El protegido de Alveal: la semana más oscura de Rubén Pérez al mando de Gendarmería

En medio de una crisis institucional marcada por un caso de canibalismo en La Serena y la muerte de un gendarme en Iquique, el director nacional, Rubén Pérez Riquelme, atraviesa el momento más crítico de su gestión. Acusaciones de favoritismo, un pasado marcado por un insólito hurto y su estrecho vínculo con el sancionado exdirector Christian Alveal lo mantienen hoy en el centro de la polémica.

Rubén Pérez asumió el mando de Gendarmería tras la estrepitosa salida de Sebastián Urra, quien renunció cercado por acusaciones de conflicto de interés. Pese a que su llegada se produjo de forma interina, en agosto de 2025 el presidente Gabriel Boric ratificó su nombramiento como Director Nacional titular, entregándole el control de una institución sumida en una profunda crisis de seguridad y legitimidad.

Rubén Leonardo Pérez Riquelme nació en 1973 en Tomé, en una familia que ya tenía vínculos con la institución, ya que sus tíos habían sido funcionarios de gendarmería. Se graduó en 1995 de la escuela institucional con el rango de subteniente y posee formación en trabajo social, gestión pública y estudios cursados en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

Asimismo, Pérez se desempeñó en los Centros de Cumplimiento Penitenciario de El Manzano, en Concepción, y en el penal concesionado Biobío, experiencia que lo vinculó al manejo de internos asociados a violencia rural. Además, ha cumplido funciones en recintos de Mulchén, Coronel, Cauquenes, Tocopilla, la ex Penitenciaría, Quirihue, Talca, Colina y Valparaíso.

Asimismo, se desempeñó como jefe operativo metropolitano y director regional en Coquimbo y el Maule, además de encabezar el Departamento de Inteligencia Penitenciaria. También ejerció como inspector operativo y subdirector operativo, función que ocupaba al momento de asumir como director subrogante.

El «Brazo Derecho» de la era Alveal

Si queremos entender el presente de Rubén Pérez Riquelme, hay que mirar hacia atrás y revisar las bases que marcaron su ascenso. En los pasillos de Gendarmería su nombre no es nuevo; fuentes gremiales y exfuncionarios coinciden en calificarlo no solo como el «protegido» de Christian Alveal Gutiérrez — exdirector de Gendarmería— sino como su principal «brazo ejecutor».

Mientras Alveal enfrentaba un complejo escenario judicial por denuncias de acoso laboral y faltas a la probidad — ratificadas por la Contraloría y el Presidente Gabriel Boric mediante el rechazo de su último recurso de reposición el 31 de mayo de 2024—, Pérez Riquelme actuaba como una pieza fundamental dentro de su círculo cercano. 

Según testimonios de dirigentes, la lealtad de Pérez hacia Alveal no era solo administrativa, sino operativa. Los registros de los gremios lo posicionan como el fiscal de confianza para los sumarios más sensibles: aquellos diseñados para neutralizar a las voces disidentes.

Francisca Noll, abogada que trabaja en Gendarmería y una de las dirigentas afectadas  por Alveal, declaró a El Ciudadano:  «Alveal mandó a Rubén Pérez como fiscal y nos destituyó sin ningún antecedente nuevo». Dejando entrever que Pérez habría sido quien firmaba las sanciones contra quienes se atrevían a denunciar a los altos mandos.

Las sombras del pasado: Un queso y un hacha

A pesar de su ascenso hasta la máxima jefatura de las cárceles chilenas, la hoja de vida de Pérez Riquelme arrastra un antecedente que hoy cobra un nuevo matiz ético. En su etapa como Alcaide en Quirihue, el hoy Director Nacional de Gendarmería se vio involucrado en un insólito incidente: el hurto de especies avaluadas en tres mil pesos (un queso) y un hacha metálica de 9900 pesos. 

Aunque el monto parezca menor, para los funcionarios de base el hecho es simbólico. En un reciente comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) denunció un «descontrol moral» en la institución. El dato del hurto alimenta la tesis de sus detractores: una autoridad con «manchas» en su historial sería más vulnerable a las presiones de sus superiores o a compromisos de lealtad que hoy nublan su criterio de mando.

