalía. Asimismo, han elevado la problemática que los afecta ante el Ejecutivo, el Ministerio de Educación y el Congreso en búsqueda de respuestas.

En días recientes finalmente lograron obtener ciertas certezas. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas Diputados les hizo entrega, previa solicitud del protocolo de aplicación del artículo 34-T de la Ley 21.040, instrumento que regula el pago de las deudas previsionales para aquellas comunas que fueron traspasadas al SLEP con morosidad, dicho protocolo se enmarca en la Resolución Exenta 4.795 del 30 de abril 2025.

De acuerdo con los docentes del archipiélago, si bien este protocolo no establece aún fechas específicas para el pago de la deuda, «define los mecanismos y etapas del proceso, y representa un avance concreto fruto de la presión organizada que hemos sostenido como territorio».

Los trabajadores de la educación de Chiloé fueron traspasados al Servicio de Educación Pública, tal como lo estipula la Ley N° 21.040 que crea el nuevo sistema de educación pública. El artículo 34º-T de esta normativa establece con claridad que para efectos del traspaso debía elaborarse un informe financiero que identificara las deudas y obligaciones del sostenedor saliente, que por ejemplo en el caso de Ancud, hasta el momento no ha sido desarrollado por la Municipalidad, mientras que los docentes se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Por tal motivo, los dirigentes de las comunas plantearon su preocupación por el hecho de que el protocolo establece un orden de priorización, comenzando con las comunas que entregaron primero el informe financiero.

«En este escenario, Ancud no ha entregado dicho informe, situación que hemos intentado destrabar solicitando a Contraloría dicho documento. No obstante, el protocolo señala explícitamente que es la Subsecretaría de Educación quien debe oficiar a Contraloría en caso de que no exista el informe, para así activar el proceso de pago igualmente», explicaron.

En diálogo con El Ciudadano, Pamela Carrasco, presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud, planteó que el protocolo permite poner en marcha el artículo 34º-T, «sin embargo, no establece ninguna fecha definida para que se lleven a cabo los pagos, solo los mecanismos y el proceso».

«Establece plazos, pero no fechas. Lo que sucede es que no dice el primero de julio se empieza, no, establece que el primer paso ya es la entrega de los informes financieros y después de eso se dice, en 20 días se va a empezar a hacer tal cosa, en tanto tiempo se va a empezar a hacer cosa. Entonces, claro, en estricto rigor y para ser precisos, sí establece plazos, pero ahora no tenemos ninguna fecha concreta», acotó.

Al ser consultada sobre cómo les afectará a los educadores de la comuna el informe financiero que debe desarrollar la Municipalidad de Ancud, la dirigente gremial señaló que al definirse el orden de priorización de los pagos, por aquellas que lo entreguen primero, este proceso será más lento para ellos.

También aclaró que si bien existe un protocolo de pago, la aplicación efectiva del artículo 34º-T de la Ley N° 21.040 está condicionada a la disponibilidad presupuestaria nacional.

Diputada Arce: «Necesitamos saber si el Ministerio de Hacienda dará prioridad presupuestaria al pago de deudas»

Ante este escenario, El Ciudadano contactó a la diputada Mónica Arce, quien ha venido dando seguimiento a este tema y brindando acompañamiento a los educadores de Chiloé.

La legisladora indicó que este protocolo no contiene necesariamente la solución a la gran deuda que tiene el archipiélago.

«Es lamentable que desde noviembre de 2017, que es la fecha en que se promulgó la Ley de la Nueva Educación Pública (21.040) y recién ahora contemos con un protocolo de pago que norme y estandarice el proceso de pago de las deudas previsionales. Ahora bien, este protocolo no contiene necesariamente la solución a la gran deuda que tiene el archipiélago, ya que para proceder con el pago de esta deuda debe existir un visto bueno desde el Ministerio de Hacienda que acredite la disponibilidad presupuestaria para proceder con este pago», planteó la parlamentaria.

«Dicho lo anterior, si bien este protocolo es un avance, lo que necesitamos saber ahora es si este Ministerio de Hacienda encabezado por Mario Marcel dará prioridad presupuestaria al pago de deudas que sostiene el Estado de Chile con sus trabajadores de la educación», afirmó la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Diputado Sáez: «Problemas de los maestros y deudas previsionales no pueden descuidarse»

Por su parte, el diputado Jaime Sáez (FA), indicó que desde la Corporación han impulsado un proceso de fiscalización tendiente a que el profesorado del archipiélago pueda ser escuchado en la Comisión de Educación.

«Particularmente yo también he hecho ver este punto en la Comisión de Hacienda y también en la Comisión de Zonas Extremas, es decir, en distintos espacios de trabajo legislativo, la problemática asociada al traspaso de desde la educación municipal a la educación pública del Servicio Local de Educación ha quedado reflejada, el profesorado y sus dirigentes han podido exponer esto y ser escuchados y a partir de aquello también se han generado canales de comunicación y de diálogo constante con el Ministerio de Educación», explicó.

En diálogo con El Ciudadano, el parlamentario fue consultado sobre cómo considera que pueden intervenir desde la Cámara, ante el hecho de que los educadores de Chiloé han señalado que han esperado por cinco meses un pronunciamiento por parte de la Contraloría acerca de la falta de desarrollo del informe financiero, así como un abandono institucional por parte de la Subsecretaría de Educación.

“Me parece que lo principal acá es que desde la Cámara podamos estar auscultando este proceso permanentemente, con mucha profundidad, con mucho nivel de detalle, porque en definitiva estamos hablando de profesionales de la educación que han dedicado en muchos casos una vida entera. De hecho, los principales problemas están dados por maestros y maestras que están muy próximos a su retiro y donde hay cuestiones asociadas a reconocimiento, a horas no pagadas, a deudas previsionales también con las que se carga, que en definitiva no pueden descuidarse», señaló.

«En ese sentido, lo relevante es que al menos quienes somos de la Región de Los Lagos y representamos a Chiloé podamos estar permanentemente fiscalizando que esto se cumpla efectivamente y en este caso la Contraloría pueda pronunciarse en lo que se le ha pedido, entendiendo cuáles son sus tiempos también, pero más que la Contraloría el foco tiene que estar puesto en la Dirección de Educación Pública del Mineduc y su relación con el Servicio Local de Chiloé para que su surgimiento a la vida pública, esto es un servicio nuevo, sea en las mejores condiciones posibles y que no se omitan cuestiones que son sensibles», planteó.

El diputado Sáez también fue consultado sobre la preocupación latente entre los educadores de Chiloé acerca del a los la falta de recursos por parte del Estado para saldar la millonaria deuda previsional.

“El llamado que le hacemos al Ejecutivo es el mismo que hemos realizado permanentemente desde que comenzó a hacer crisis las finanzas de las distintas corporaciones en Chiloé y también sus departamentos de Educación Municipal, hace un poco más de dos años, y que ha dado pie a que se acelere la puesta en marcha del del Servicio Local, a que este servicio sea un ejemplo de una gestión, no solo descentralizada sino también desconcentrada, que permita tener oficinas locales con capacidad de resolución, con agilidad para para poder abordar problemas muchas veces que son cotidianos y donde en algunos casos, la excesiva burocracia de los SLEP, por ser un servicio público, ralentiza los procesos”, expresó.

“Nosotros esperamos que en el caso de Chiloé, al igual como se ha hecho en Magallanes, sean servicios bien provistos con oficinas locales, con capacidad de resolver problemas y de hacerse cargo también de las cuestiones más estructurales que demandan los docentes, los asistentes de la educación y las comunidades educativas en general”, apuntó.

Oficiarán a la Subsecretaría de Educación por deuda de docentes de Chiloé

En conversación con El Ciudadano, la diputada Mónica Arce anunció que desde Comisión de Educación de la Cámara, oficiarán tanto a la Subsecretaría de Educación, como a la Dirección de Educación Pública (DEP), por la millonaria deuda previsional que mantienen los docentes de Chiloé.

«Como diputada y presidenta de la Comisión de Educación, desde ya anuncio que vamos a oficiar a la Subsecretaría de Educación para que aplique este protocolo, en particular el punto número 5.1.7, en donde se norma el proceso de pago en los casos de establecimientos educacionales que ya se encuentran traspasados a los Servicios Locales para que mediante este oficio se solicite a las municipalidades del archipiélago de Chiloé el plan de pago de remuneraciones. Así como a la DEP, para que solicite a los respectivos eh informes financieros con especial énfasis en la comuna de Ancud», aseveró.