«Nuestro actual director en el año 2010, que también lo protegió Christian Alvear, porque era jefe de gabinete en ese tiempo […], se robó un queso y un hacha en Quirihue y salió arrancando. Era el capitán alcaide de Quirihue […] Y él lo protegió (Alveal)», declaró para El Ciudadano Manuel Catalan, expresidente provincial en Santiago de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. 

El Ciudadano tuvo acceso a la resolución exenta de Gendarmería, donde se detalla el incidente ocurrido el 11 de julio de 2010 en un supermercado de Quirihue, cuando Pérez se desempeñaba como Alcaide 1° y Jefe del Centro de Detención Preventiva de la zona. 

El documento detalla cómo el ahora Director de Gendarmería, fue detenido por personal de Carabineros por el delito de hurto de especies, más específicamente de un hacha y un queso laminado. 

“Evadiendo las cajas registradoras, retirándose corriendo del lugar, siendo perseguido y retenido por empleados y guardias del referido establecimiento comercial”, señala el documento. 

A pesar de que el informe policial ratifica el intento de hurto, la justicia administrativa de la época optó por una sanción mínima: una simple censura. Para los dirigentes gremiales, este es el ‘pecado original’ que explica la lealtad de Pérez hacia Christian Alveal, quien en ese entonces ocupaba puestos clave en la Dirección Nacional.

«Como lo habían protegido de su robo del queso y del hacha, lo mandaron a perseguirnos a nosotros», denunció Noll, quien aseguró que Pérez actuó como fiscal de Alveal para destituir a los dirigentes disidentes. Por otro lado, para Catalan, la conclusión es clara: «Toda esta gente está conectada y se protege entre todos».

El «Doble Estándar» ante la tragedia

El pasado 10 de febrero, funcionarios de Gendarmería Chile difundieron un comunicado exigiendo la inmediata renuncia de Rúben Pérez, actual director del organismo, acusándolo de “descontrol moral, doble estándar, favoritismos y falta de liderazgo” en la institución. 

El documento firmado por funcionarios de base y dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), calificó la gestión de Pérez como insostenible, “marcada por falta de control real, hipocresía, favoritismos y decisiones que erosionan la autoridad institucional”, demandando su salida inmediata debido a su responsabilidad directa en la gestión deficiente.

Además, semanas atrás salió a la luz un insólito caso de canibalismo al interior de la cárcel de La Serena, hecho que volvió a encender las críticas hacia Gendarmería y sus protocolos de control.

Tras lo ocurrido, Rúben Pérez informó la remoción del jefe del Complejo Penitenciario de La Serena. Sin embargo, desde las agrupaciones de funcionarios, cuestionaron lo que califican como una “hipocresía”, al no aplicar las mismas sanciones en otros episodios que —según sostienen— no han tenido la misma exposición pública.

El documento comparó lo ocurrido en La Serena con hechos registrados en Valdivia e Iquique. Según denunciaron, en la ciudad sureña se han producido tres homicidios en menos de un mes, todos en el mismo módulo, a plena luz del día y con armas blancas.

En tanto, en la ciudad nortina, un gendarme falleció tras recibir un disparo en la sala de armas de la USEP, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Funcionarias y funcionarios cuestionaron por qué en estos casos no se han adoptado medidas similares a las aplicadas tras el mediático episodio de La Serena.

“La ciudadanía y gendarmes vemos claro: se actúa rápido bajo presión pública o política, pero se tolera descontrol crónico, ausentismo prolongado y favores en casos sensibles. Esto erosiona la moral, la autoridad y la seguridad”, declararon en el documento. 

Justicia selectiva: El «Caso Melgarejo» y la ofensiva judicial contra Pérez

La crisis de mando de Rubén Pérez ya no solo se disputa en los pasillos de las cárceles, sino que ha saltado a la justicia de forma inminente. El Ciudadano tuvo acceso al recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco recientemente.

El libelo fue presentado por la Coronel Denise Alejandra Melgarejo Gómez, quien acusó al Director Nacional de dictar actos «arbitrarios e ilegales» que vulneraron sus garantías constitucionales. En el centro de la disputa se encuentra una Resolución Exenta firmada por el propio Pérez Riquelme el 15 de enero de este año, mediante la cual se le aplicó a la oficial una de las sanciones más gravosas del escalafón: la suspensión del empleo por tres meses con goce de apenas el 50% de sus remuneraciones.

Para los funcionarios, este caso es el ejemplo vivo del «castigo selectivo». Mientras la administración de Pérez reaccionó con remociones inmediatas ante el canibalismo en La Serena para calmar la presión mediática, en el caso de Melgarejo se aplicó un rigor extremo por un sumario administrativo antiguo. 

Cabe destacar que la defensa de la oficial fue tajante al solicitar la reserva de la causa, argumentando que la sanción dictada por Pérez Riquelme no solo es ilegal, sino que busca instrumentalizar la imagen de la Coronel ante el escrutinio público, utilizándola como una cortina de humo para desviar la atención de las graves fallas de seguridad que hoy desbordan a Gendarmería

Salida dominical bajo cuestionamiento y acusaciones de presión política

Sin embargo, estos no son los únicos casos que han puesto en el foco del ojo público a Gendarmería, ya que recientemente el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, aprobó el beneficio de salida dominical para Patricio Maturana.

Cabe recordar que Maturana está condenado a 12 años y 183 días de cárcel por los apremios ilegítimos que dejaron con lesiones graves a la hoy en día senadora Fabiola Campillai, durante la época del estallido social. 

Gendarmería confirmó la decisión a través de un comunicado, precisando que el interno cumplía con los requisitos de conducta y tiempo de condena, y que la resolución fue adoptada por el órgano autónomo y multidisciplinario de la unidad penal, encargado de evaluar este tipo de beneficios.

En el comunicado de ANFUP, cuestionaron que el permiso haya sido otorgado a la primera solicitud del condenado. Además, advirtieron que aún faltaba por concluir un taller de intervención, requisito clave para demostrar conducta y rehabilitación. 

Para los funcionarios, la aprobación del permiso se realizó sin cumplir con los estándares reglamentarios, advirtiendo que el acta se aprobó en tiempo récord y sin el debido análisis técnico. 

Además, sostuvieron que la decisión respondería a presiones o agendas políticas, supuestamente vinculadas al indulto comprometido por el Presidente electo.  Por ello, organizaciones de derechos humanos exigieron la renuncia de las autoridades involucradas, acusando politización y falta de probidad en el proceso.

Cuando la crisis deja de ser puntual y se vuelve estructural

Pero la denuncia de los funcionarios va más allá: Pérez también está siendo cuestionado por la distribución de sus mandos. En el comunicado, los funcionarios denunciaron que, mientras regiones como Aysén presentan una concentración inusual de coroneles y comandantes, zonas críticas como Tarapacá sufren un vacío de poder.

Además, en Iquique, también denunciaron que la jefatura regional acumularía más de 3.000 días de licencia médica (más de 8 años de ausencia), dejando el mando operativo en manos de oficiales de menor rango.

Por estas razones, a través del comunicado, funcionarios e integrantes de ANFUP, exigieron la renuncia del actual Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, al responsabilizarlo del “descontrol moral y operativo”. 

A la vez, demandaron la remoción urgente de la coronel de Iquique por la pérdida de autoridad moral tras acumular más de 3.000 días de licencia, junto con una reestructuración real de los mandos en regiones como Alto Hospicio y Coyhaique. 

También exigieron una investigación externa al consejo técnico del caso Maturana, total transparencia en licencias, sumarios y beneficios intrapenitenciarios, y la aplicación uniforme de medidas drásticas ante fallas graves, sin dobles estándares.

Hoy, más que un problema puntual, lo que está en juego es la conducción de una institución golpeada por crisis sucesivas. Las decisiones adoptadas en medio de la presión pública han terminado por abrir nuevas grietas internas.

Con gremios movilizados y cuestionamientos que apuntan directamente a su liderazgo, Rubén Pérez enfrenta el momento más delicado desde que asumió la dirección nacional.